El PSdeG-PSOE de Ourense ha expuesto una trama de ocultación «deliberada» de información por parte de la Diputación de Ourense, relacionada con el uso «irregular» de vehículos oficiales por el anterior presidente del ente provincial, Manuel Baltar. La denuncia surge tras un año de infructuosas solicitudes de acceso a datos sobre multas de tráfico y el registro de salida de los coches oficiales, lo que evidencia una falta de transparencia preocupante.
Según el PSOE ourensano, la situación alcanzó un punto crítico con una multa impuesta a un coche oficial de la Diputación por circular a 173 km/h en el término municipal de Allariz, justo el mismo día y poco antes de que Baltar fuera detenido a 215 km/h en Asturianos (Zamora) y claramente identificado como el conductor por la Guardia Civil. Sin embargo, el conductor del primer incidente no fue identificado, lo que obligó a la institución a pagar una sanción de 1.200 euros, aumentando así el costo por la demora en el pago.
Esta serie de situaciones se ha visto agravada por el anuncio de que el Senado debatirá el próximo 23 de abril sobre la petición del Tribunal Supremo de retirarle a Baltar la condición de aforado, lo que permitiría proceder a juzgarlo por un presunto delito contra la seguridad vial. El escenario se complica aún más con las maniobras legales de Baltar, que según denuncias del PSOE, ha usado «una y mil artimañas jurídicas» para retrasar su juicio.
Rafael Rodríguez Villarino, secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, ha manifestado su preocupación al afirmar que «confirman nuestras sospechas y temores de que la Diputación de Ourense ha cambiado de forma, pero mantiene el mismo fondo y modo de actuar, encubriendo, protegiendo y no queriendo investigar lo que sucedió con las sanciones de tráfico». Esta situación se presenta como un claro conflicto de intereses y falta de transparencia que socava la confianza en la administración pública.
La serie de solicitudes de información y la constante negativa o evasiva para proporcionarla ha llevado a un estado de tensión entre el PSOE y el PP. Villarino critica duramente la gestión de la información y la protección a personas implicadas en delitos potenciales, señalando que esto es indicativo de una administración que no defiende la verdad y que encubre hechos que deberían ser investigados de manera objetiva y transparente.
La situación ha culminado con un llamamiento a la responsabilidad por parte del PSOE, que exige al PP «responsabilidad a todos los niveles para terminar con esta trama de ocultación de información». Además, el grupo socialista ha reiterado su derecho a tener acceso completo a la documentación relacionada con los vehículos oficiales y las multas impuestas, enfatizando la necesidad de aclarar los hechos de una vez por todas y poner fin a la ocultación de información.
Este escándalo subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en un territorio donde la confianza en las instituciones públicas ya está seriamente comprometida. Ourense y sus representantes políticos se enfrentan a un desafío significativo para restaurar la integridad y la confianza en sus instituciones gubernamentales.
La mafia pp/vox está obligada a proteger a sus mafiosos, mientras los necesitan. Y cuanto más proclives al engaño, la mentira y la corrupción, más altos llegan. Y mientras tengan en cartera a los jueces okupas, no tienen nada que temer.