Dos años y medio después de que comenzaran las protestas Mujer, Vida, Libertad en septiembre de 2022, el Gobierno de Irán sigue intensificando sus esfuerzos para restringir los derechos de las mujeres y las niñas, y de otras personas que exigen derechos humanos, como una estrategia para aplastar la disidencia, según advierte el informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán.
Estas medidas represivas se producen a pesar de que el actual presidente, Masoud Pezeshkian, aseguró antes de las elecciones que suavizaría la estricta aplicación de las leyes sobre el hiyab obligatorio. Según el informe, dichas medidas implican un mayor uso de la tecnología y la vigilancia, incluso a través de la vigilancia patrocinada por el Estado, que vulnera aún más los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas.
Desde abril de 2024, el Estado ha incrementado la vigilancia y la persecución penal de las mujeres que desafían el hiyab obligatorio mediante la adopción del llamado plan Noor. Las defensoras y activistas de los derechos humanos han seguido enfrentándose a sanciones penales, como multas, largas penas de prisión y, en algunos casos, la pena de muerte, por realizar actividades pacíficas en apoyo de los derechos humanos.
El informe concluye que estas medidas reflejan la continua conducta persecutoria del Estado dirigida a suprimir los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y su derecho a la igualdad.
Persecución contra las víctimas de tortura
Los actos de persecución se dirigieron también contra las víctimas de tortura, uso de la fuerza y otras violaciones cometidas durante las protestas y sus familias, a quienes se ha intimidado sistemáticamente para que guarden silencio sobre los daños sufridos durante las protestas, y contra quienes actúan en solidaridad con ellas, como defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas. Muchos de los perseguidos se han visto obligados a abandonar el país desde entonces.
Además de intensificar la vigilancia, el Estado ha ampliado las restricciones sobre el espacio digital, extendiendo su represión más allá de las fronteras de Irán para silenciar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los periodistas, que hablan desde el extranjero, según el informe.
Hasta la fecha, 10 hombres han sido ejecutados en el contexto de las protestas, y al menos 11 hombres y tres mujeres siguen en peligro de ser ejecutados, en un contexto de grave preocupación por la observancia del derecho a un juicio justo, incluido el uso de confesiones adulteradas mediante tortura, y de violaciones de las garantías procesales.
El Estado niega su responsabilidad
La Misión ha examinado la información proporcionada por las víctimas y los testigos, así como por el Gobierno, y recopilada a través de amplias investigaciones de fuentes abiertas, en relación con los esfuerzos de rendición de cuentas a nivel nacional. Durante esa tarea, comprobó que, aunque se han adoptado algunas medidas, como algunos procesamientos de agentes de las fuerzas del orden por uso ilegítimo de la fuerza y el pago de indemnizaciones a las víctimas, estas medidas "siguen siendo esporádicas e inadecuadas".
Más aún, el Estado ha negado en gran medida su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales, según la Misión, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Según el informe, su sistema judicial carece de independencia básica, y a las víctimas y a las familias que piden responsabilidades no sólo se les niega la justicia, sino que son continuamente intimidadas, amenazadas, detenidas y sometidas a enjuiciamiento penal.
“Aunque es obligación primordial del gobierno de Irán ofrecer reparación a las víctimas, hemos oído decir a innumerables víctimas y supervivientes que no tienen ni confianza ni seguridad en el sistema judicial y legal iraní para ofrecer verdad, justicia y reparaciones significativas”, dice Shaheen Sardar Ali, miembro de la Misión. “Por lo tanto, es imperativo que se sigan aplicando medidas exhaustivas de rendición de cuentas también fuera del país”, añade.
Violaciones en grupo, tortura y persecución de minorías
A lo largo de dos años, la Misión de Investigación ha recopilado y conservado un amplio volumen de pruebas, que incluye más de 38.000 elementos probatorios, y ha entrevistado a 285 víctimas y testigos.
La Misión también ha investigado más casos de violación de mujeres manifestantes, incluida la violación en grupo, y de muertes de manifestantes calificadas por el Estado de “suicidios”, así como el uso generalizado de simulacros de ejecución de detenidos, lo que equivale a tortura.
En relación con los niños, la misión ha comprobado que las fuerzas de seguridad hacían poca o ninguna distinción entre manifestantes adultos y niños, sometiéndolos a un trato similar, que incluía uso ilegítimo de la fuerza, tortura y diversas violaciones del derecho a un juicio justo.
Reforzando las pruebas en las que se basaban sus conclusiones anteriores, la Misión ha descubierto que las minorías étnicas y religiosas, en particular kurdos y baluchis, así como las personas LGBTQ+, fueron especialmente atacadas en el contexto de las protestas y víctimas de violaciones y delitos, incluida la persecución.
La Misión de Investigación también ha ampliado su investigación sobre las funciones, estructuras y responsabilidades de entidades estatales.
Al reconocer que los problemas de derechos humanos en Irán son a la vez complejos y amplios y exceden el mandato de la actual Misión, el informe pide al Consejo de Derechos Humanos que considere la posibilidad de nombrar un nuevo órgano independiente para dar seguimiento a la labor de la Misión.