La apertura de una investigación penal pionera por parte de la Fiscalía de Barcelona marca un hito en la recuperación de la memoria histórica en España. Por primera vez, se examinarán las torturas infligidas por la policía franquista en la emblemática comisaría de Via Laietana, en virtud de la nueva Ley de Memoria Democrática, que pone el foco en el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La denuncia de una persona detenida en 1977 en la comisaría de Via Laietana ha impulsado a la Fiscalía de Barcelona a actuar. En una decisión sin precedentes, el Ministerio Público ha abierto diligencias para investigar las torturas sufridas durante el franquismo, una actuación que responde al nuevo marco jurídico de la Ley de Memoria Democrática, aprobada para reparar décadas de silencio y desmemoria institucional.
Esta normativa reconoce que el olvido no puede ser política de Estado cuando hay víctimas que siguen reclamando justicia. Así lo refleja la nota de prensa difundida por la Fiscalía, que subraya que esta ley obliga a los poderes públicos a garantizar "el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición", principios recogidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y respaldados por la Constitución Española.
Lejos de tratarse de una mera formalidad, esta investigación se asienta sobre una voluntad explícita de reparación. La Fiscalía ha recordado que en anteriores actuaciones ya defendió que la aplicación de la nueva ley no exige que la única finalidad sea la persecución penal. Más allá de la posibilidad de enjuiciar a los responsables, algo que podría verse limitado por cuestiones como la prescripción o la ley de amnistía, el objetivo es garantizar a las víctimas un proceso efectivo que reconozca sus derechos y su sufrimiento.
Via Laietana, símbolo del aparato represivo del franquismo en Barcelona, se convierte así en el escenario de una investigación que puede abrir la puerta a nuevas causas. El paso dado por la Fiscalía representa un giro institucional de gran calado, al asumir que el silencio no es neutral y que investigar los abusos del pasado no solo es un acto de justicia, sino también de dignidad democrática.
La memoria no prescribe. Y ahora, la Justicia empieza a abrir los ojos ante una parte del pasado que nunca debió quedar en la sombra.