El Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que revoque su sentencia por la cual invalidó el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. La Abogacía del Estado, representando al Gobierno, argumenta que este fallo contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva.
El incidente de nulidad presentado se centra en cuestionar la legitimidad de la fundación «Hay Derecho» para impugnar dicho nombramiento ante la justicia. Este tipo de recurso, el incidente de nulidad, es excepcional y se basa en la supuesta vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial. Aunque raramente prosperan, sirven como paso previo antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
Fue a finales de noviembre cuando el TS anuló la designación de Valerio, a instancias de un recurso presentado por «Hay Derecho». El tribunal consideró que Valerio no cumplía con uno de los requisitos legales esenciales: ser «jurista de reconocido prestigio». A pesar de reconocer su extensa trayectoria en cargos públicos y políticos, los jueces concluyeron que esta experiencia no equivalía a ser una jurista de renombre.
El Gobierno, representado por la ministra portavoz Pilar Alegría, ha expresado su respeto por las decisiones judiciales, pero discrepa en este caso concreto. Alegría subrayó que es la primera vez que un nombramiento gubernamental es invalidado por la justicia a raíz de una denuncia de una entidad privada, cuestionando la separación de poderes.
Esta situación subraya la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial en España, especialmente en lo que respecta al control judicial de los actos administrativos del Gobierno.
