La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán ha condenado, esta semana, la masacre de más de 300 personas ocurrida en campamentos de desplazados en la provincia de Darfur, en el occidente del país.
Al iniciarse el tercer año de guerra, la misión ha lanzado una advertencia: el conflicto podría intensificarse aún más, arrastrando a la nación hacia una de sus etapas más oscuras.
Según sostiene su presidente, Mohamed Chande Othman, “debemos reflexionar sobre esta situación catastrófica y honrar las vidas perdidas o cambiadas para siempre.Tememos que los capítulos más oscuros de este conflicto aún no se hayan escrito”.
Desde el 15 de abril de 2023, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, miles de civiles han sido asesinados, violados, desplazados y privados de bienes esenciales como alimentos y agua. La destrucción ha alcanzado viviendas, hospitales, mercados e infraestructura civil y la situación humanitaria es crítica.
El ataque del 11 de abril contra los campamentos de Zamzam y Abu Shouk, así como contra la ciudad de El Fasher, dejó más de 300 muertos, entre ellos nueve trabajadores médicos de la ONG Relief International.
La misión -establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU-, ha recibido testimonios sobre asedios, saqueos y asesinatos en estas zonas, señalando a las Fuerzas de Apoyo Rápido como los principales responsables de estas atrocidades.
La hambruna persiste en Zamzam
Zamzam, uno de los campamentos de desplazados más grandes del país, alberga a unas 750.000 personas, la mitad de ellas niños.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), las condiciones de hambruna persisten en ese campamento desde agosto de 2024, y el acceso humanitario es prácticamente inexistente.
Actualmente, más de 24 millones de personas en Sudán enfrentan inseguridad alimentaria aguda, y más de doce millones han sido desplazadas, incluidos 3,5 millones que han huido del país.
“El impacto del conflicto en mujeres, niños y familias enteras es devastador”, apunta Joy Ngozi Ezeilo, integrante de la misión, urgiendo a “garantizar la rendición de cuentas, la ayuda humanitaria y apoyo psicosocial para las víctimas”.
Ataques de represalia
La misión también investiga ataques de represalia atribuidos a Fuerzas Armadas Sudanesas en algunas de las zonas que han retomado, incluyendo detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de presuntos simpatizantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En ciertos barrios de Jartum, la capital del país, se reportan arrestos masivos y desapariciones.
La misión ha instado a los más de 20 países con influencia sobre las partes en conflicto a implementar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.
“Los ataques deliberados contra civiles y personal médico son crímenes internacionales”, subraya Mona Rishmawi, integrante de la misión. “Los Estados tienen la obligación de no alimentar el conflicto con armas o financiación que puedan facilitar violaciones de derechos humanos”.