El Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria anunció ayer, jueves, la paralización del proyecto sobre un incinerador de residuos combustibles en el centro de Sofía, que tenía el respaldo financiero de la Unión Europea. Los residuos serían utilizados para generar calor y electricidad.
Diez años de lucha
Hace diez años el grupo ambientalista Por La Tierra cuestionó los riesgos potenciales para la salud humana del proyecto. Fue entonces cuando comenzaron las movilizaciones ciudadanas y también la lucha por la vía judicial. Los vecinos de Sofía se han movilizado durante años ante el temor de la contaminación del aire, especialmente durante la temporada de invierno. Sin haberse instalado esta incineradora, la calidad del aire ya es peligrosa para la salud en muchos momentos, por lo que el temor al empeoramiento era justificado.
Precisamente por ello, hace dos años, el Supremo búlgaro ya determinó que el municipio de Sofía debía tomar medidas urgentes para mejorar la calidad del aire.
Licitación ilegal
A comienzos de 2023, estaba todo preparado para que la incineradora se construyera cerca del centro de la capital búlgara, Sofía, donde había 1,2 millones de habitantes. El lugar concreto pertenecía a la empresa municipal de calefacción "Central Toplofikatsia". Esta empresa se vio obligada entonces a cancelar el concurso para seleccionar a la empresa que desarrollaría la construcción de la incineradora a causa de irregularidades. En un primer momento, se eligió a un consorcio de empresas búlgaras, turcas y tres chinas, para construir la planta. El procedimiento de licitación fue impugnado y el tribunal determinó que se había llevado a cabo de manera ilegal.
Suspensión del proyecto por sentencia del Supremo
Finalmente, ayer, jueves, el Supremo puso fin a los proyectos y anuló la evaluación ambiental que había sido emitida en 2015, considerando que faltan pruebas para asegurar que la tecnología propuesta para quemar los residuos procesados sea segura para la salud de la ciudadanía.
En la sentencia del Supremo búlgaro se señala que "El órgano administrativo aceptó el informe de evaluación ambiental, a pesar de circunstancias poco claras sobre el impacto esperado de la actividad de la instalación en la salud humana y su impacto en el medio ambiente".
Con la decisión judicial anunciada ayer, se puso fin a un proyecto cuyo coste era de 185 millones de euros.
Consecuencias y pérdidas
La sentencia publicada ayer supondrá que el municipio de Sofía, que es el propietario de la central Toplofikatsia, perderá la financiación de la UE para el proyecto de 90 millones de euros. El valor total del proyecto se estimaba en 185 millones de euros. De estas cantidades, el municipio habría recibido ya 35 millones de euros de la UE que ahora tendrá que devolver.
Búsqueda de alternativa
Según indica Euractiv, el mayor problema al que se enfrenta la capital búlgara es el de buscar una alternativa al combustible RDF, que era el que se pretendía obtener de la incineradora.
Actualmente, el RDF se quema en plantas de cemento búlgaras, pero hace años que el interés por este recurso ha perdido interés.