El “lobby judicial” del PP que chantajeó se enfrenta a la justicia en la Kitchen paralela

Javier Gómez de Liaño es conservador. Abandonó la judicatura al ser inhabilitado por prevaricación en el Caso Sogecable habiendo tomado decisiones controvertidas en el juzgado de la Audiencia Nacional donde estaba destinado. Además, es el hermano de Mariano Gómez de Liaño, condenado en el Caso Banesto. Pero Gómez de Liaño, casado con María Dolores Márquez una fiscala en excedencia que perteneció al grupo de los “indomables” que se rebelaron contra sus superiores, no ha perdido su carácter combativo. Y ahora quiere llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de lo que ya se conoce como “la trama paralela de la operación Kitchen”. Porque sospecha que detrás de las presiones que recibió para que Bárcenas no declarara en contra del PP están los dirigentes de Génova de la época, María Dolores de Cospedal y, porqué no, el propio Mariano Rajoy que esta vez puede tener que llegar a declarar como investigado, aunque Rajoy cuenta con una ventaja a su favor: el instructor del Caso, Manuel García Castellón, tiene trazada una línea roja en su trayectoria judicial: no tocar a ningún dirigente del Partido Popular.

Gómez de Liaño está personado en la pieza 36 del Caso Villarejo. Se le considera víctima de las actividades que llevó a cabo el llamado “lobby jurídico” del PP al frente del cual figuraba, presuntamente, el abogado del Estado en excedencia, Alejandro Auset Domper, ahora socio de Cuatrecasas. Dichas actividades están siendo investigadas partiendo de las conversaciones telefónicas y los correos intervenidos al comisario de policía José Manuel Villarejo.

En ellas, se revela la intención de chantajear a Gómez de Liaño a fin de que presione a su defendido, Luis Bárcenas, para que no testimonie en contra del Partido Popular. En las conversaciones se mencionan a varios altos cargos del ministerio del Interior en la primera etapa de Mariano Rajoy al frente del gobierno como es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el ex director de la Policía Ignacio Cosidó, y su director adjunto operativo, Eugenio Pino. Gómez de Liaño ha pedido al juez que les llame a declarar porque figuran, junto a Auset Domper, en las conversaciones telefónicas intervenidas. En su declaración ante el instructor, Villarejo reconoció la autenticidad de las conversaciones y situó a Dolores de Cospedal, que entonces era secretaria general del Partido Popular, al frente del “lobby jurídico”.

García Castellón rechazó llamar a declarar a Cospedal, pero la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional le obligó a rectificar. Tuvo que declarar y lo negó todo. Dijo no recordar nada de aquella etapa. Incluso las informaciones que había manifestado públicamente de que el Partido pagó los primeros abogados que tuvo Bárcenas, antes de que el extesorero cambiara de estrategia y decidiera confesar la financiación irregular del PP durante al menos veinte años.  Cospedal acudió a declarar en calidad de testigo, pero nadie duda de que existe la posibilidad de que acabe siendo imputada.

Gómez de Liaño quiere ir más lejos y que se esclarezcan las actividades del “lobby jurídico”.  Se  siente víctima de un chantaje. Era el abogado del mafioso ruso Zakhtar Kalashov, encarcelado, quien, a cambio de una libertad que en Génova dijeron estar dispuestos a tramitar, declararía que a Gómez de Liaño le había pagado 5,5 millones de euros en dinero negro que tenía depositados en cuentas opacas en Suiza. El “lobby jurídico” podía sacarle de la cárcel a cambio de la información en contra de Gómez de Liaño a quien acusan, en las conversaciones telefónicas, de haber filtrado informaciones procedentes de Luis Bárcenas en las que se demuestra la financiación irregular del Partido Popular. El testimonio del abogado, Javier Iglesias Redondo, considerado el enlace de Villarejo con la cúpula del PP, es fundamental porque señala que Alejandro Auset trabajaba a las órdenes directas de Dolores de Cospedal.

Francisco Martínez ya está acusado en otra de las piezas, la denominada Kitchen, donde está en calidad de acusado y se pide para él 15 años de cárcel por utilizar fondos reservados con los que se espió a Luis Bárcenas desde el Ministerio del Interior. Cospedal, en cambio, dejó de estar investigada en esta pieza por decisión de García Castellón, en contra de la fiscalía anticorrupción que le acusó de no querer investigar a la dirección del PP.  La sala de Lo Penal respaldó la decisión del juez. 

García Castellón ha sido acusado, en varias ocasiones y por diversos medios, de haber trazado una línea roja en la instrucción de las piezas del Caso Villarejo. Nada de imputar a los altos dirigentes del Partido Popular a pesar de que se ha llegado a pedir que se investigue si el presidente del gobierno de la época, Mariano Rajoy, que también era el presidente del PP, tenía conocimiento de las actividades ilegales de su partido. De ahí que la actuación del magistrado haya sido criticada abiertamente. Por tal motivo, García Castellón pidió el amparo del Consejo General del Poder Judicial. De momento el órgano de gobierno de los jueces lo único que ha hecho es una declaración apoyando la trayectoria del magistrado, pero la cosa no ha llegado más lejos, a pesar de que el juez se queja de las manifestaciones públicas de altos cargos del gobierno como es el secretario de Estado de Justicia, Txontxu Rodríguez, así como las de la portavoz del govern de la Generalitat catalana, Patricia Plaja y del diputado de ERC, Gabriel Rufián.

Algún ruido de fondo debe de haber porque la sustituta de García Castellón en el juzgado estos días, María Tardón, no ha dudado ni un segundo en remitir a la sala de Lo Penal los recursos de la fiscalía en el Caso Tsunami cuya tramitación había sido demorada por García Castellón.

Gómez de Liaño conoce a la perfección todas las triquiñuelas de los juzgados porque “ha sido cocinero antes que fraile”. Y va a ser muy difícil sortear las actuaciones que lleva a cabo como perjudicado en la pieza 36 del Caso Villarejo, la llamada “trama paralela de Kitchen”. En su insistencia se confía para destapar todo lo que realmente sucedió en aquella época. No sólo en lo que quiera García Castellón que se sepa.