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El PP se alía con García Castellón

García Castellón y la derecha judicial abren un nuevo frente contra el gobierno para torpedear la ley de amnistía

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análisis

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La Audiencia Nacional ha vuelto a enmendar la plana al juez García Castellón al que le ha ordenado que mande al decanato de los juzgados de Madrid la investigación abierta por la filtración de la resolución de la Oficina Federal de Justicia de Suiza en la que rechaza la comisión rogatoria solicitada en noviembre pasado por el magistrado sobre la situación personal de la dirigente de ERC, Marta Rovira. Los superiores del titular del juzgado número 6 de la AN le recuerdan la norma de que cuando surgen hechos nuevos en unas investigaciones judiciales que no tienen relación con la causa principal se debe deducir el correspondiente testimonio para que sea el juzgado que le corresponde por turno el que se haga cargo de ese posible delito. Nuevo revés para el juez que, no obstante, ha recibido una buena noticia en forma de aliado político. El Partido Popular va a pedir explicaciones al ministro Bolaños sobre esa filtración dejando caer, además, que su autor no fue “ningún funcionario ni autoridad de su departamento”, sino el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que le van a pedir cuentas “por su reiterada obstrucción a la justicia”. Está claro que ha comenzado una guerra del juez contra el gobierno en la que van a colaborar los dirigentes de Génova.

El objetivo de García Castellón es el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Considera que la comunicación de las autoridades suizas estaba en su departamento cuando se hizo pública antes de que llegara a su conocimiento porque es allí donde se tramita y traduce las comisiones rogatorias internacionales de los jueces. El Partido Popular va más lejos. Su versión es que la resolución de la Oficina Federal de Justicia de Suiza pasó del ministerio a la fiscalía general del Estado antes de ser remitida al juez, y que fue su titular, Álvaro García Ortiz, el que la filtró a los medios de comunicación.

Es la lógica consecuencia de la campaña que la derecha conservadora está llevando a cabo a raíz del famoso comunicado en el que la fiscalía de Madrid aclaraba que fue Carlos Neira, abogado de Alberto González, pareja de Ayuso, quien se dirigió en primer término a la Fiscalía de Madrid, el pasado 2 de febrero, ofertando un acuerdo de conformidad que pasaba por reconocer la comisión de dos delitos fiscales y el pago de la cuota defraudada y de los intereses de demora a Hacienda. El Colegio de la Abogacía de Madrid, con su decano al frente, puso el grito en el cielo y presentó una denuncia contra la fiscalía por revelación de secretos al haber difundido datos concretos de comunicaciones entre abogado y fiscal.  A la “sobreactuación” de Eugenio Ribón, que obedece a intereses políticos según señalan asociaciones de abogados, se han sumado otros colegios, el consejo general de la Abogacía, prestigiosos despachos de abogados y las asociaciones conservadoras de fiscales. El objetivo es forzar el cese de García Ortiz al que acusan de “estar al servicio de Pedro Sánchez”.

Por eso, el Grupo Popular en el Senado va a pedir la reprobación de Bolaños y la comparecencia de García Ortiz para exigirle, en la comisión de justicia, que se vaya. «Las sospechas que se ciernen sobre el fiscal general son muy graves y el ministro de Justicia debe responder por ellas» manifiesta la portavoz de los populares en dicha comisión, Pepa Pardo.

De esta manera, García Castellón y la derecha judicial abren un nuevo frente contra el gobierno para torpedear la ley de amnistía. Dentro de esta estrategia, el juez ha pedido una reunión con las autoridades judiciales helvéticas para “aclarar sus dudas sobre la petición de colaboración enviada en noviembre pasado”. Es significativo que el juez haya pedido que en esa reunión no esté presente el gobierno lo que ha dejado perplejos a los funcionarios de la Oficina Federal de Justicia quienes siguen pensando en que detrás de los datos que pide el magistrado existen “motivos políticos”. De hecho, señalan que “sería conveniente, entre otras cosas, que nos expliquen las posibles consecuencias de esta ley (de amnistía), en el procesamiento contra los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic, así como contra Rovira cuya pertenencia a la plataforma es difícil de determinar”. El juez les ha contestado señalando que no pueden negarse a colaborar en una causa donde se advierten delitos de terrorismo.

Otro detalle de la existencia de esta guerra abierta entre el juez y el gobierno es que, en el auto en el que abre la investigación para saber quien filtró la resolución de la Oficina Federal de Justicia suiza que ahora revoca la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional, ordena a la guardia civil que lleve a cabo “las oportunas averiguaciones” advirtiendo que, “de los resultados de las mismas debe reportarse directamente a este magistrado instructor”, sin informar a sus superiores.

Esta práctica habitual de las investigaciones policiales sin conocimiento de los superiores de los que las llevan a cabo está generando gran malestar entre los mandos de las fuerzas del orden. Una situación semejante se produjo con el cese del que fue jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos, quien se negó a informar a las autoridades del ministerio de Interior de las investigaciones que llevaron a cabo sobre la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 y sus consecuencias en la expansión del coronavirus. El sometimiento de las investigaciones policiales a un poder diferente al ejecutivo es una vieja polémica que los socialistas quieren resolver en esta legislatura. No se sabe cómo solucionarán este controvertido asunto en la situación política actual, con una extrema bipolarización.

Manuel García Castellón utiliza todos los recursos a su alcance en esa guerra que está llevando a cabo contra el gobierno. Una guerra en la que ha encontrado un inestimable aliado: el Partido Popular. Ese cuyo gobierno lo nombró juez de enlace con Francia y con Italia con sueldo y rango profesional muy superior a los que jueces y magistrados perciben en España.

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