La nueva maniobra del presidente impone una pausa indefinida a la emisión de visados mientras su Gobierno planea escrutar las redes sociales de estudiantes extranjeros.
En un nuevo giro de su política migratoria restrictiva y de confrontación ideológica, la Administración de Donald Trump ha ordenado detener la emisión de visados estudiantiles con el objetivo de implementar un sistema de revisión de redes sociales para todos los solicitantes. Esta medida, sin precedentes en su alcance, amenaza con restringir aún más el acceso a la educación superior en Estados Unidos para miles de jóvenes extranjeros.
Control digital bajo pretexto de seguridad
La decisión, revelada por el medio POLITICO, surge tras la emisión de un cable diplomático del secretario de Estado, Marco Rubio, en el que se instruye a embajadas y consulados a suspender con efecto inmediato todas las entrevistas para visados de estudiante. El mensaje no detalla qué tipo de actividad en redes sociales será evaluada, pero menciona órdenes ejecutivas vinculadas a la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.
Aunque desde el Departamento de Estado se insiste en que “cada país tiene derecho a saber quién entra en su territorio”, la opacidad del procedimiento y la ausencia de criterios específicos despiertan serias preocupaciones sobre posibles violaciones a la privacidad y discriminación ideológica. La portavoz oficial, Tammy Bruce, defendió la medida como un acto de soberanía nacional, aunque evitó explicar cómo se evitarán abusos o juicios arbitrarios.
La Administración ya había introducido ciertas exigencias de vigilancia digital, enfocadas hasta ahora en estudiantes con visado vigente que participaron en manifestaciones propalestinas en campus universitarios contra la ofensiva israelí en Gaza.
Ideología y represión: las universidades en la diana
Más allá del argumento de seguridad, la medida encaja en la estrategia del presidente Trump de politizar la educación superior. Instituciones académicas, especialmente Harvard, han sido blanco constante de sus ataques. Trump las acusa de ser “progresistas”, de fomentar el antisemitismo y de practicar “discriminación contra estudiantes blancos” favoreciendo a minorías raciales.
Como parte de esta cruzada, el presidente ha anunciado su intención de retirar los contratos federales a Harvard y de prohibir la admisión de estudiantes internacionales en dicha institución. La consecuencia inmediata ha sido la cancelación de miles de visados, incluyendo los de centenares de estudiantes que participaron en protestas pacíficas.
En redes sociales, Trump ha acusado a la universidad de "fomentar el antisemitismo" y ha propuesto redirigir los fondos públicos hacia programas de formación técnica, describiendo la medida como una “inversión urgente” para el país. Lo que presenta como una reforma educativa es, en realidad, una operación ideológica para depurar los centros académicos de voces críticas o incómodas.
Una política migratoria con rostro autoritario
Lejos de proteger al país, la decisión presidencial refuerza una narrativa de exclusión y control. La vigilancia digital que se avecina marca un punto de inflexión preocupante: no solo se evalúan los méritos académicos, sino también opiniones, ideologías o publicaciones personales.
Bajo el pretexto de la seguridad nacional, Trump avanza en una política que criminaliza la disidencia, castiga la diversidad de pensamiento y degrada el prestigio de Estados Unidos como destino académico. Lo que está en juego no es solo el futuro de miles de estudiantes, sino también los valores democráticos que el país asegura defender.