Una nueva polémica sacude la política argentina. El presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron señalados en una denuncia por supuestas irregularidades en contratos de suministro de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La acusación también alcanza a otros tres implicados, entre ellos el director de Andis, Diego Spagnuolo, y Eduardo Kovalivker, propietario de la empresa Suizo Argentina, encargada de la distribución de los fármacos.
El abogado Gregorio Dalbón, conocido por su vinculación con causas judiciales de figuras políticas de relevancia nacional, presentó la denuncia ante la justicia. Según su escrito, se trataría de un sistema de recaudación de pagos indebidos que afectaría directamente a los fondos públicos, encuadrando los hechos en posibles delitos como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con cargos públicos.
Las grabaciones
La base de la denuncia son grabaciones que circulan en medios locales y plataformas digitales, en las que una voz identificada como Spagnuolo describe un circuito de recaudación de dinero ligado a la empresa Suizo Argentina. En los audios, se menciona que porcentajes del negocio de los medicamentos habrían sido destinados a la Secretaría de Presidencia y a Karina Milei, mientras que otros montos se repartirían entre los operadores del sistema. Según se escucha, el propio presidente no estaría involucrado directamente, aunque sí su equipo más cercano.
Dalbón solicitó a la justicia una serie de medidas para esclarecer los hechos. Entre ellas, figuran registros en las oficinas de Andis, de la Secretaría de Presidencia y de Suizo Argentina, además del análisis de movimientos financieros de la empresa por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). También pidió revisar la composición societaria de la distribuidora y sus posibles vínculos con funcionarios del Gobierno.
La denuncia llega en un momento de tensión política: el Congreso argentino rechazó recientemente el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca aumentar la asignación de fondos para asistencia a personas con discapacidad. La votación, favorable a la ley, fue de 172 a 72, con dos abstenciones, y genera un contexto en el que la atención pública se centra en la gestión del Ejecutivo sobre esta materia.
Sospechas de corrupción en la distribución de medicamentos para personas con discapacidad
Diputados opositores también exigieron explicaciones a Karina Milei y a Spagnuolo sobre los audios y los supuestos desvíos de fondos. Mientras tanto, las reacciones en redes sociales y medios locales han aumentado la presión sobre la Presidencia, en un clima de creciente escrutinio público sobre posibles irregularidades en la administración de recursos para sectores vulnerables.
El caso se encuentra en sus etapas iniciales de investigación, y todavía no se han presentado pruebas concluyentes sobre la implicación directa de Javier Milei. Sin embargo, la denuncia ha encendido un debate sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos y la supervisión de contratos que afectan a personas con discapacidad, un sector especialmente sensible en términos de derechos y asistencia estatal.