Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado al Gobierno restablecer el acceso de la agencia de noticias Associated Press (AP) a los eventos oficiales de la Casa Blanca, tras un veto indefinido que impedía su cobertura. La medida, aunque preliminar, supone un importante respaldo judicial a la libertad de expresión y un duro revés para la política informativa de la Administración Trump, que había castigado a AP por motivos claramente ideológicos.
El juez Trevor McFadden, nombrado por el propio Donald Trump durante su primer mandato, basó su resolución en la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe la discriminación por opiniones, incluso dentro de espacios considerados privados como el Despacho Oval. Aunque dejó claro que no se trata de un privilegio, sí subrayó que el Gobierno no puede imponer un trato desigual a un medio de comunicación por su línea editorial.
La opinión no puede ser un motivo de castigo
La controversia comenzó en febrero, cuando la Casa Blanca retiró el acceso de AP por seguir utilizando el término geográfico tradicional “golfo de México”, en lugar de “golfo de América”, denominación impulsada unilateralmente por el entonces presidente Trump. La decisión fue interpretada como una represalia directa contra un medio crítico, lo que provocó la intervención del poder judicial.
En su dictamen, McFadden señaló que no hay ninguna explicación plausible para el trato que recibió la agencia, más allá de la disconformidad del Gobierno con su enfoque editorial. “El Gobierno no puede cerrar las puertas a periodistas por sus puntos de vista”, afirmó el magistrado en una sentencia de 41 páginas, recogida por medios estadounidenses. Si bien el fallo no obliga a conceder acceso permanente, sí garantiza que AP sea tratada en igualdad de condiciones respecto al resto de medios acreditados.
Una advertencia contra los abusos del poder
Tras conocerse la decisión, la portavoz de Associated Press, Lauren Easton, celebró el fallo por reafirmar que “la libertad de prensa y del público a expresarse sin represalias está protegida por la Constitución”. No obstante, lamentó el impacto económico y operativo que la exclusión ha tenido en estos dos meses, durante los cuales la agencia fue apartada del corazón del poder ejecutivo.
Este caso se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre el periodismo independiente y los intentos de censura institucional. En un contexto global de creciente presión sobre los medios, la sentencia lanza una advertencia clara: la libertad de expresión no puede estar condicionada por la voluntad del poder político. El acceso a la información es un derecho fundamental, y ningún Gobierno democrático puede convertirlo en un instrumento de castigo o control.