El jueves pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó el arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como del comandante de Hamas, Mohammed Mohammed Deif (presuntamente muerto), por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.
Esas órdenes pueden ayudar a salvar vidas, por lo que deben respetarse y cumplirse a rajatabla, han dicho unos 30 expertos de la ONU derechos humanos y tres grupos de trabajo especializados en ese campo.
Paso histórico
En un comunicado conjunto, los especialistas destacaron la decisión de la Corte como “un paso histórico hacia la justicia y la rendición de cuentas”.
Las órdenes de arresto también ofrecen la esperanza “de poner fin a décadas de impunidad por las graves violaciones del derecho internacional cometidas desde hace mucho tiempo en los territorios palestinos ocupados”, afirmaron los expertos.
Según los relatores especiales, la prolongada falta de rendición de cuentas, en particular de parte de Israel, ha sido un factor que ha permitido la creciente e insostenible violencia en la región, afectando a la vida y el futuro tanto de los palestinos como de los israelíes.
Responsabilidad de los Estados
Millones de personas en Medio Oriente, y específicamente en la Franja de Gaza, sufren atrocidades abominables, apuntaron los expertos, y aseveraron que es responsabilidad de todos los Estados demostrar su compromiso con la justicia y la defensa del derecho internacional de manera universal, sin prejuicios ni dobles raseros.
“La administración de justicia es a menudo el resultado de un esfuerzo colectivo, por lo que exhortamos a los tribunales nacionales a que contribuyan y complementen la labor fundamental que realiza la Corte Penal Internacional".
“El cumplimiento de las órdenes de arresto es fundamental para superar la impunidad de larga data, que beneficia a los perpetradores, y para poner fin a los crímenes graves en los territorios palestinos ocupados e Israel”, enfatizaron.
Derecho a la reparación
Los expertos se pronunciaron en favor del derecho fundamental de las víctimas y sus familias “a una reparación integral y significativa”, instando a todas las partes pertinentes a garantizar el respeto de sus derechos.
En este sentido, precisaron que para asegurar los derechos de las víctimas y sus familias, “es imperativo que la Corte Penal Internacional pueda llevar a cabo su trabajo sin interferencias ni otras presiones indebidas”.
Los Estados tienen la obligación jurídica y moral de respetar el derecho internacional y castigar a los criminales de guerra, por lo que el cumplimiento de las órdenes del máximo tribunal criminal del mundo recae en los gobiernos.
Atrocidades documentadas
Los expertos independientes han recibido y documentado pruebas de graves violaciones del derecho internacional cometidas contra la población civil a partir del 7 de octubre de 2023, cuando empezó la arremetida militar contra Gaza y el resto de los territorios palestinos ocupados.
Muchas de esas transgresiones constituyen crímenes de guerra o de lesa humanidad que no deben quedar impunes y deben cesar de inmediato, subrayaron.