En un giro que tensa aún más el equilibrio entre poderes en Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones ha restablecido de forma cautelar los polémicos aranceles comerciales impulsados por Donald Trump. La decisión se produce mientras el Gobierno apela el reciente fallo de una corte inferior que los había anulado por inconstitucionales.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha decidido mantener vigentes, por ahora, los aranceles comerciales impuestos durante el mandato de Donald Trump. Esta resolución se adopta en respuesta a un recurso interpuesto por el Ejecutivo federal contra la sentencia de la Corte de Comercio Internacional, que horas antes había bloqueado la mayoría de estas tasas, al considerar que el expresidente se extralimitó en sus competencias.
"La solicitud de suspensión administrativa inmediata se estima […] hasta nuevo aviso", recoge el comunicado emitido por el tribunal. Esta suspensión cautelar estará en vigor mientras se estudian los documentos del caso y se evalúa la legalidad del recurso gubernamental. Las partes involucradas tienen hasta el 9 de junio para presentar sus alegaciones. A partir de esa fecha, el tribunal podrá pronunciarse de forma definitiva.
Choque entre poderes
La decisión original de la Corte de Comercio Internacional fue contundente. En su fallo, tres jueces sostuvieron que los "aranceles recíprocos" aplicados a 184 países por la Administración Trump "exceden cualquier autoridad otorgada" por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales de 1977. Según los magistrados, la Constitución reserva al Congreso —no al presidente— la facultad de imponer tasas aduaneras de este tipo.
El tribunal inferior ordenó la suspensión permanente de los aranceles por considerarlos inadmisibles y carentes de sustento legal. Su resolución respondía tanto a una demanda presentada por cinco empresas estadounidenses importadoras como a una acción conjunta interpuesta por doce estados —la mayoría gobernados por demócratas— afectados por estas políticas comerciales.
Los aranceles cuestionados incluían un gravamen del 145% sobre productos chinos, además del 25% aplicado a importaciones de Canadá y México. Si bien no todos fueron anulados (algunos como los del acero y el aluminio fueron aprobados por otras vías legislativas), la medida de Trump del 2 de abril —que él mismo calificó como “aranceles recíprocos amistosos”— fue uno de los puntos más atacados por los demandantes.
Reacciones y tensión institucional
Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt ha cargado contra la decisión judicial: "Los tribunales no deberían tener ningún papel en este asunto". En sus declaraciones, denunció una “tendencia preocupante” de injerencia judicial en el proceso de toma de decisiones presidenciales, y reclamó que el Tribunal Supremo zanje definitivamente el caso.
El tono fue aún más incendiario por parte de Stephen Miller, subdirector del gabinete político de Trump, quien habló abiertamente de un "golpe de Estado judicial" y denunció que el país vive bajo una “tiranía” de los tribunales.
Mientras tanto, el propio Donald Trump ha optado por el silencio público, aunque en el pasado defendió estas medidas como un acto de “independencia económica”, asegurando que Estados Unidos había sido “estafado durante décadas” por sus socios comerciales.