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El PSOE de Madrid denuncia la adjudicación de un servicio municipal a una empresa vinculada a Manos Limpias

El Grupo Municipal Socialista ha revelado que el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Ayuntamiento de Madrid se ha privatizado primero y adjudicado después a la empresa Law and Business Enterprises Worldwide, S.L., estrechamente vinculada al ilegalizado “sindicato” de extrema derecha

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Grupo Municipal Socialista se ha denunciado que el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Ayuntamiento de Madrid se haya privatizado primero y adjudicado después a la empresa Law and Business Enterprises Worldwide, S.L., estrechamente vinculada al ilegalizado “sindicato” Manos Limpias, y a cuyo frente se encuentra el conocido abogado Pedro Francisco Muñoz Lorite.

Lorite es conocido por haberse querellado contra Manuela Carmena y su marido, contra Juan Carlos Monedero y contra Iñigo Errejón; por demandar a la cúpula de Podemos o por ejercer de acusación particular en el caso de los ERE´s de Andalucía.

Pepu Hernández, portavoz socialista en el consistorio madrileño, ha subrayado que es un error del anterior gobierno municipal haber privatizado el SOJ, un servicio que el Ayuntamiento daba desde hace 30 años a la ciudadanía a través de un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid, y que funcionaba perfectamente, “con una calidad extraordinaria”.

Denuncia que “se puede denigrar” si lo empieza a prestar una empresa “relacionada con Manos Limpias, que no se distingue precisamente por defender a los más vulnerables”.

El PSOE va a pedir el expediente completo de esta contratación para su análisis y estudio y, de encontrar alguna irregularidad, lo impugnará ante los órganos procedentes.

“Tenemos dudas sobre esta adjudicación, que puede haberse llevado a cabo por motivos ideológicos”, concluye Hernández.

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