En un debate por el del Día de la Justicia Social, diversos expertos han explicado las oportunidades de avanzar en ese ámbito a través del diálogo tripartito, principalmente respecto a las disparidades económicas y sociales en América Latina y el Caribe.
Justicia social en el ámbito del trabajo: Un nuevo contrato social para América Latina ha tratado los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual por medio de trasformaciones justas, duraderas y pacíficas que apoyen los esfuerzos para promover sociedades basadas en igualdad, solidaridad y dignidad humana, aspectos principales de la justicia social.
Sistemas tripartitos: mesas de dialogo social
La mejor forma de enfrentar los desafíos del mundo actual es por medio de diálogos y consensos tripartitos, explica Antonio Palacios, vicepresidente jurídico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. “El diálogo social resulta un elemento totalmente necesario, esencial y determinante” para conseguir los objetivos de justicia social.
Andrea Marchant, presidenta del directorio ChileValora, una plataforma en Chile que por medio de certificaciones permite reconocer las aptitudes de los trabajadores en sus respectivos oficios, explica la funcionalidad e importancia de un dialogo tripartito.
Este es un sistema “resolutivo”, ya que crea y promueve “mesas de diálogo social”, donde se toman decisiones teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los sectores. ChileValora cuenta con un directorio tripartito, del cual nueve personas forman parte; tres de estas representan al Estado, otras tres a los trabajadores y las últimas tres a los empleadores chilenos.
Esta forma de diálogo busca “representar de mejor manera a los trabajadores que sufren de la precariedad laboral”, explicó Marchant, poniendo como ejemplo la necesidad de remuneraciones más justas para ayudar a la precariedad laboral en Chile.
Justicia social que se ajuste a la diversidad cultural
Parte de los objetivos principales que se deben tener en la región son las “profundas disparidades económicas y sociales” al igual que las “desigualdades estructurales que siguen arraigadas”, profundiza Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se deben buscar rutas políticas económicas sostenibles, un ejemplo de esto es por medio del trabajo decente y el acceso equitativo a este, que “es un medio y un fin para alcanzar objetivos de desarrollo más amplios”.
Moreira también explica que la justicia social se debe “ajustar a los diversos grupos que forman parte de la zona”, lo cual se puede lograr por medio de un diálogo que fomente la diversidad cultural de América Latina y el Caribe.
El primer cambio es mental
“El cambio es primero mental”, señala el jefe de la Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú. “Los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que estamos viviendo un momento de equilibrios frágiles y que la condición para poder retomar nuestro futuro en mano (...) es asegurar que nuestras políticas incluyan la sostenibilidad y una visión de largo plazo”, continua Jérôme Poussielgue.
“Sin justicia social se promueve un ambiente disruptivo”, en el cual el desarrollo económico y social es imposible.
“Es ahora o nunca” insta Poussielgue, haciendo énfasis en los problemas actuales como el cambio climático, las turbulencias políticas y el crecimiento demográfico “que nos obligan a organizarnos para poder dar a todas las personas educación, salud y dignidad”.
Dar visibilidad a los más vulnerables
Tania Pariona, activista indígena peruana y miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, explica cómo, por otro lado, se debe tomar en cuenta a los grupos más vulnerables dentro de estos diálogos y considerar a las comunidades indígenas en las políticas públicas, ya que las “desigualdades que parten desde la exclusión y vulneran los derechos humanos”, y el tener diversas perspectivas es lo que puede conseguir un cambio.
Además, Pariona profundiza en por qué las situaciones de desigualdad “no se pueden erradicar” sin la perspectiva de las mujeres indígenas. Este grupo social es uno de los más vulnerables y su participación es “fundamental” para construir sociedades igualitarias e interculturales, ya que es necesaria una participación equitativa de todos los grupos sociales en la región.
“Los escenarios de violencia obstaculizan un ejercicio pleno de la participación y una vida en condiciones más dignas”, esta violencia, especialmente hacia las mujeres “tiene consecuencias multidimensionales” tanto en la vida individual como en la colectiva, “si las mujeres nos empoderamos (…) también podemos transformar de manera colectiva a la comunidad”, dice.
Asimismo, la activista recalca la importancia de valorar el arduo trabajo de los organismos internacionales para apoyar esta diversidad, poniendo como ejemplo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales que busca proteger los derechos de estos, y reconoce sus valores sociales y culturales.