Europa le dice no a García-Castellón

De ello ya informó, este martes, nuestra compañera, Eva Maldonado aquí mismo. La justicia suiza acaba de darle una bofetada al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, por pedir una comisión rogatoria para averiguar aspectos de la vida personal de la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La Oficina Federal de Justicia de Suiza, mediante una comunicación fechada el 22 de diciembre, ha exigido aclaraciones al juez, advirtiendo de un posible “carácter político” en su investigación. La comunicación de las autoridades helvéticas puede tener las mismas consecuencias que las de la contestación dada por el tribunal alemán de Schleswig-Holstein cuando autorizó la extradición de Carles Puigdemont sólo por delito de malversación, lo que hizo renunciar al juez Llarena a continuar con el trámite debido a los límites impuestos por la instancia germana. Aquí ocurre algo parecido salvando las distancias.  Suiza pone en entredicho tanto la metodología de la investigación como la base de las acusaciones y cuestiona la “proporcionalidad” de investigar movimientos bancarios hasta junio de 2020 para eventos ocurridos en octubre de 2019. Un “zasca” para García Castellón que no es el primero que recibe. La Agencia de la UE para la Seguridad Aérea ya le dijo que la invasión del aeropuerto de El Prat de Barcelona no supuso peligro para la seguridad aérea del continente, y, en Francia, la familia del ciudadano fallecido de un infarto de miocardio se muestra muy reticente a la hora de personarse como acusación porque cree que la resolución judicial que dictó la jueza instructora de L ´Hospitalet de Llobregat que se encargó de investigar la causa del fallecimiento es la válida. Al magistrado se le cierran las puertas y sólo le queda la personación de dos policías que manifiestan haber sido agredidos en las manifestaciones de protesta contra las sentencias de los líderes del procés de 2019.

García Castellón sigue empeñado en atribuir a la organización Tsunami Dèmocratic un carácter terrorista y a vincular a Carles Puigdemont y Marta Rovira con la dirección de este movimiento que no gozaba de una estructura concreta.  Para ello, intenta encajar los hechos en una jurisprudencia que nació para combatir a ETA y que, posteriormente, fue ampliada mediante una ley, aprobada en 2015 por los dos grandes partidos parlamentarios de la época, PP y PSOE, cuestionada, incluso, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque abrió la puerta a criminalizar las protestas callejeras a pesar de que esa reforma del Código Penal se concibió para luchar contra el yihadismo.

Los familiares del ciudadano francés que murió de un infarto al tener que acceder a pie a la terminal debido a los cortes de tráfico en los accesos provocados por las manifestaciones de Tsunami, insisten en que la jueza que instruyó, en primera instancia, el fallecimiento, los mossos que elaboraron el primer informe, y los servicios de emergencia que atendieron al fallecido informaron que su muerte se produjo por causas naturales, sin relación con las protestas. García Castellón, que domina a la perfección los mecanismos de relaciones judiciales internacionales, envió una requisitoria a los juzgados franceses para que localizasen a los familiares y les insistiesen en la posibilidad de personarse. Ni los jueces galos ni los familiares han contestado y, según se ha señalado por ahí, no parecen dispuestos a “colaborar” porque, además, la relación causa y efecto carece de consistencia ya que tenía antecedentes cardiológicos, cardiopatía isquémica. La importancia de esta personación reside en que, si la familia acusa a los manifestantes de haber provocado la muerte del ciudadano, ya se podría contabilizar una muerte y, entonces, las acciones encajarían en la figura delictiva de terrorismo. No parece que esta idea vaya a prosperar.

El 14 de octubre de 2019, en el aeropuerto de El Prat tuvieron que suspenderse 108 vuelos de los 1.066 previstos. El juez ha querido vincular la algarada con la incidencia en el tráfico aéreo y, en un auto, dice que “no solo se buscaba provocar daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que se encontraban en ese momento en un vuelo, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas”. García Castellón se dirigió a la OTAN para constatar la existencia de posibles “incidencias registradas” en sus centros de operaciones aéreas combinadas sobre el tráfico aéreo fruto de la acción de Tsunami, en especial en las bases aéreas de Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera. La sede de Bruselas de la Alianza Atlántica todavía no ha contestado, pero sí lo hizo la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), que descartó que la protesta de la plataforma independentista en el El Prat tuviera un “impacto significativo” en la operativa aeroportuaria del continente. García Castellón pretende basarse en una hipotética “desestabilización de las estructuras económicas” para calificar estos hechos como terrorismo gracias a que así lo permite el articulado de la reforma del Código Penal de 2015 que fue criticada por reconocidos juristas debido a su ambigüedad.

Hasta ahora, las autoridades europeas le han enmendado la plana al juez español. En Suiza creen que hay que estudiar si hay un trasfondo político en su actuación judicial porque éste es uno de los motivos previstos en la ley helvética para denegar el auxilio judicial planteado por un magistrado extranjero. No entienden por qué García Castellón les pidió localizar a Marta Rovira mediante una comisión rogatoria cuando su objetivo puede lograrse “mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial”. Tampoco ven clara la “proporcionalidad” de la petición de datos bancarios de una cuenta del Banque Genève-Wollerau-Lugano realizada por el juez, ya que la extendió hasta junio de 2020 y las protestas de Tsunami fueron en octubre de 2019. Algo raro teniendo en cuenta, como ya se ha dicho aquí mismo, que Manuel García Castellón goza de amplia experiencia en materia de colaboración judicial, no en vano fue, durante catorce años, juez de enlace con países de envergadura jurídica como son Italia y Francia.

Que algún as se guarda en la manga el juez es lo que hace sospechar a las autoridades europeas, que en estas cosas no quieren complicarse la vida. Si el magistrado va a abrir nuevas vías de investigación lo tendrá que hacer al margen de Europa. Y veremos como asimilan en Bruselas estos reveses.