La situación del Tribunal Supremo es alarmante por no decir que dramática. El alto tribunal tiene 26 plazas de magistrado pendientes de nombrar, el 30% de su plantilla de jueces, y un retraso significativo en la resolución de las sentencias. Salas como la de Lo Militar se encuentran colapsadas porque ni siquiera pueden reunirse por falta de quorum. Desde que en marzo de 2022 el parlamento aprobó un decreto-ley que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones, casi un centenar de plazas de las instancias superiores se encuentran vacantes.
Ahora, el nuevo CGPJ, que, en cualquier caso, no comenzara a ejercer sus funciones hasta pasadas las vacaciones veraniegas según apuntan fuentes jurídicas, deberá afrontar, sin demora, la cobertura de estas plazas para que las instancias empiecen a funcionar con normalidad. Si hasta ahora lo han hecho ha sido gracias a una resolución del ministerio de Justicia por la que se decidió destinar, en comisión de servicio, a letrados de la administración de justicia para que aligerasen los temas menores. Uno de esos letrados, precisamente, es candidato para ocupar una vocalía en el consejo, Luis Martín Contreras, quien ocupa funciones en la sala de Lo Contencioso Administrativo.
La derecha conservadora culpa al PSOE de esta situación que, según las cifras, supuso dejar de emitir 1000 sentencias el año pasado. Manifiestan que el decreto de marzo de 2022, que prohibía al CGPJ el nombramiento de los jueces de las altas instancias mientras permaneciese en funciones, es inconstitucional. Pero la corte de garantías avaló la norma que se aprobó para acabar con la discrecionalidad del presidente del consejo, entonces Carlos Lesmes, que se dedicó a designar a personas afines al Partido Popular en la magistratura generando una tendencia ultraconservadora significativa en las resoluciones judiciales. Hay un ejemplo significativo que se produjo poco antes de que Lesmes dimitiera. La Plataforma Cívica para la Independencia Judicial le acusó de “amiguismo” en el nombramiento de la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, sobre la cual la PCIJ elaboró un durísimo informe en el que concluía que, de los cuatro aspirantes al puesto, la elegida no era la mejor, pero contó con el voto de Lesmes.
Y así ha venido sucediendo durante el mandato del último presidente del Consejo, -los otros dos le sustituyeron en funciones-, hasta que PSOE y Podemos, que entonces formaban el gobierno de coalición progresista, decidieron tomar cartas en el asunto y elaboraron el decreto en el cual se prohibía al órgano de gobierno de los jueces la designación de los titulares de las plazas vacantes en las instituciones judiciales superiores: Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia territoriales y audiencias provinciales. En estas dos últimas instancias, las vacantes se han ido cubriendo mediante la provisión de plazas en comisión de servicio. Pero en el alto tribunal la cosa fue diferente.
La sala que más se ha visto afectada es la de Lo Contencioso Administrativo. Actualmente faltan 12 de los 33 magistrados que la componen habitualmente. Entre las últimas salidas destaca la de César Tolosa, tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. La Sala de lo Social cuenta con la mitad de sus magistrados. De 12 sólo hay seis jueces en activo. Esta sala acumula miles de recursos. Tres de las vacantes se produjeron por fallecimiento, dos por jubilación y la de Lourdes Arastey que, en julio de 2021, fue elegida jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sala de Lo Militar cuenta con tres magistrados menos y ha reclamado, en numerosas ocasiones, la urgente dotación de recursos ya que apenas puede reunir a sus miembros para debatir las resoluciones. No cuenta con quorum suficiente. La sala de lo Civil cuenta con tres vacantes después de que uno de sus miembros, Juan María Díaz Fraile, pidiera una excedencia a los 62 años. En cambio, la sala de Lo Penal cuenta con todos sus miembros ya que fue renovada poco antes de aprobarse la reforma de hace dos años. Aun así, su labor está siendo muy cuestionada por la tendencia ideológica de sus jueces ya que fue el propio Lesmes el que se encargó de aprobar sus nombramientos a través de una comisión permanente del consejo hecha a su medida.
Porque lo primero que habrá que hacer es cambiar el actual organigrama. Lesmes acaparó en la comisión permanente la casi totalidad del poder del órgano de los jueces. Y allí puso a su gente. Sólo un vocal de los denominados progresistas, Álvaro Cuesta, que apenas pudo hacer nada. El núcleo duro hizo y deshizo durante sus cinco años de mandato sin oposición. El resto de vocales ni siquiera tuvieron la oportunidad de trabajar a tiempo completo. Sólo los de la comisión permanente cobraban sueldo. Los demás debían de conformarse con las dietas de asistencia al pleno al que se le vació de contenido.
El vocal de más edad, Rafael Mozo, que sustituyo a Carlos Lesmes cuando éste dimitió, no cambió la cosas. En cambio, su sustituto, el todavía vigente presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, modificó la composición poniendo en la permanente a los vocales afines los cuales lo único que han hecho es arremeter contra el gobierno progresista con informes surrealistas como es el de la amnistía cuando ni siquiera se había presentado la proposición de ley.
Todo este estado de cosas ha de cambiar si se quiere un órgano independiente y democrático. Lo que no se puede hacer es, argumentando la necesaria urgencia que requiere la dotación de medios en las instancias judiciales, volver a los tiempos pasados y dotar las plazas vacantes de jueces afines a la derecha judicial. Todo ello por una sola razón. Estos magistrados son vitalicios por lo que difícilmente podrían ser revocados. Y ya hay demasiados conservadores en el Tribunal Supremo.
