“Tenemos que asegurarnos de que resistimos a todos los esfuerzos por difundir el miedo o incitar al odio, incluidas las narrativas aborrecibles y deshumanizadoras, ya sean insidiosas o explícitas”, ha afirmado esta semana en su discurso de clausura de la sesión sobre los Territorios Palestinos Ocupados del Consejo de Derechos Humanos.
“Mi Oficina seguirá trabajando en favor de la justicia para todas las víctimas y supervivientes, estableciendo y documentando los hechos y defendiendo firmemente la rendición de cuentas y el Estado de derecho sin excepción”, señalaba.
Las tropas eritreas siguen cometiendo graves violaciones en Etiopía
El organismo de derechos humanos también centró su atención en Eritrea, donde, a pesar de algunos avances largamente esperados en la mejora de la vida de los eritreos de a pie, las autoridades del país siguen siendo responsables de presuntos delitos graves generalizados, incluso dentro de la vecina Etiopía.
La subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, afirmó que las Fuerzas de Defensa eritreas han seguido perpetrando graves crímenes en la región etíope de Tigray y en otros lugares con total impunidad.
“Nuestra Oficina tiene información creíble de que las Fuerzas de Defensa de Eritrea permanecen en Tigray y están cometiendo violaciones, incluidos secuestros, saqueos de propiedades y detenciones arbitrarias”, dijo antes de pedir la retirada inmediata de los soldados eritreos.
Tras un acercamiento entre los antiguos enemigos Eritrea y Etiopía en 2018, Asmara envió tropas a luchar junto a las tropas federales etíopes contra los rebeldes separatistas durante los dos años de conflicto en Tigray, Amhara, Afar y Oromia.
Sin justicia a la vista
“En el contexto actual, no hay ninguna perspectiva probable de que el sistema judicial nacional haga rendir cuentas a los autores de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto de Tigray y en otros casos”, expuso la funcionaria de la ONU ante el Consejo.
En un debate que pretendía abordar las preocupaciones que desde hace tiempo suscita en el Consejo el historial de Eritrea en materia de derechos humanos, Brands Kehris reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades para impulsar los servicios sanitarios esenciales a más de un millón de recién nacidos, niños y mujeres el año pasado con la ayuda de la ONU, y para ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en diciembre.
Continúan los abusos del servicio militar obligatorio
Sin embargo, “persisten graves preocupaciones” sobre el sistema de reclutamiento militar forzoso indefinido de Eritrea. Esta práctica está vinculada desde hace tiempo a trabajos abusivos, torturas y violencia sexual que siguen obligando a los jóvenes a huir del país, apuntó Brands-Kehris.
Además, “el castigo de las familias de los desertores del servicio militar sigue siendo muy común, una práctica inhumana contra la que no se han tomado medidas”.
Haciéndose eco de anteriores informes inquietantes solicitados por Derechos Humanos sobre el historial de derechos de Eritrea, la funcionaria de la ONU afirmó que la detención sin juicio “sigue siendo la norma”, con muchos políticos, periodistas, creyentes religiosos y desertores del servicio militar incomunicados.
No hay indicios de que se vaya a luchar contra la impunidad por violaciones de derechos humanos bien documentadas en el pasado, comentó la subsecretaria general.
En respuesta por parte de Eritrea, Habtom Zerai Ghirmai, encargado de negocios interino ante la ONU en Ginebra, negó las acusaciones, calificándolas de exageradas y engañosas.
Sudán: Nos asomamos al abismo, advierte Türk
El siguiente tema fue la difícil situación de la población sudanesa devastada por la guerra, que ha sido objeto de crímenes atroces por todas las partes en conflicto, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra.
En la actualidad, más de 600.000 sudaneses “están al borde de la inanición”, según el responsable de derechos humanos, Volker Türk. “Según los informes, la hambruna se ha apoderado de cinco zonas, entre ellas el campo de desplazados de Zamzam, en el norte de Darfur, donde el Programa Mundial de Alimentos acaba de verse obligado a suspender sus operaciones de salvamento debido a los intensos combates”.
Otras cinco zonas podrían sufrir hambruna en los próximos tres meses y 17 más corren peligro, dijo, y pidió a todos los Estados miembros que presionen urgentemente para lograr un alto el fuego y aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés.
Al presentar el informe anual de su Oficina sobre la situación en Sudán, Türk señaló que el conflicto armado entre ejércitos rivales que estalló en abril de 2023 tras la ruptura del proceso de transición a un gobierno civil ha generado “la mayor catástrofe humanitaria del mundo”.
