La detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha desencadenado una profunda crisis política y social en Turquía. Desde que fue arrestado el pasado miércoles durante una operación policial en su domicilio, miles de ciudadanos han salido a las calles para manifestarse contra lo que consideran una persecución política orquestada por el gobierno central. Las protestas, que se extienden ya por cinco noches consecutivas, han tenido como epicentro Estambul, pero también han alcanzado otras grandes ciudades como Ankara, Esmirna y Bursa.
İmamoğlu, una de las figuras más carismáticas y con mayor proyección dentro de la oposición turca, fue detenido bajo acusaciones de corrupción, manipulación de contratos públicos, aceptación de sobornos y uso indebido de datos personales. Aunque el tribunal desestimó por el momento los cargos de colaboración con organizaciones terroristas, la Fiscalía ha dejado la puerta abierta a nuevas imputaciones en ese sentido.
La Justicia turca ordenó su ingreso en prisión preventiva el pasado domingo, a la espera del desarrollo del juicio. La decisión judicial ha sido recibida con un aluvión de críticas tanto a nivel nacional como internacional, en especial por la rapidez del proceso y la opacidad en torno a las pruebas presentadas, que levantan sospechas sobre si el encarcelamiento de İmamoğlu podría estar motivado por su creciente popularidad y su papel como principal adversario del presidente Recep Tayyip Erdoğande cara a las elecciones presidenciales previstas para 2028.
Suspensión del cargo y reacción política
En paralelo a la orden judicial, el Ministerio del Interior decretó la suspensión temporal de İmamoğlu como alcalde, una medida que, si bien se ajusta a los procedimientos legales turcos, puede tratarse de una maniobra para debilitar al principal bastión político de la oposición. El Partido Republicano del Pueblo (CHP), al que pertenece el edil, conserva la mayoría en el consejo municipal, lo que permitiría, al menos por ahora, garantizar la continuidad institucional sin cambios drásticos en la gestión local.
El mensaje enviado por İmamoğlu desde la prisión de Silivri ha calado hondo en sus simpatizantes. En él, llama a la movilización pacífica y a una defensa firme de los valores democráticos: "Invito a mis 86 millones de ciudadanos a correr a las urnas y anunciar su lucha por la democracia y la justicia a todo el mundo. Me mantengo firme, nunca me rendiré".
Represión en las calles y advertencias del gobierno
Las manifestaciones, inicialmente pacíficas, han derivado en algunos casos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La policía antidisturbios ha empleado gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, mientras que se reportan episodios de violencia, con lanzamiento de piedras y bengalas por parte de algunos grupos radicalizados. Más de 300 personas han sido detenidas hasta la fecha.
El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, ha advertido que se impondrá una política de "tolerancia cero" frente a quienes "provoquen o inciten al caos". Por su parte, el presidente Erdoğan ha asegurado que el proceso judicial se está llevando a cabo de forma independiente, sin interferencias políticas, aunque sus palabras no han logrado disipar las sospechas en amplios sectores de la sociedad turca y de la comunidad internacional.
"Si tenéis valor, dejad que la democracia y la ley funcionen. Si tenéis valor, dejad que los tribunales tomen sus decisiones en nombre de la nación turca sin ninguna presión", declaró Erdoğan durante un acto público, en un tono desafiante que ha polarizado aún más el debate.
Un punto de inflexión para la democracia turca
La detención de İmamoğlu representa un punto de inflexión en la política turca. Para muchos, el encarcelamiento del alcalde de la ciudad más poblada del país no solo pone en cuestión la independencia del poder judicial, sino que también revela un endurecimiento del aparato estatal frente a la disidencia política.
Organizaciones de derechos humanos, así como gobiernos europeos y entidades multilaterales, han comenzado a expresar su preocupación ante la deriva autoritaria del Ejecutivo turco. Mientras tanto, las protestas no dan señales de amainar y podrían intensificarse si se prolonga la reclusión del líder opositor.