La ultraconservadora Asociación de Fiscales, supuestamente próxima al Partido Popular, le acaba de hacer un verdadero roto a la fiscalía general al levantarse de la mesa en la que se está negociando el nuevo Estatuto Fiscal. Esta negociación tiene su importancia porque es paralela a la elaboración del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Lecrim, que va a dejar en manos de los fiscales una buena parte de la instrucción penal. Esa reforma requiere la modificación del sistema de la carrera fiscal ya que el ministerio público pasa a convertirse en el investigador de las causas dejando para el juez la potestad de “garantizar” que dicha investigación se desarrolla conforme a la legislación vigente. El juez pasa a denominarse “juez de garantías” y el peso de las diligencias pasa a manos de los fiscales. De ahí que se necesite una reforma estructural que la conservadora AF ahora se niega a negociar. Y todo ello implica que el PP se sale con la suya. El Partido Popular no quiere, para nada, esa reforma de la Lecrim que propone el PSOE. A los jueces los controla.
La Asociación de Fiscales, mayoritaria porque ganó unas elecciones directas al Consejo Fiscal, un órgano que es consultivo y de asesoramiento nada más, se ha ofendido porque García Ortiz la acusó, a ella y a alguna asociación más, de estar vinculada a la derecha política y judicial. En un comunicado, la asociación califica de “inaceptables” las palabras de García Ortiz, quien afirmó que veía una “identidad de objetivos” entre las asociaciones de jueces y fiscales y “determinados partidos políticos”. Los fiscales conservadores, que han pedido de forma reiterada la dimisión del fiscal general, sostienen que esa afirmación pone “en duda” la “profesionalidad e independencia” de las asociaciones.
Lo que dijo García Ortiz no es más que el reflejo del sentimiento de la ciudadanía. Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales de tendencia conservadora están próximas, cuando no vinculadas, a la derecha política. La derecha judicial está muy crecida. Nunca habían tenido tan cerca el poder. Ni con Aznar ni con Rajoy. Alberto Núñez Feijóo les ha prometido restablecer todos sus privilegios. No habrá nuevo Consejo General del Poder Judicial. Si gana el gallego monopolizarán el órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto la gestión de la judicatura. Se acabarán los casos de corrupción todavía pendientes de resolver porque se archivarán o se guardarán en los cajones de los despachos. Y no sólo los que afectan al PP sino también los de los poderosos como el Santander, Iberdrola, BBVA, cajas de ahorro y similares.
La beligerancia de la AF tuvo su punto culminante en una cena, anterior a las elecciones de julio pasado, con 50 invitados, todos fiscales conservadores. Una de ellas, Consuelo Madrigal, fue fiscal general del Estado con una actuación más controvertida que la de García Ortiz, que ya es decir. Otro de los invitados fue Antonio Narváez, un magistrado que se retiró del juicio de los independentistas catalanes antes de que prosperara su recusación. Narváez había calificado el 1-0 como “un golpe de Estado”. Pero su personalidad va más lejos aún. Es uno de los famosos miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducaba junto al del presidente Antonio García Trevijano, y que votó a favor del recurso presentado por el PP para interrumpir la reforma que se estudiaba en el Parlamento para acabar con el boicot de la derecha judicial a la Corte de Garantías. A él le afectaba directamente porque perdía su cargo, su sueldo, su despacho y secretaria, y su coche oficial, aunque su mandato ya había caducado.
Narváez, que ahora es miembro de la reaccionaria sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo y que presume por ahí de ser “magistrado emérito del TC”, fue teniente fiscal cuando Madrigal estuvo al frente de la fiscalía general del Estado. Sostuvo fuertes enfrentamientos con compañeros suyos y, ahora, hay quien dice que será el nuevo fiscal general del Estado si Feijóo llega a La Moncloa. A ese personaje fue al que el líder del PP, presente en la cena, contestó que, por si llega a Moncloa, tiene previsto un paquete de medidas para derogar las leyes del gobierno progresista, lo que el dirigente conservador ha llamado “derogar a Pedro Sánchez”.
La Asociación de Fiscales no es neutral. Sus intervenciones en el Consejo Fiscal son un claro exponente de su sesgo ideológico, la derecha más rancia y conservadora. Utiliza el orgaanismo para desautorizar todas las iniciativas que intenta sacar adelante el fiscal general. Incluso fue capaz, con tal de no desviarse de esa estrategia maximalista, de no amparar a un afiliado, el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, cuando sufrió el ataque de los medios de comunicación reaccionarios por la filtración de que había elaborado un informe favorable al procesamiento de Carles Puigdemont por terrorismo y que había cambiado su postura tras una conversación con el fiscal general. Redondo pidió a sus compañeros que le amparasen. No le hicieron caso. Álvaro Redondo se ha dado de baja de la asociación a la que estuvo afiliado durante casi toda su vida profesional.
La Asociación de Fiscales no es nada en comparación con su “hermana ideológica”, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Esta última ha ido mas lejos y ha judicializado el conflicto como no podía ser de otra manera. Ha pedido al Supremo, a la reaccionaria sala de lo Contencioso Administrativo, la desautorización de García Conde como fiscal.
El abandono de la mesa de negociación del Estatuto Fiscal por parte de la AF significa un grave contratiempo para el gobierno que había diseñado un ambicioso plan de reforma de la instrucción judicial que tenía, precisamente, uno de sus pilares en ese nuevo estatuto. A Álvaro García Ortiz se lo están poniendo cada vez mas difícil. Tal y como están las cosas, sería mejor reconsiderar esa reforma. Tal vez será mejor dejarlo para otra ocasión.