El informe del Alto Comisionado detalla las innumerables violaciones y abusos cometidos en Sudán y subraya la necesidad de rendir cuentas.
Impunidad absoluta
“Nos asomamos al abismo. Las agencias humanitarias advierten de que, si no se actúa para poner fin a la guerra, suministrar ayuda de emergencia y recuperar la agricultura, cientos de miles de personas podrían morir”, insistió Türk y añadió que la espiral de la situación en Sudán era “el resultado de graves y flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y de una cultura de impunidad absoluta”.
“A medida que los combates se han extendido por todo el país, se han sucedido terribles niveles de violencia sexual. Más de la mitad de las violaciones denunciadas fueron colectivas, lo que indica que la violencia sexual se está utilizando como arma de guerra”, explicó Türk. “Sudán es un polvorín, al borde de una nueva explosión hacia el caos”, añadió.
Respondiendo en nombre de Sudán, el ministro de Justicia, Moawia Osman Mohamed Khair Mohamed Ahmed, rechazó las acusaciones de que las Fuerzas Armadas Sudanesas fueran responsables de cualquiera de las violaciones de derechos detalladas en el informe del Alto Comisionado.
Indiferentes al sufrimiento
Hanaa Eltigani, representante de la sociedad civil sudanesa, describió múltiples homicidios en masa de civiles atribuidos a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, entre ellos el de Geneina, su bombardeo del campo de desplazados de Zamzan, en Darfur Septentrional, y otros abusos extremos de derechos, como violaciones en grupo y el reclutamiento forzoso de niños, incluidos refugiados sursudaneses.
Además, las Fuerzas Armadas Sudanesas “lanzaron ataques aéreos y terrestres, atacando las aldeas de Meneigo y Al-Igibesh en Kordofán Occidental, bombardeando zonas civiles en Nyala, Darfur Meridional”, prosiguió Eltigani, secretaria general adjunta de la Red de Jóvenes Ciudadanos Observadores (Youth Citizens Observers Network), insistiendo en que mientras el sufrimiento de la población de su país es “acogido con indiferencia, el flujo de armas procedentes del extranjero continúa sin control”.
Las Fuerzas Armadas Sudanesas también llevaron a cabo ejecuciones en Al-Jazira, mantuvo Eltigani, “donde las víctimas fueron masacradas o arrojadas vivas al Nilo”.
La opresión talibán se agrava en Afganistán
Volviendo a Afganistán, el Consejo escuchó a continuación que la opresión y persecución de mujeres, niñas y minorías por parte de las autoridades de facto ha empeorado, sin signos de mejora.
“Unos 23 millones de personas, casi la mitad de la población, necesitan ayuda humanitaria, una situación que ha empeorado drásticamente por las pausas y los recortes de la ayuda internacional”, declaró el relator especial* sobre Afganistán, Richard Bennett.
El experto independiente en derechos humanos, que no forma parte del personal de la ONU, advirtió de que, si no se les pone freno, es probable que los talibanes “intensifiquen, amplíen y afiancen aún más sus medidas violatorias de los derechos de la población afgana, en particular de las mujeres y las niñas, y probablemente de las minorías religiosas y étnicas”.
“La falta de una respuesta firme y unificada de la comunidad internacional ya ha envalentonado a los talibanes. Le debemos al pueblo de Afganistán no envalentonarlos aún más con una inacción continuada”.
Los talibanes tomaron el poder en 2021 y desde entonces han aprobado una serie de leyes que han coartado gravemente las libertades de las mujeres y las niñas. Entre ellas se incluye la prohibición de que las mujeres y las niñas asistan a la mayoría de las aulas, canten o hablen fuera de sus casas, así como de que viajen sin un tutor masculino.
Opresión institucionalizada
En diciembre también se prohibió a las mujeres estudiar medicina. También se han prohibido las ventanas de los edificios residenciales con el argumento de que las mujeres podrían ser vistas a través de ellas.
“Afganistán es ahora el epicentro de un sistema institucionalizado de discriminación, opresión y dominación por razón de género que equivale a crímenes contra la humanidad, incluido el crimen de persecución por razón de género”, afirmó Bennett al presentar su informe.
Bennett instó a los Estados a garantizar que cualquier normalización de los lazos diplomáticos con los talibanes dependa de mejoras demostradas en materia de derechos humanos. “No debemos permitir que la historia se repita”, dijo Bennett. “Hacerlo tendrá consecuencias catastróficas dentro y fuera de Afganistán”.