El presidente del Consejo General del Poder Judicial se ha crecido en los últimos días. Ya no habla de retirarse en las próximas semanas y defiende a ultranza el organismo que preside, que lleva cinco años y medio en funciones. Para Vicente Guilarte, el consejo “no está caducado sino prorrogado”. Ha cambiado su discurso porque tiene motivos para pensar que la salida a esta situación puede estar próxima. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que están cerca de llegar a un acuerdo con los socialistas para llevar a cabo la tan deseada renovación.
La discreción es total pero sí se ha podido saber que la nueva mediadora de la Comisión Europea, la vicepresidenta Vera Jourová, está impulsando los encuentros de los segundos niveles de las delegaciones que presiden el ministro Félix Bolaños y el dirigente del PP, Esteban González Pons. Si no ha habido un nuevo encuentro entre ambos se debe a que González Pons se está encargando de la campaña del partido a las elecciones europeas pero lo que sí aseguran fuentes de Génova es que, una vez se hayan celebrado los comicios, habrá encuentro y entonces se podrán constatar los avances oficialmente. Se desconoce en qué sentido, pero lo que sí parece ser es que, al final, habrá una solución de compromiso para renovar el órgano de gobierno de los jueces con los actuales estándares siempre y cuando el ministro de Justicia se involucre, por escrito y con el aval de la comisaria Jourová, en la puesta en marcha de una reforma global del poder judicial.
El problema sigue residiendo en que el PP exige que se tenga en cuenta a los jueces para la elección de los vocales de su órgano de gobierno. El argumento de los socialistas es muy parecido al que sostiene el catedrático de Derecho Constitucional, Joaquín Uría: “que los jueces elijan a los jueces quiere decir que el compadreo judicial va a ser importante en el desarrollo de la carrera profesional”. Además, tal y como está legislado el mecanismo de elección de los 20 vocales del CGPJ, ahora mismo es imposible la elección directa. Todo lo más a lo que se puede llegar es a la fórmula que ya se intentó en otras ocasiones: las asociaciones judiciales elevan sus propuestas y los grupos mayoritarios escogen de entre las mismas a los candidatos que serían sometidos a votación del Congreso y Senado en la proporción actual. Donde parece residir el obstáculo es que los socialistas quieren que se incluyan nombres de los socios en el Congreso como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones: Sumar, ERC, PNV y Junts principalmente. Y el PP rechaza tal posibilidad por las circunstancias de todos conocidas.
En Bruselas creen que este obstáculo se podría salvar. Y también lo piensa Vicente Guilarte quien, de todas maneras, sigue teniendo la sensación de que “la política persigue la captación de una cuota de poder en el ámbito del consejo que intuye imaginariamente que luego va a poder irradiarse sobre las personas cuya voluntad quieren pactar". El presidente “sustituto del sustituto”, por mucho que diga que su situación es la de “estar en funciones”, rechaza una de las ideas que se llegaron a proponer recientemente: la dimisión de los vocales para forzar la renovación. Lo considera “un disparate” y arremete contra la propuesta de Sumar de que el congreso de los Diputados nombre hasta 16 miembros del consejo en función de su mayoría, y el Senado los cuatro restantes. Ve mucho más positiva la idea expresada por Pedro Sánchez de que es necesario “reflexionar sobre propuestas alternativas” porque le sigue pareciendo la mejor de esas opciones su idea de limitar las competencias del CGPJ, y que se determine un sistema de nombramiento de jueces y magistrados a través de un concurso de méritos para que no se vuelva a producir el abuso de la época de Carlos Lesmes.
En Bruselas se toma en consideración esta idea, pero se sigue pensando que es mejor estudiarla en una segunda fase de la negociación porque para la Comisión Europea lo más urgente es acabar con “esta anomalía” constitucional. Y es que cuando se quiera alcanzar un acuerdo habrán transcurrido casi seis años. El mes que viene se cumplen cinco años y medio de la conclusión del mandato de los vocales. Se estima que, como muy pronto, una hipotética lista acordada por los dos grandes grupos parlamentarios no se presentará hasta pasadas las vacaciones estivales. Habrá que negociar con los socios parlamentarios y, posteriormente, someter la candidatura a votación. Todo ello si no surgen nuevos obstáculos. Entre unas cosas y otras, la renovación del CGPJ no se llevaría a cabo hasta el otoño, casi seis años después.
Al menos es positivo que ya no se hable de una iniciativa que dejaría al margen al PP, algo que había sido insinuado tanto por los socialistas como por el socio de coalición, Sumar. La vicepresidenta de la CE, Vera Jourová, ya ha advertido de que esa debe ser la última alternativa. Pero también ha dejado claro al PP que si no aproxima posiciones dejará hacer al gobierno. Todo con tal de acabar con esta situación. En estos momentos España es el único país de la Unión Europea, junto con Hungría, con advertencias de Bruselas por sus anomalías judiciales. Ya no se habla, ni siquiera, de los estándares, sino de la búsqueda de una urgente solución a una situación a todas luces inconstitucional.