La República Federal de Alemania ha dado un nuevo paso en su estrategia de contención del extremismo de derecha con la prohibición oficial del Reino de Alemania, una organización que durante más de una década negó la soberanía estatal y promovió un proyecto secesionista bajo una estética pseudomonárquica y discursos de corte conspirativo. El grupo, el más numeroso entre los llamados Reichsbürger y Selbstverwalter, ha sido disuelto por orden del Ministerio del Interior, en un operativo que incluyó cuatro detenciones, entre ellas la de su fundador, Peter Fitzek.
El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, justificó la medida alegando que la organización había creado “un contraestado” que vulneraba el marco legal vigente y ponía en peligro el orden constitucional. “Sus miembros intentaron socavar el monopolio del uso legítimo de la fuerza y propagar una narrativa antisemita y conspirativa que busca sustituir nuestras instituciones democráticas”, señaló Dobrindt en un comunicado.
El Reino de Alemania fue fundado en 2012 por Fitzek, quien se proclamó “Pedro I” y gobernaba este supuesto Estado paralelo desde Wittenberg. Vestido con manto púrpura y empuñando una espada ceremonial, Fitzek dirigía un entramado ideológico y económico basado en estructuras propias, monedas alternativas y una autodenominada constitución. El grupo llegó a contar con unos 6.000 seguidores y mantenía una posición hostil hacia el orden jurídico alemán, al que consideraba ilegítimo.
La acción policial incluyó registros simultáneos en siete estados federados, el bloqueo de sus plataformas digitales y la incautación de documentos que prueban las actividades anticonstitucionales de la organización. Fitzek enfrenta también cargos por prácticas financieras ilegales, además de una condena previa por agredir a militares alemanes.
La prohibición ha sido respaldada por el canciller Friedrich Merz, quien subrayó que el Gobierno está comprometido con reforzar la seguridad y la democracia frente a las amenazas internas. La medida se produce en un contexto de creciente atención a la radicalización de ciertos sectores ultraderechistas, algunos de los cuales comparten terreno ideológico con formaciones políticas como Alternativa para Alemania (AfD), actualmente clasificada por los servicios de inteligencia como un “caso seguro de extremismo de derechas”.
Esta intervención no sólo responde a la necesidad de frenar un grupo aislado, sino que forma parte de una política de contención del extremismo, que busca desmontar redes que, bajo discursos de autodeterminación o rechazo al sistema, erosionan las bases del Estado democrático.