La Policía Nacional Bolivariana de Venezuela (PNBV) ha publicado este jueves una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia una recompensa de 100.000 dólares por información que facilite la detención del autoproclamado vencedor de las últimas elecciones presidenciales y quien se encuentra exiliado en España.
"Orden de captura contra Edmundo González Urrutia por los delitos contra la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier persona que tenga información deberá comunicarlo de forma inmediata", ha manifestado la Policía en su perl oficial en la red socia Instagram, donde se ha compartido una fotografía de la orden de búsqueda del veterano disidente.
En el texto se destaca que González está siendo buscado por la Justicia de Venezuela por los presuntos delitos de "conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir, entre otros".
La Justicia venezolana emitió a comienzos de septiembre una orden de arresto contra González, quien se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas a nales de julio y en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente del país Nicolás Maduro, unos resultados que han sido cuestionados a nivel internacional y en los que el opositor se ampara para legitimar su intención de tomar posesión del cargo este mismo 10 de enero.
Maduro ya en su día justificó la orden de detención al considerar "inadmisible" que González "no reconoce las leyes", en referencia a su rechazo tanto de los resultados electorales como de las instituciones controladas por el chavismo que han avalado los comicios. La orden de arresto contra el disidente venezolano también fue ampliamente rechazada por gran parte de la comunidad internacional en otro varapalo para maduro.
La misión de la ONU
Mientras, una misión misión de la ONU ha llamado a las autoridades a respetar el ejercicio de los derechos a manifestarse y expresarse libremente y sin miedo a posibles represalias de todos los venezolanos.
“Recordamos que los cuerpos de seguridad responsables del mantenimiento del orden público deben comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza”, ha dicho Marta Valiñas, quien lidera de la Misión. H recordado que toda conducta violatoria de derechos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso.
Según la misión, la represión violenta contra la población que protestó tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de julio constituyó una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia reciente del país.
Francisco Cox, integrante de la misión, ha detallado que entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de partidos de la oposición, diez periodistas y una defensora de derechos humanos.
Cox ha agregado que quienes ordenan detenciones arbitrarias y la imposición de torturas u otros malos, al igual que quienes las ejecutan, son responsables penalmente de forma individual.