La Corte Internacional de Justicia ha emitido una opinión consultiva de gran calado político y jurídico: el cambio climático es un “riesgo universal existencial” y los Estados tienen el deber de prevenirlo. No se trata ya de compromisos morales o promesas electorales, sino de obligaciones legales que, si se incumplen, conllevan responsabilidad internacional. Un punto de inflexión en la lucha contra el colapso climático.
La ciencia ya lo había dicho. Las calles lo gritaban. Ahora, también lo sentencia la justicia internacional. El cambio climático no es una amenaza lejana ni abstracta. Es un riesgo real, presente y provocado, según ha determinado de forma “inequívoca” la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por la acción humana. Y no actuar ante él, advierte la Corte, viola el derecho internacional.
En su opinión consultiva publicada este miércoles, la CIJ —máximo órgano judicial de las Naciones Unidas— ha dejado claro que los Estados no pueden seguir retrasando su responsabilidad: deben prevenir, mitigar y reparar los efectos del calentamiento global. Lo que está en juego ya no es solo el futuro del planeta, sino la legalidad de las políticas (o la ausencia de ellas) que decidan implementar o eludir.
De la retórica a la obligación jurídica
A menudo envuelto en discursos voluntaristas o vacíos, el compromiso climático adquiere ahora un nuevo rango: el de obligación internacional exigible. Según la Corte, los gobiernos —especialmente los países industrializados que figuran en el Anexo I de la Convención Marco sobre el Cambio Climático— están obligados a liderar la transición ecológica. Esto incluye reducir emisiones, cooperar con otros países, y aportar recursos financieros y tecnológicos de forma justa y equitativa.
En virtud del Acuerdo de París, los Estados deben presentar contribuciones nacionales sucesivas y cada vez más ambiciosas, con el objetivo compartido de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Ya no es una meta simbólica, sino una línea roja reconocida jurídicamente.
Además, la CIJ recuerda que hay que actuar con debida diligencia, cooperar de buena fe, y utilizar todos los medios disponibles para evitar daños ambientales graves. No se trata de recomendaciones técnicas, sino de mandatos legales. Ignorarlos implica responsabilidad.
Derechos humanos y reparación: el nuevo marco de exigencia
Uno de los aspectos más relevantes del dictamen es su enlace directo con los derechos humanos. La Corte subraya que los Estados están obligados a proteger el sistema climático no solo por razones ecológicas, sino para garantizar condiciones de vida dignas, seguras y saludables a las personas. De este modo, el daño climático no es solo una catástrofe ambiental, sino una violación de derechos fundamentales.
En caso de incumplimiento, los Estados podrían enfrentarse a consecuencias jurídicas concretas: desde el cese de las actividades ilícitas hasta reparaciones económicas, siempre que se pruebe un vínculo causal entre el daño causado y el comportamiento del Estado infractor.
No es una amenaza vacía. El dictamen allana el camino a litigios internacionales y a un endurecimiento del marco normativo global. La tolerancia hacia las excusas políticas, la inacción planificada y los intereses fósiles disfrazados de pragmatismo económico tiene ahora un límite legal.
El planeta no puede esperar, y la justicia tampoco. Este fallo histórico no solo señala la magnitud del desafío climático, sino también la responsabilidad de los gobiernos. Lo que hasta ayer podía camuflarse con discursos ambiguos, hoy se convierte en deber jurídico ineludible.
Queda por ver qué Estados estarán a la altura de esta exigencia y cuáles seguirán apelando a la lentitud, a la confusión o a supuestos equilibrios económicos para no incomodar a los grandes contaminadores.