La comunidad afgana se enfrenta a tres años de frustración no resuelta mientras las autoridades de facto talibanes cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional contra el pueblo afgano, especialmente las mujeres y las niñas, con absoluta impunidad. En una amplia consulta con más de 150 partes interesadas, entre ellas defensores de los derechos humanos afganos, miembros del mundo académico, mujeres manifestantes y activistas, jóvenes, representantes de la sociedad civil y periodistas, Amnistía Internacional ha documentado las frustraciones de la comunidad afgana con la respuesta de la comunidad internacional y sus temores y sugerencias para el futuro.
“Hablamos con personas que representan a un sector transversal de la sociedad afgana en todo el mundo y que, en su gran mayoría, creen que la comunidad internacional ha fallado al pueblo de Afganistán. No sólo no ha logrado que los talibanes rindan cuentas por los crímenes y las violaciones de derechos humanos, sino que tampoco ha logrado encontrar una dirección estratégica para evitar más daños”, afirma Samira Hamidi, responsable de campañas regionales de Amnistía Internacional para el sur de Asia.
“Tres años después, la ausencia absoluta de medidas concretas para abordar la catástrofe de derechos humanos en Afganistán es una fuente de vergüenza para el mundo”. Las consultas se llevaron a cabo con personas en 21 provincias de Afganistán y con personas exiliadas en diez países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, España, Suiza, Italia, Canadá y Pakistán.
Derechos de las mujeres y las niñas
Más de veinte defensoras de los derechos humanos afganas que viven en 21 provincias de Afganistán han asegurado que han perdido autonomía en todos los aspectos de su vida. "Las mujeres con las que hablamos solían trabajar en diversos ámbitos, como el derecho, la política, el periodismo, la educación y el deporte. Después de tres años bajo el régimen talibán, todas ellas se sentían nadie y tenían pocas oportunidades de empleo y de contribución económica o cultural", explica Hamidi.
Razia, una defensora de derechos humanos de la provincia de Kunduz, relata que "a las mujeres que han perdido su capacidad de acción, sus empleos y su estatus económico se les dice que lo merecen, y que el regreso de los talibanes es un paso positivo para acabar con quienes predicaban el adulterio en nombre de los derechos humanos y los derechos de las mujeres”.
Los talibanes han desestimado las acusaciones de persecución por motivos de género, afirmando que están cumpliendo con la Sharia (ley islámica) y la "cultura afgana". Todos los decretos y políticas restrictivas y represivas que se introdujeron aparentemente como medidas temporales para garantizar la seguridad de la población, especialmente de las mujeres y las niñas, al comienzo de su gobierno, siguen vigentes después de tres años.
“Nos dijeron que los talibanes habían cambiado. Nos dijeron que no debíamos arruinar los esfuerzos de paz. Nos dijeron que el mundo nos apoyaría. Pero hoy estamos viviendo nuestras miserias solos”, dice Nazifa, una maestra en la provincia de Mazar-e-Sharif.
Justicia y rendición de cuentas
El sistema de justicia legal y formal en Afganistán colapsó después del regreso de los talibanes al poder y, en noviembre de 2022, el líder supremo talibán emitió una orden obligatoria para la plena implementación de la ley Sharia en Afganistán.
“Los talibanes anunciaron que no es necesaria la participación de abogados durante los juicios. No creen en los sistemas de justicia, sino que dependen en gran medida de su interpretación de la sharia, dirigida por eruditos religiosos de madrasas (escuelas islámicas) sin formación jurídica formal”, comenta Ahmad Ahmadi, un ex abogado que ahora vive exiliado en Europa.
Varios representantes de la sociedad civil hablaron sobre el regreso de los castigos corporales en Afganistán, incluidos los azotes y ejecuciones públicas, la amputación de miembros, la lapidación y otras formas de malos tratos y tortura que violan el derecho internacional. La falta de juicios justos o de acceso a recursos legales sigue siendo un tema poco denunciado.
Reducción del espacio cívico
Afganistán tiene hoy una sociedad civil cada vez más débil, en la que los defensores de los derechos humanos, incluidas las mujeres manifestantes, las organizaciones de base, los periodistas y los activistas políticos, son percibidos como enemigos por los talibanes. Quienes protestan son sometidos a desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, torturas y otros malos tratos. Muchos se han visto obligados a huir del país por temor a represalias, dejando atrás a sus familias y sus empleos. Cientos de ellos siguen varados en Irán, Pakistán y Turquía, donde se enfrentan a problemas jurídicos y financieros e incluso están expuestos a la deportación forzosa.
La comunidad afgana de derechos humanos comparte que se enfrenta a la exclusión no sólo de los talibanes sino también de la comunidad internacional. “A quienes estamos en Afganistán no se nos invita a participar en debates importantes porque se considera que es 'demasiado arriesgado'. A quienes estamos en el exilio se nos excluye porque no vivimos en Afganistán y, por lo tanto, se nos considera no 'legítimos'”, dice Tabasoom Noori, activista por los derechos de las mujeres que vive exiliada en Estados Unidos.
Apoyo internacional
Los defensores de los derechos humanos que han hablado con Amnistía Internacional consideran que la gravedad de la crisis de derechos humanos en el país se ve socavada en parte por la retórica y la propaganda de los talibanes, que afirman que ahora Afganistán es un país "más seguro" con una economía en crecimiento donde a los ciudadanos se les otorga respeto y dignidad de acuerdo con la Sharia (ley islámica) y la cultura.
“Es necesario que todos los actores que trabajan en Afganistán se coordinen, encuentren plataformas seguras y creativas para debatir y participar en el debate con el fin de encontrar soluciones eficaces a largo plazo. Esto también será posible si se tienen los medios, los recursos y las capacidades para ello. La comunidad internacional debe comprometerse a apoyar estas medidas, respetar la multitud de voces de la comunidad y abstenerse de cualquier interacción sin principios con los talibanes que sólo resultaría perjudicial para los esfuerzos colectivos. Ha llegado el momento de actuar de manera coordinada”, concluye Samira Hamidi.