España tiene margen de mejora en los protocolos de trabajo para combatir los incendios forestales, la actualización de los medios aéreos, el uso del fuego técnico y las condiciones de trabajo y seguridad de los equipos de bomberos.
Así lo refleja el estudio «Incendios forestales y restauración de zonas quemadas. Prevención, extinción y gestión posterior en España», elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, a la que asesora la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a partir de 325 documentos y la consulta a 18 expertos en la materia.
Crecen los grandes incendios
Aunque el número de incendios en España está descendiendo, el informe advierte de que el área promedio afectada por grandes incendios forestales está aumentando, «con importantes consecuencias ecológicas, ambientales, sociales y económicas». Esto implica pérdida de vidas, efectos en la salud y emisiones, e impactos en los ecosistemas.
En nuestro país la extensión forestal ha aumentado a lo largo del siglo XX por las reforestaciones llevadas a cabo desde 1940 y por la recuperación natural derivada de la progresiva despoblación del medio rural. Algunas de estas masas forestales (muchas arbustivas o arbolado joven) tienen una elevada continuidad y carga de combustible, y pueden favorecer grandes incendios, más difíciles de apagar.
Según el estudio, «la gestión de los incendios debe conllevar la adaptación de los ecosistemas, paisajes y la sociedad a un aumento en la probabilidad de fuego, generando paisajes en mosaico, fomentando el desarrollo rural y el pastoreo, promoviendo aquellas especies con mayor capacidad de regeneración, y ampliando los programas de protección para especies sensibles al fuego».
Para los científicos y científicas del Congreso, la gestión de los incendios debe conllevar la adaptación de los ecosistemas, paisajes y la sociedad a un aumento en la probabilidad de fuego, por ejemplo, «generando paisajes en mosaico, fomentando el desarrollo rural y el pastoreo, promoviendo aquellas especies con mayor capacidad de regeneración, y ampliando los programas de protección para especies sensibles al fuego».
La comunidad experta aboga por integrar las estrategias de prevención y mitigación de los efectos negativos de los incendios, la conservación de la biodiversidad, y el desarrollo rural, dado que España «es uno de los países con un mayor patrimonio natural, y muchas áreas protegidas se están viendo afectadas por importantes incendios».
La investigación concluye que restaurar áreas quemadas, tanto de forma activa como promoviendo la regeneración natural, «es una oportunidad para fomentar ecosistemas y paisajes adaptados y sostenibles a las predicciones climáticas y nuevos regímenes de fuego que puedan darse en las próximas décadas».
En un contexto de despoblación rural, mejorar la gobernanza y el tejido social y productivo, así como mejorar los programas educativos en materia de incendios en las zonas rurales, permite aumentar la resiliencia socio-ecológica frente a los incendios y lograr una gestión integral del territorio y que todos los actores sean parte de las soluciones y de las medidas de gestión que se implementen
Aunque las competencias en gestión forestal y extinción están transferidas a las comunidades autónomas, expertas y expertos defienden que el abordaje de la problemática debe considerar distintas políticas sectoriales y niveles administrativos: desde lo local a lo estatal y europeo, e incluyendo actores tanto públicos como privados.
«Las decisiones que se tomen hoy en diversas políticas sectoriales que afectan al territorio de forma directa o indirecta, determinarán el régimen de incendios dentro de varias décadas, siendo la falta de acción política la decisión con mayores impactos negativos», concluye el informe.
