Desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Palestina, Gaza ha sido escenario de una destrucción que ha dejado profundas cicatrices en su población y territorio. A lo largo de los últimos meses, se ha intensificado una campaña militar que ha transformado el paisaje de Gaza en un desolado terreno de escombros. Según una investigación reciente de Amnistía Internacional, las fuerzas armadas israelíes han llevado a cabo una destrucción masiva de infraestructuras civiles en la Franja de Gaza, lo que ha generado acusaciones de crímenes de guerra por la naturaleza arbitraria y desproporcionada de los ataques.
Un perímetro de devastación
El análisis satelital de las imágenes capturadas entre octubre de 2023 y mayo de 2024 revela que el perímetro oriental de Gaza ha sido transformado en una zona de amortiguación, donde se ha arrasado sistemáticamente un área de entre 1 y 1,8 kilómetros de ancho. Esta franja, que incluye zonas residenciales, agrícolas e infraestructuras civiles, ha sido destruida bajo la justificación de crear una barrera de seguridad para proteger a las comunidades israelíes de futuros ataques provenientes de Gaza. Sin embargo, los daños infligidos van más allá de las necesidades militares, afectando de manera directa a la población civil palestina, que se ha visto forzada a abandonar sus hogares y tierras.
Más de 3.500 edificios han sido demolidos en esta zona, dejando a miles de personas sin hogar. Además, se ha arrasado una vasta extensión de tierras agrícolas, lo que ha provocado un deterioro notable en la salud y productividad de los cultivos. Esto no solo afecta a los agricultores, sino también al suministro alimentario de Gaza, que depende en gran medida de estas tierras fértiles.
La justificación israelí y las acusaciones internacionales
Las autoridades israelíes han defendido estas acciones como medidas necesarias para desmantelar infraestructuras terroristas, incluidos túneles y almacenes de armas, utilizados por Hamás y otros grupos armados palestinos. Sin embargo, los vídeos publicados por soldados israelíes en redes sociales y verificados por Amnistía Internacional muestran una celebración inhumana durante la demolición de viviendas y estructuras civiles. Estas imágenes han generado indignación internacional, al poner de manifiesto una campaña de destrucción que, en muchos casos, no tenía una justificación militar inmediata.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación de Amnistía Internacional, denunció que "la implacable campaña de devastación en Gaza es una destrucción arbitraria", que contraviene las normativas del derecho internacional humanitario. De acuerdo con estas leyes, cualquier destrucción de bienes civiles solo está permitida cuando existe una "necesidad militar imperiosa", lo que claramente no se ha respetado en numerosos casos documentados.
Khuza’a: un ejemplo de destrucción sistemática
Uno de los lugares más afectados por esta campaña es la localidad de Khuza’a, en el sur de Gaza. Esta pequeña comunidad agrícola, hogar de más de 11.000 palestinos, ha sido prácticamente borrada del mapa. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, las fuerzas israelíes destruyeron más de 850 estructuras en esta zona, utilizando tanto ataques aéreos como explosivos terrestres.
Las imágenes satelitales muestran que las demoliciones en Khuza’a no se realizaron en el contexto de un combate activo, sino después de que las fuerzas israelíes tomaran el control operativo de la zona. Esto sugiere que la destrucción fue deliberada y planificada, con el objetivo de vaciar la región y crear una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera con Israel.
Castigo colectivo: un crimen de guerra
El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente el castigo colectivo, que ocurre cuando se castiga a una población civil por acciones cometidas por grupos armados o individuos. En este caso, la demolición de barrios enteros y la destrucción de infraestructuras civiles como escuelas, mezquitas y viviendas no puede justificarse únicamente como una respuesta a los ataques de Hamás. Amnistía Internacional ha señalado que la magnitud de la destrucción sugiere una violación clara de las leyes internacionales, que prohíben la destrucción arbitraria de bienes civiles y cualquier forma de castigo colectivo.
Además, el impacto sobre la población es devastador. Familias enteras han perdido sus hogares y medios de subsistencia, y muchos residentes han sido desplazados. Tahani al Najjar, residente de Khuza’a, describió a Amnistía Internacional la destrucción de su comunidad: "Nuestra zona era conocida por su producción agrícola. Ahora, todo ha desaparecido. No solo hemos perdido nuestras casas, sino también nuestras tierras y nuestra forma de vida. Gaza entera se ha quedado sin producción alimentaria."
Shuja’iya: una tragedia en el corazón de Gaza
Otro de los barrios afectados es Shuja’iya, uno de los más grandes de la ciudad de Gaza. Aquí, más de 750 estructuras fueron demolidas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, afectando a miles de residentes. Las fuerzas armadas israelíes justificaron estas demoliciones argumentando que en muchos de estos edificios se almacenaban armas o se ocultaban entradas a túneles utilizados por grupos armados. Sin embargo, los vídeos verificados por Amnistía Internacional muestran la destrucción de viviendas sin una amenaza militar inmediata, lo que indica que muchas de estas acciones pueden haber sido innecesarias y desproporcionadas.
El futuro de Gaza: un territorio arrasado
La devastación en Gaza es total. La destrucción de infraestructuras esenciales, viviendas y tierras agrícolas ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Las demoliciones han privado a miles de personas de sus hogares, pero también han destruido los medios de vida de muchas familias, exacerbando una crisis humanitaria que ya era crítica.
El derecho internacional humanitario es claro: la destrucción de bienes civiles está prohibida salvo en casos de necesidad militar imperiosa, y el castigo colectivo está absolutamente prohibido. Las pruebas presentadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones sugieren que muchas de las demoliciones llevadas a cabo por las fuerzas israelíes en Gaza no cumplían con estos requisitos, lo que podría constituir crímenes de guerra.
Ante esta situación, la comunidad internacional debe actuar. Se requiere una investigación urgente e imparcial para esclarecer las responsabilidades de estos crímenes y garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación. Gaza no puede seguir siendo un escenario de destrucción impune. Las vidas y los derechos de sus habitantes deben ser protegidos, y los crímenes de guerra, castigados.