El senador del Partido Popular (PP) por Galicia, José Manuel Baltar, recientemente atrajo la atención mediática al no presentarse ante el Tribunal Supremo para una declaración voluntaria. Baltar, que presidió la Diputación de Ourense, enfrenta una investigación por un presunto delito contra la seguridad vial.
Baltar fue detectado por un radar de la Guardia Civil manejando a una velocidad de 215 kilómetros por hora. Este incidente, ocurrido en la localidad de Asturianos en Zamora, no solo resultó en una multa de 600 euros y la pérdida de seis puntos en su licencia de conducir, sino que también inició un proceso penal.
El Tribunal Supremo, siguiendo sus protocolos habituales, había invitado a Baltar a presentarse voluntariamente, un procedimiento similar al adoptado en otras investigaciones notables, como los casos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el asunto de los ERE, Alberto Casero por contratos durante su mandato como alcalde de Trujillo, y Clara Ponsatí en la investigación del Procés. De estos, solo Ponsatí se abstuvo de acudir al tribunal.
Sin embargo, Baltar justificó su ausencia citando problemas de salud de su abogado, Juan Ramón Montero, quien se encuentra en reposo y ha solicitado una nueva fecha para el interrogatorio. Este incidente ha generado diversas reacciones y especulaciones sobre las implicaciones políticas y legales de su actuación.
Este caso resalta la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en cargos públicos, especialmente cuando están implicados en asuntos legales. La situación de Baltar se suma a una serie de casos que ponen en tela de juicio la conducta de los representantes políticos y su impacto en la confianza pública.