Esteban González Pons, el representante de Génova, dice que se han producido “algunos avances”, que califica de tímidos, en las negociaciones bajo la mediación de la Comisión Europea para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se refiere a la propuesta socialista de aceptar una mayor implicación de las asociaciones judiciales en la selección de los doce candidatos que, eso sí, deberán ser, finalmente, elegidos por Congreso y Senado. Pero esta propuesta es insuficiente para el PP que insiste en que se reforme las leyes orgánicas que regulan no sólo el poder judicial sino también el Tribunal Constitucional y la fiscalía general del Estado. Y es que, después de las elecciones gallegas, en la dirección del Partido Popular están convencidos de que no hará falta llegar a un acuerdo porque pronostican un corto recorrido a este gobierno, la convocatoria de nuevas elecciones y un triunfo sonado que les permitirá hacer lo que les de la gana sin necesitar el acuerdo de la izquierda.
La apuesta del PP no sólo es maximalista y corre el riesgo de quedar en nada, sino que también les desprestigia frente a sus socios europeos. Didier Reynders ya ha descubierto las cartas de la derecha conservadora española y, aunque aguanta lo que puede porque está en juego la unidad con el resto de formaciones europeas en el seno del PPE, es plenamente consciente de que no va a lograr su objetivo de llegar a un acuerdo de renovación del poder judicial español. En la primera quincena de marzo habrá una nueva reunión de las cabezas visibles de esta negociación, el ministro Bolaños, y el dirigente del PP, González Pons, y se agota el tiempo. Sólo quince días después, Reynders dejará la comisaría de Justicia para dedicarse a su campaña a la secretaría general del Consejo de Europa.
González Pons dice que eso no es problema porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, designará “un nuevo comisario” o, “en cualquier caso, se hará cargo la vicepresidenta, Vera Jourová”. Da la sensación de que el dirigente popular insulta a la inteligencia de los analistas. Su jefe, Alberto Núñez Feijóo, no traga a Von der Leyen. Ambos no se llevan nada bien. Núñez Feijóo tiene una relativa influencia en el Partido Popular Europeo que va a apoyar a la actual presidenta para un nuevo mandato. Y, así las cosas, el presidente del Partido Popular español puede encontrarse con un serio correctivo por este asunto.
A la derecha española se les ha dicho, por activa y pasiva, que no hay otro camino para arreglar el desaguisado de la justicia española que la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial y que, posteriormente, se entrará en la reforma de las instituciones judiciales. Contrariamente, para sustentar su propuesta los conservadores españoles se remiten a la literalidad de los informes de la CE sobre la justicia española en los que se señala la urgente necesidad “de adecuar las instituciones judiciales a los estándares europeos” como si eso fuese a suponer la reforma del poder judicial de este país para que se parezca al de Alemania o Francia, por poner un ejemplo donde los órganos de gobierno de los jueces se encuentran muy limitados y, hasta en algunos casos, ni existen. Sus funciones las asume el Tribunal Supremo o, incluso, para contradecir el principio de separación de poderes, el poder legislativo.
Con todos estos problemas que pueden sobrevenir, en Génova, contagiados por la euforia de las elecciones en Galicia, hacen una lectura bastante triunfalista. Asumen la tesis de Isabel Díaz Ayuso, es decir, la del núcleo duro del PP, de que el PSOE está en descomposición y eso acabará por pasar factura entre sus socios parlamentarios. Y como ejemplo señalan que se ha tenido que pedir una nueva prórroga a la mesa del Congreso para seguir negociando con Junts la proposición de ley de amnistía. Según Génova, va a ser esa ley la que va a decidir el final de la legislatura por mucho que se empeñe Pedro Sánchez en asegurar que agotará todo el periodo legislativo. Si no hay amnistía menos habrá presupuestos y, aunque se pueden prorrogar las cuentas de 2023, lo cierto es que una prorroga podrá durar, a lo sumo, un año.
Un año. Ese es precisamente el periodo de tiempo que estiman los conservadores para la disolución del parlamento y la convocatoria de elecciones generales, una vez se hayan celebrado los comicios europeos en junio. Y están totalmente convencidos de que, para entonces, obtendrán la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Y podrán hacer la reforma judicial que tanto preconizan. Cambio en la fiscalía general del Estado. Modificación de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional para acabar con la mayoría progresista y, de paso, mandar a los infiernos al actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, al que califican de “bestia negra”. Y, por supuesto, una reforma de la ley orgánica del poder judicial para que su órgano de gobierno, el CGPJ, recupere su competencia para cubrir discrecionalmente las 35 plazas vacantes en el Tribunal Supremo, sin oposición progresista porque la casi totalidad de vocalías las ocuparán los jueces designados por la Asociación Profesional de la Magistratura, tal y como se comprometió con sus dirigentes Núñez Feijóo en la campaña de las elecciones del 23 de julio de 2023.
Y así van a quedar las cosas por mucho que pese a quien pese. Queda por ver lo que va a hacer el actual presidente “sustituto del sustituto”, del CGPJ, Vicente Guilarte, que recientemente amenazó con “volver a su cátedra de Valladolid” si no se alcanzaba un acuerdo. Mejor que se vaya porque el panorama puede ser desolador. Si prosperan los planes del PP, serán seis años con un consejo caducado sin posibilidad de designar a los magistrados de un Supremo que, como ya se ha dicho, se encuentra bajo mínimos, con 35 vacantes sin cubrir que pueden llegar a ser 40 en los próximos meses, entre fallecimientos, jubilaciones y bajas. Y bajo la amenaza del gobierno de que si no hay acuerdo actuará en consecuencia. Y, a lo peor la estrategia del PP se vuelve en su contra y, por el artículo 33, se reforma el sistema de elección del CGPJ para renovarlo “por las bravas”. Y entonces, a ver quién es el guapo que lo cambia si es que se confirman las previsiones de Núñez Feijóo.
A veces, la euforia no es buena consejera.
El papa lamentó que «la hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable, y por desgracia hay hipocresía en el Partido Popular …como así lo evidencian… Pons, Ayuso, Feijoo… con sus hechos y palabras…La derecha hipócrita que va a misa y se da golpe de pechos…que juega con la renovación del CGPJ, que insulta y falta al respeto, que son corruptos y luego pide la dimisión de los otros, pero ellos no dan ejemplo…