La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha tramitado una demanda colectiva del abuso de la temporalidad en todas las administraciones públicas de Cataluña en todo el ámbito territorial de esa comunidad autónoma, principalmente con afectados del Ministerio de Justicia, Departamento de Justicia, Instituto Catalán de la Salud, Instituto de Toxicología y Enseñanza.
En el Estado español, personal público en abuso de temporalidad y con más 15 años de antigüedad es cesado sin indemnización, lo que provoca la patente discriminación de que en el sector público el despido sigue siendo gratuito.
Se denuncia la no transposición de la directiva europea que regula el trabajo por duración determinada 1999/70 CE , así como el incumplimiento sistemático por parte de las administraciones públicas y del poder judicial de las resoluciones que sobre esta materia ha dictado reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El sindicato recuerda que está pendiente la resolución del Alto Tribunal europeo ante varias peticiones prejudiciales de distintos tribunales españoles por entender que la doctrina aplicada no es acorde al derecho comunitario, que debe prevalecer sobre las legislaciones nacionales.
En el caso de Cataluña, la temporalidad supera el 40 por ciento, e incluso superior al 60 por ciento en sectores como la sanidad. Ante esta situación, FETAP-CGT pone en marcha, también en esta Comunidad Autónoma, un novedoso proceso de demanda colectiva, que se suma a los de otros grupos ya en marcha del resto del estado.
La directiva “Whistleblower”
El procedimiento se apoya en la conocida como “Directiva Whistleblower” (Directiva 2019/1937 de la UE). Se trata de un buzón europeo de denuncia externa que protege tanto a las personas que informen de infracciones al Derecho de la Unión Europea como a su entorno familiar, y que deberá estar disponible para todas las empresas públicas o privadas que tengan una plantilla con 50 o más personas trabajadoras.
Según FETAP-CGT, gracias a esta herramienta las infracciones se podrán canalizar de manera directa y anónima, con la particularidad de que se invierte la carga de prueba, es decir, deberá ser la empresa, organismo o administración denunciada la que ha de probar que no es responsable de los hechos denunciados.
A las sedes físicas de este buzón en Madrid, Barcelona, Vigo y Sevilla, además de otras a nivel europeo en Bruselas y París, FETAP-CGT suma una herramienta vía web, la única de estas características registrada ante las autoridades europeas por una organización sindical en nuestro país.
En el procedimiento pueden participar desde el sector sanitario al sector de la administración local, por lo que la central sindical llama a la movilización de todos los trabajadores y trabajadoras en abuso de temporalidad del sector público catalán en defensa de sus derechos.
Más de un centenar de personas especializadas en la materia se encargan de auditar los mensajes recibidos, en coordinación con los buzones de denuncia externos situados en otros países. El objetivo es brindar un canal directo de información ante la justicia europea, sin costas judiciales y con la finalidad de obtener una sentencia directa que zanje de forma colectiva y definitiva los abusos de temporalidad en las administraciones públicas españolas.
