Distintas agencias de las Naciones Unidas han pedido a los países más financiación para proteger a las mujeres y niñas migrantes y refugiadas de la violencia de género. El llamamiento forma parte de la campaña Únete, una iniciativa anual que, desde 2008, centra sus esfuerzos en erradicar la violencia contra las mujeres.
En las Américas, hay 73,5 millones de migrantes y 22,1 millones de desplazados forzosos, todos ellos con necesidades de protección internacional o de asistencia humanitaria. De esas personas, se estima que el 46% (casi 10 millones) son mujeres y niñas.
Las agencias señalan que los roles tradicionales de género es uno de los factores que impulsa la movilidad humana y el desplazamiento forzado en primer lugar, junto con la desigualdad. Una realidad que conoce de cerca María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
«Las mujeres y niñas se ven afectadas por oportunidades laborales limitadas, por los efectos del cambio climático; por una mayor exposición a la violencia basada en género en contextos de crimen organizado, cuando ésta es una táctica para el ejercicio del control territorial por parte de grupos criminales organizados; y por la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias», advierte.
A su vez, el riesgo de sufrir violencia de género aumenta durante la migración. Esto expone “a las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a la violencia en el origen, en el tránsito y en las comunidades de destino”, añade.
El director regional de Agencia de la ONU para los Refugiados para las Américas (ACNUR), José Samaniego especifica que «la falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento aumenta este riesgo, exponiéndolas a amenazas como la violencia sexual, violencia física y desaparición forzada. Un enfoque de prevención y respuesta integral es clave para proteger sus derechos y seguridad en estas situaciones críticas».
En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en movilidad es un niño o una niña, la proporción más alta en el mundo. «Han dejado sus hogares, sus escuelas y, a veces, sus familias para enfrentar una ruta llena de peligros», añade el director regional de UNICEF, Garry Conille, en esa región.
«Aún más vulnerables son las adolescentes refugiadas y migrantes, que ahora son más de 900.000. Cada día ellas sufren más violencia sexual, trata de personas con fines de explotación laboral, matrimonio forzado y uniones tempranas”, agrega.
Servicios públicos y de migración con un enfoque de género
En el marco de la campaña Únete, ACNUR, ONU Mujeres, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han exhortado a los países de la región a incrementar de forma significativa los presupuestos públicos para la protección integral de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad.
La prestación de servicios públicos debe incluir un enfoque de género, generacional e interseccional «para asegurar el acceso y disfrute de derechos fundamentales como la seguridad, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, salud mental, servicios de cuidado y acceso a la justicia», señalan las organizaciones.
De igual forma, el enfoque de género «debe contemplarse para establecer procedimientos de determinación de condición de refugiado y deben garantizar el acceso a la documentación necesaria para su regulación».
Reforzar las ONG y la cooperación internacional
Además, abogan por potenciar la creación de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las de mujeres, adolescentes y feministas en las comunidades de acogida temporal y de destino, así como fortalecer las que ya existen.
También piden potenciar las inversiones destinadas a las medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.
“Es indispensable el trabajo coordinado de la cooperación internacional y los Estados para que los servicios que salvan vidas sean más accesibles, especialmente de salud sexual y reproductiva, los psicosociales y de protección”, añade la directora regional para América Latina y el Caribe de UNFPA, Susana Sottoli.
