El lamentable espectáculo de un CGPJ que cumple este lunes cinco años en funciones

Por la mínima ganaron los ocho vocales conservadores el debate sobre la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Seis progresistas votaron a favor, y también el presidente sustituto del sustituto, Vicente Guilarte. Si no hubiese sido porque Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV, se abstuvo por considerar que su hermano, Pablo Lucas, participó en la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala acordado por García Ortiz la cosa habría acabado en empate.

La decisión es histórica porque no tiene precedentes. Es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial no avala el nombramiento de un fiscal general del Estado. Menos mal que la resolución no es vinculante. El dictamen del CGPJ sobre el nombramiento del fiscal general del Estado es preceptivo, un trámite, pero nada más. Lo único que sirve es para constatar, por enésima vez, que esos ocho vocales conservadores no son otra cosa que una correa de transmisión de la voluntad de Génova donde sus dirigentes están empeñados en emponzoñar todo lo que sea posible la situación de la justicia en España. Más les valdría a esos vocales dimitir y forzar la dimisión del resto de miembros para llevar a cabo, por las buenas o por las malas, esa renovación que toda la sociedad pide a gritos. Cinco años sentados en un sillón que no les corresponde es demasiado tiempo.

La justificación del rechazo a García Ortiz esconde un trasfondo político. El Consejo general del Poder Judicial sólo debe dictaminar si el fiscal propuesto es idóneo para el cargo. El órgano de gobierno de los jueces debe limitarse a pronunciarse únicamente sobre si el candidato reúne los requisitos legales para el cargo. Estos requisitos, establecidos con claridad por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son: ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de quince años de ejercicio profesional. Y el dictamen no habla de eso. Los conservadores argumentan que Álvaro García Ortiz, que durante muchos años fue teniente fiscal y que goza de reconocida experiencia, ha sido cuestionado por el Tribunal Supremo al revocarle el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de sala. Además, dicen que tiene a una mayoría de miembros del Ministerio Público en contra por no haberse pronunciado sobre la ley de amnistía y las alusiones al “lawfare”.  Así pues, queda claro quién está detrás de todo esto.

Los vocales conservadores del CGPJ están dispuestos a atrincherarse en su guerra en contra de las decisiones del gobierno en materia judicial. Y eso está generando malestar en Moncloa a pesar de que Pedro Sánchez insiste en su intención de negociar su renovación con el Partido Popular. Según se ha podido saber, los vocales progresistas, con Álvaro Cuesta a la cabeza, vuelven a plantearse la posibilidad de dimitir en bloque. El presidente, Vicente Guilarte, más conciliador últimamente, busca una solución de compromiso después de haberse reunido con Sánchez. Por ese motivo votó en contra del dictamen elaborado por los vocales conservadores. Pero la cerrazón de éstos deja escaso margen de maniobra. Se les ha llegado a ofrecer la posibilidad de derogar parcialmente el decreto de marzo de 2022 que limita sus competencias para poder volver a designar a los magistrados del Supremo. Y ni siquiera esa oferta les saca de su posición maximalista. Para ellos García Ortiz y su antecesora en el cargo, Dolores Delgado son sólo una correa de transmisión del PSOE  En su día, para cuestionar sus nombramientos argumentaron que Delgado fue ministra de Justicia y García Ortiz participó en una mesa redonda organizada por los socialistas gallegos cuando era fiscal de medio ambiente. Se olvidan de que ellos fueron propuestos por el PP y que siempre han defendido, durante los diez años de mandato, los postulados y las consignas de Génova.

En Bruselas cada vez están más hartos de esta estrategia del PP. El comisario Didier Reynders ha pedido al líder conservador europeo, el alemán Manfred Webers, que presione a Núñez Feijóo para que acceda a negociar la renovación del CGPJ con la actual normativa porque tienen la palabra del ministro Bolaños de que, una vez se lleve a cabo esa renovación, se negociará una reforma de la ley orgánica del Poder judicial para dar una mayor influencia a los jueces y magistrados a la hora de elegir los vocales en su órgano de gobierno y, al mismo tiempo, recuperar las competencias perdidas. Eso sí, la línea roja establecida por el gobierno son las limitaciones establecidas en la Constitución. No habrá elecciones directas ni designaciones por parte de las asociaciones judiciales en función de su número de afiliados. Se argumenta que el total de cotizantes de las seis asociaciones sólo alcanza el 55% del total de miembros de la carrera judicial en activo por lo que se preguntan qué ocurrirá con el parecer del otro 45% no representado. Elecciones directas no. Pero, al menos, diputados y senadores escucharán a las asociaciones y tendrán en cuenta a sus candidatos. Más allá no se puede ir.

Pero el Partido Popular sigue empecinado en que primero ha de ser la modificación del sistema de elección y luego la renovación aún a sabiendas de que el trámite parlamentario de la reforma de una ley orgánica se demora al menos durante un largo periodo legislativo además de las consultas que hay que llevar a cabo en los organismos pertinentes, y siempre y cuando no se presenten recursos de inconstitucionalidad que obligarían a la Corte de Garantías a pronunciarse. En total entre unas cosas y otras, otro año más con el actual CGPJ. El escándalo mayúsculo de un órgano tan importante institucionalmente hablando en funciones durante seis años socavaría los cimientos de la democracia en este país además de que la UE lo consideraría inaceptable.

Habría que buscar una solución de compromiso, pero eso depende de la voluntad política de Núñez Feijóo y los suyos. La pelota está en el tejado del PP que no parece dispuesto a devolverla para seguir jugando la partida.