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España, al mismo nivel que Botsuana en corrupción

España ocupa el puesto 35 de un total de 180, en el ranking de países más corruptos, según Transparencia Internacional. Su puntuación se sitúa en 60 sobre 100. Igual que zonas como Botsuana, Cabo Verde, San Vicente y las Islas Granadinas

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análisis

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Según datos del Consejo General del Poder judicial, en 2022 los jueces abrieron procesos a 164 personas físicas y 36 jurídicas por delitos relacionados con la corrupción en el ámbito público. En total 200 causas. Hay que tener en cuenta que el delito de corrupción como tal no existe en el ordenamiento jurídico de este país. Este tipo de actuaciones abarcan la prevaricación urbanística, la prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y exacciones fiscales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

España ocupa el puesto 35 de un total de 180, en el ranking de países más corruptos, según Transparencia Internacional. Su puntuación se sitúa en 60 sobre 100. Igual que zonas como Botsuana, Cabo Verde, San Vicente y las Islas Granadinas. Respecto a la Unión Europea, este país está por debajo de Portugal y Lituania y sólo supera a Letonia. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda encabezan el podio de los países con menor índice de corrupción pública. Transparencia Internacional advierte que “España no avanza en sus esfuerzos en  la prevención y lucha contra la corrupción”.

Y aunque el número de casos que aparecen en la lista del CGPJ se reduce respecto a 2021 en 109 menos, llama la atención el incremento de los casos en los que se ven implicadas las personas jurídicas, es decir, empresas y sociedades.  Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades con mayores casos de delitos relacionados que fueron sometidos a procesos o juicios en este país. Cabe destacar los 13 delitos investigados en la Audiencia Nacional donde se instruyen los de naturaleza grave o muy grave, que afectan a todo el territorio nacional.

En cuanto a las sentencias cabe destacar que se emitieron 61. De ellas, 45 fueron condenatorias lo que representa el 73,8% de las dictadas por los órganos judiciales. Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el archivo digital del CGPJ tras la incorporación de la información correspondiente al año 2022 y a su último trimestre. Este repositorio fue presentado en enero de 2017 por primera vez.  Es de acceso público en la web del Poder Judicial y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción.

Es una labor positiva por parte del Consejo General del Poder Judicial porque permite conocer la realidad española en cuanto a los delitos que se relacionan con la corrupción que son perseguidos por los tribunales de justicia. Pero la corrupción tiene otra lectura. Aquellas actuaciones que no se admiten a trámite o son “archivadas”, bien por falta de pruebas, bien porque así lo deciden los fiscales o jueces alegando razones diversas. Habría que conocer las investigaciones que llevan a cabo en las unidades especializadas de la policía nacional y la guardia civil, UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales la primera, y UCO, la Unidad Central Operativa la segunda. Y a ello habría que sumar las investigaciones que llevan a cabo agentes de aduanas adscritos a la Agencia Tributaria, AEAT.

Agentes de estas unidades se quejan, con razón, de que muchas de las investigaciones que llevan a cabo no “acaban donde deben de acabar, en los juzgados”. Hay sensación de la existencia de intervenciones de terceros en muchos casos para que se interrumpan las pesquisas.

Aun así, 200 casos relacionados con la corrupción en 2022 son muchos casos para un país en el que su sociedad se encuentra especialmente sensibilizada con este fenómeno. Pagamos muchos impuestos para gozar de unos servicios públicos adecuados. Demasiado es el abuso que se comete, por ejemplo, en los sueldos y privilegios de los cargos públicos, todos ellos bajo una cobertura legal. Demasiado es el excesivo número de asesores que trabajan en los organismos oficiales todos colocados a dedo y muchos de ellos familiares o amigos. Esa “corrupción”, de la que no se habla, no figura en las estadísticas de los tribunales de justicia porque están dentro de la legalidad vigente.

En esos archivos tampoco se especifican los delitos concretos. Y ello tiene su importancia porque no es lo mismo condenar por fraude fiscal, gravísimo si se comete en el ámbito público y muy castigado en el Código Penal, que por prevaricación cuya condena es sólo de inhabilitación para ejercer cargo público. Otra cosa es el reproche social que merezcan este tipo de conductas, sean castigadas de una manera u otra por el Código Penal.

España pierde más de 90.000 millones de euros al año por la corrupción, el cuarto país de la Unión Europea solo por detrás de Italia, Francia y Alemania, según un estudio del grupo de los Verdes en El Parlamento Europeo. Esta cifra significa que este país malgasta el 8% de su Producto Interior Bruto en la comisión de los delitos descritos. Supone cuatro veces las ayudas a los parados, el 90 por ciento del gasto sanitario y el 80% del destinado a pensiones. Con esas comparaciones no hace falta hacer más valoraciones sobre el daño que para nuestra economía hace este fenómeno que por más que se reprime no se logra reducir.

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