Las centrales nucleares generan residuos radiactivos que es necesario gestionar. Estos se producen tanto durante todos sus años de funcionamiento como en el desmantelamiento tras el inevitable cierre de las mismas. La legislación española encarga esta gestión a la empresa pública Enresa.
La aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, modifica algunos aspectos de la gestión intermedia de los residuos nucleares. De este modo, se pasa de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) a 7 Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) y actualiza el importe a pagar para sufragar estos gastos, bajo la premisa de que "el que contamina paga".
Para ello el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) redactó una propuesta de Real Decreto que fue retirada y sustituida por una nueva, cuyo periodo de alegaciones finalizó el pasado 30 de abril. La primera propuesta de Real Decreto del 12 de enero de 2024, que implicaba una subida del 40% de la tasa, pasando de los 7,98 €/MWh actuales a 11,14 €/MWh a partir de julio de 2024, ha sido rechazada por las eléctricas. Sin embargo, tras la presiones del lobby nuclear, el MITERD retiró esa propuesta presentando un nuevo texto que reduce al 30% el incremento de la tasa y la sitúa en 10,36 €/MWh.
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) ya manifestó numerosas dudas de que este impuesto sea capaz de recaudar los fondos suficientes para garantizar una adecuada gestión de los residuos. Unos fondos que deberían recaudarse mucho antes del cierre de la última central en 2035, según el pacto de gobierno y eléctricas, ya que de no ser así será nuevamente la ciudadanía la que pague por la actividad de las empresas propietarias de estas centrales nucleares .
Para las organizaciones sociales y ecologistas del MIA, se necesitaría una tasa de al menos 21,83 €/MWh para que las empresas nucleares asuman los costes de la gestión de todos sus residuos y no intenten que los costes asociados estrictamente a su negocio, recaigan en las arcas públicas.
Por ello, en las alegaciones presentadas, se hace hincapié en que las propietarias de las centrales nucleares asuman sus responsabilidades: hagan frente al pago de los 21,83 €/MWh como única manera de garantizar que en 2100, los residuos nucleares estarán a buen recaudo en el Almacén Geológico Profundo (AGP) y no intenten dar a entender que son otras entidades o los movimientos ciudadanos los responsables de este incremento.
Para Cristina Rois del Movimiento Ibérico Antinuclear, la propuesta de 21,83 €/MWh "es simplemente de justicia" y asegura que no van a tolerar un "rescate a las nucleares" después de los "multimillonarios ingresos que han conseguido durante los más de 40 años que acumulan algunas de nuestras vetustas centrales nucleares". Mantiene, asimismo, que "es hora de que asuman su responsabilidad y reconozcan ahora, que la era nuclear española toca a su fin" y que la energía nuclear "no es tan barata como siempre han defendido sus impulsores".