Los de Ferrovial llegaron a poner como excusa para trasladar su sede fiscal a Ámsterdam “la falta de seguridad jurídica que hay en España”. Horas después, sus portavoces negarían haber expuesto tal circunstancia, pero el mal ya está hecho. Desgraciadamente no es la primera vez que una empresa se queja de la falta de seguridad jurídica. La CEOE se pasa el día vociferándolo. Es increíble que se pueda decir algo así en el estado más garantista de Europa. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de Bruselas.
España es un estado de derecho y, a pesar de los defectos del aparato judicial, éste funciona. Es cierto que el sistema de designación de jueces y magistrados es funcionarial. Se accede a la carrera mediante concurso-oposición después de pasar un intenso periodo de formación en la Escuela Judicial. Es verdad que el acceso a la profesión tiene cierto tufo endogámico, a veces. Y también es verdad que las asociaciones que representan a los jueces y magistrados de este país están politizadas.
Pero aún con todos estos defectos, los jueces aplican a rajatabla la legislación que el órgano de soberanía nacional, el Parlamento, pone a su disposición. Y esta legislación, ahora mismo, se ciñe a los límites que se establecen en la Unión Europea. Muchas de las normas que “incomodan” a los empresarios de este país, son transposiciones de directivas elaboradas por la Unión Europea y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento por parte de los estados miembros.
Y ahí entramos en la otra vertiente de la seguridad jurídica: la legislativa. Los empresarios que se quejan, curiosamente desde que gobierna la mayoría progresista, de que las leyes les están generando inseguridad jurídica. ¿Es generar inseguridad jurídica las subidas del salario mínimo? ¿Es generar inseguridad jurídica el establecimiento del ingreso mínimo vital? ¿Es generar inseguridad jurídica el aprobar, con su consenso, una reforma laboral que, ellos mismos aseguran, les ha beneficiado? ¿Es generar inseguridad jurídica aprobar la puesta en marcha de expedientes temporales de regulación de empleo para proteger a los trabajadores de esas empresas en estados de gravedad económica como fue el provocado por la pandemia?
Claro, que si nos referimos a las subidas de las cotizaciones sociales y a los impuestos, por supuesto que se ha generado "inseguridad" para ellos. Pero de judicial nada. Todas las normas que se están adoptando en España entran dentro del marco que permite la Constitución. Por ahora, ni una sola ha sido declarada inconstitucional y el principio de libertad de empresa no sólo se respeta, sino que se promueve por todas las autoridades: políticas y jurídicas.
Es más, en la época de Aznar, el PP puso a disposición de las empresas españolas, entre ellas Ferrovial, 30.000 millones en ayudas para su internacionalización. Luego vendría Bruselas y obligó a devolver ese dinero. Eso si que es “inseguridad jurídica”. Pero Del Pino y compañía se callaron. Igual que hicieron cuando tuvieron que pactar el pago de 200 millones a la Agencia Tributaria. El gobierno era el de Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda, su “ideólogo”, Cristóbal Montoro.
Cuando Ferrovial habla de “seguridad jurídica” no sabe muy bien de lo que está hablando. El grupo propiedad de la familia Del Pino apenas ha tenido roces con la justicia en España. Peor les fue en Gran Bretaña con el famoso asunto de los aeropuertos y han tenido ciertos problemas con las concesiones de autopistas en Irlanda y Escocia que han tenido que dirimir en organismos judiciales.
Este gobierno respetó hasta el último día la explotación de las autopistas que se les concedió para evitar eso, precisamente: que los tribunales les tumbasen los proyectos de reversión al estado de las vías públicas que han llevado a cabo.
Ferrovial apenas ha pasado por los juzgados. No ha habido problemas con sus directivos. Se sabe que utilizan sociedades off shore con sede en paraísos fiscales para las operaciones “mas sensibles”. Pero nunca se les ha perseguido por tal motivo.
No se puede poner como excusa el mal funcionamiento de la justicia en España cuando apenas eres usuario. El sistema garantista de este país implica su lentitud, uno de sus defectos. Pero en muchas ocasiones eso se debe a las estrategias de las partes litigantes. El abuso de los derechos que confiere el estado de derecho español es el que provoca ese mal funcionamiento, esa mala fama de la que, de todas maneras, se está intentando poner remedio mediante una reforma que supondrá una agilización del aparato.
Es muy difícil hablar de inseguridad jurídica en un estado como el español donde cualquier entidad, física o jurídica, que considera vulnerados sus derechos acude a los tribunales de una justicia que es universal.