El pasado 25 de abril tuvo lugar en el Congreso la Comisión de Derechos Sociales y Consumo en la que se abordó la existencia de mala fe financiera en contratos hipotecarios. Asistieron los representantes de PP, PSOE, VOX, Sumar y Podemos, y se comprometieron a abordar la problemática de las hipotecas conocidas como REDAL, que son contratos hipotecarios que adolecen de errores en las fórmulas aritméticas o no las incluyen, luego resulta imposible para el consumidor conocer la carga económica y las obligaciones financieras a las que queda vinculado a la firma del contrato.
Desde Sumar recalcan la necesidad urgente de legislar para evitar una situación de emergencia social sobrevenida e injusta, dado que son muchas las familias afectadas por este tipo de contratos, que pueden perder sus viviendas. «Los contratos son ‘papel mojado’, es una indecencia que el Gobierno permita que se pierda una sola vivienda más», denuncia una afectada.
Se prevé que estos contratos irregulares provoquen un goteo de fallos de nulidad contractual, como la reciente sentencia 269/2024 de la Audiencia Provincial de Alicante, que ratifica la nulidad de un contrato hipotecario por error en las fórmulas aritméticas, al entender que afectan a elementos fundamentales del mismo.
En aras de no incrementar el colapso judicial que ya existe, especialmente en los juzgados de cláusulas abusivas, así como de evitar la inseguridad jurídica en la que se encuentran inmersas tantas familias, Sumar ha dado un paso decisivo con la Proposición de Ley REDAL.
Impulsada por el diputado Félix Alonso, esta nueva ley busca proteger los derechos de los consumidores frente a errores e irregularidades manifiestas detectadas en, al menos, cientos de miles de contratos hipotecarios. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha trabajado activamente en su redactado de urgencia y espera la colaboración activa del resto de grupos para realizar enmiendas y perfeccionarla.
«Ahora que conocemos que existen graves problemas matemático-financieros en la mayoría de los contratos hipotecarios redactados entre 2000 y 2010 es necesario actuar y no obligar a los consumidores a acudir de forma individual a los juzgados, que ya están colapsados», señala Alonso.
Los afectados se han mostrado optimistas al conocer que la Proposición de Ley REDAL iniciará en los próximos días su recorrido parlamentario. Ahora habrá que ver la reacción del PSOE, dado que, como se demostró con el IRPH, el Partido Socialista siempre terminó posicionándose en favor del mantenimiento de la impunidad del sector financiero.
