Hay una consejera en el Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, que preside la sección de Enjuiciamiento, encargada de la derivada económica de la causa penal por el procès, que se ha propuesto continuar con el procedimiento abierto para reclamar a los líderes independentistas el dinero que se gastaron en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la difusión del proceso soberanista en el ámbito internacional aún a sabiendas de que está próxima a aprobarse la amnistía que extinguirá todas esas responsabilidades no sólo penales sino económicas. Que la sentencia que pretende dictar va a quedar, casi con toda probabilidad, en papel mojado.
Hernáez, consejera a propuesta del Partido Popular, basa su determinación en que la proposición de ley todavía se está tramitando y se desconoce cuál va a ser su contenido, “si finalmente se aprueba”. Y en ello coincide con las conclusiones del fiscal contrario a aplazar el juicio hasta que se conozca el desenlace del debate sobre la amnistía. El representante del ministerio público ha presentado su escrito de conclusiones definitivas en el que Manuel Martín-Granizo razona que la ley de amnistía “es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance”. Por consiguiente, considera que subsisten las “razones” que esgrimió cuando pidió la continuación del procedimiento.
Elena Hernáez parece que ha decidido posicionarse en la batalla que la judicatura lleva a cabo contra la amnistía. La consejera que preside la sección de Enjuiciamiento maneja la posibilidad de presentar una “cuestión de inconstitucionalidad” al TC cuando la ley de amnistía se publique en el BOE. Si cuando concluya el juicio que se está llevando a cabo, el Tribunal de Cuentas sanciona y se aprueba la ley de amnistía, la consejera Hernáez tendrá dos alternativas: o aplicar la norma y archivar la causa, o dilatar dicho archivo presentando una cuestión de prejudicialidad en el Constitucional, una posibilidad que se desconoce si puede utilizarla porque El Tribunal de Cuentas no es un organismo habilitado para este tipo de procedimientos ya que no forma parte del poder judicial.
El debate de la ley de amnistía está teniendo estas consecuencias. En algunos juzgados se están aplazando las causas pendientes sobre el procés catalán mientras que, en otras instancias, como en la Audiencia Nacional, la prudencia que debe caracterizar a los jueces parece haberse abandonado y las diligencias no sólo no se ralentizan sino se que se aceleran, algo inusual en una justicia como la española que se caracteriza por su lentitud.
Una de esas instancias que, repetimos, no pertenece al poder judicial, el Tribunal de Cuentas, quiere condenar a los 35 ex altos cargos de la Generalitat inculpados, entre ellos los expresidentes, Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, al pago de 3,1 millones de euros, los que el fiscal calcula que se gastaron en las dos actuaciones cuyas derivadas económicas se están juzgando: 883.695 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503 euros al dinero utilizado para la promoción exterior del procés. Ahora, la consejera dará traslado del escrito del fiscal a la acusación particular, representada por la asociación Solidaritat Catalana, que, en un principio, incrementó esos gastos hasta los 5,1 millones. Una vez presentadas las conclusiones definitivas, Elena Hernáez dictará sentencia casi con toda seguridad desfavorable a los líderes del procés a los que condenará a pagar la cantidad que definitivamente se estipule con la salvedad de que si no la abonan se procederá al embargo de sus bienes.
Y ahí es donde está el problema. El Tribunal de Cuentas ordenará la ejecución inmediata de la condena cuando todavía la ley de amnistía estará pendiente de los recursos que se presenten, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Justicia principalmente. Si la amnistía, al final, acaba por prosperar a los condenados a los que se les habrá obligado a pagar, bien sea en metálico o bien con sus bienes, se les deberá restituir las cantidades aportadas y, por supuesto, con intereses de demora.
Estamos en las mismas de siempre. Esto supondrá un coste para el Estado que se podría evitar aplazando la sentencia hasta que se decida la legalidad de la medida de gracia que se quiere adoptar. Es lo que los defensores de los imputados han denominado “economía procesal” para pedir la paralización del proceso.
Pero nos encontramos en una batalla judicial en la que el Partido Popular está utilizando todos los mecanismos a su alcance, incluidos los extrajudiciales, a sabiendas de que esta causa la tiene perdida. Lo que ocurre es que los políticos nunca tienen en cuenta que el coste de estas obsesiones lo pagamos todos los contribuyentes. Lo mismo que nos va a costar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando multe al reino de España por haberse saltado los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos en el juicio del procés del Tribunal Supremo.
En este país estamos soportando las consecuencias de una contienda que ni nos va ni nos viene. Habría que preguntarle a un señor de Sevilla, por poner un ejemplo, lo que le importa si los independentistas catalanes, al final, son absueltos de lo que hicieron en 2017. Lo que le importa a ese ciudadano es que con sus impuestos se va a tener que hacer frente al abono de unas indemnizaciones que va a haber que pagar por actitudes quijotescas.
Él tribunal de cuentas no se puso a trabajar en cuanto él PP fue condenado por financiación ilegal, fuga de capital y el reparto del botín desde un paraíso fiscal. Él tribunal constitucional no declaró ilegal está formación, que con la ley en la mano debió ser ilegaliazada ya en 2004.