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La guerra de los fiscales se recrudece y va para largo

Hay rebelión interna entre los miembros de la carrera fiscal. Una rebelión muy difícil de resolver. Lo verdaderamente alarmante es que se está cuestionando la autoridad de García Ortiz en un sistema de trabajo fuertemente jerarquizado

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análisis

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El último golpe lo ha dado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales que ha presentado una demanda ante la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo pidiendo que revoque la decisión del gobierno de renovar en su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Para APIF, García Ortiz “no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España, por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022”. La asociación menciona la anulación, por parte de la misma instancia a la que recurre, de nombramientos de fiscales de sala por “desviación de poder”, como en el caso de su antecesora, Dolores Delgado.

La APIF es la tercera asociación de la carrera fiscal. Cuenta con alrededor de 40 afiliados y tiene un miembro en el Consejo Fiscal. En 2019, año del que se conocen los últimos datos, formaban parte del ministerio fiscal 2.464 profesionales. Eso quiere decir que sólo el 16% de los fiscales en ejercicio están afiliados a esta asociación minoritaria que ha levantado la liebre en el peor momento de todos, cuando las divisiones en la fiscalía del Supremo y la sublevación en el seno del Consejo Fiscal son evidentes.

Tal y como están las cosas, nadie puede vaticinar lo que ocurrirá con este recurso. La sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo es imprevisible. Sus magistrados fueron los que tumbaron el nombramiento como fiscala de sala de Dolores Delgado utilizando el argumento de “parcialidad” en la decisión de García Ortiz, el mismo que utilizan los de la APIF para pedir la anulación del nombramiento. Y, por lo tanto, todo puede ocurrir.

La misma incertidumbre se ha instalado entre los fiscales de la sala de lo Penal del TS que no se atreven a vaticinar cual será el sentido del dictamen de la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde, sobre si el alto tribunal debe aceptar la petición del juez García Castellón: hacerse cargo del sumario del Caso Tsunami y procesar por terrorismo a quien se supone que son sus dirigentes, concretamente a Carles Puigdemont, Marta Rovira, y el secretario cuarto del Parlament, Rubén Wasenberg. La discrepancia entre los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, se ha contagiado al resto de sus 13 compañeros. Tres de ellos encabezan las presiones para que Sánchez-Conde resuelva a su favor. Se trata de Manuel Doiz, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal que, junto a Cadena, ejercieron de acusadores en el sumario del procès empleando argumentos como que hubo violencia en las acciones llevadas a cabo y, por lo tanto, había que condenar por rebelión y no por sedición y desobediencia como al final dictaminaron los jueces.

Lo que decida Sánchez-Conde no tiene por qué ser vinculante para el juez encargado de resolver la petición de García Castellón, el magistrado Juan Ramón Berdugo, quien tendrá la última palabra. Pero parece que a los fiscales se les ha subido a la cabeza su estatus profesional y, sobrepasando sus funciones, empiezan a actuar como si, en realidad, ellos fuesen los que juzgan. De ahí esa apetencia por el poder que ha supuesto la apertura de una feroz batalla entre los conservadores y los progresistas en la carrera fiscal. Y en el medio, el fiscal general, Álvaro Ortiz.

Todos los fiscales generales sufrieron fuertes críticas por parte de la sociedad. Ello se debe a la discrecionalidad de sus nombramientos, siempre sujeta a la decisión del Consejo de Ministros. De ahí que se critique constantemente su falta de imparcialidad. Ocurrió con los fiscales elegidos por Aznar y Rajoy, especialmente en los casos de Jesús Cardenal y José Manuel Maza. Pero las dirigidas a García Ortiz traspasan los límites de la jerarquía. El motín es evidente, no sólo en el Supremo, sino también en la Audiencia Nacional donde el fiscal del caso Tsunami, Miguel Ángel Carballo, está siendo reprochado por el fiscal jefe, Jesús Alonso. Ambos son conservadores y los dos pertenecen a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria enfrentada abiertamente a García Ortiz en el Consejo Fiscal. Incluso a Carballo, según hemos podido saber de fuentes internas de la AN, se le ha intentado “hacer la cama” sustituyéndole por algún compañero mas afín a las tesis conservadoras. Finalmente ha prevalecido su sentido de la independencia y el apoyo recibido por parte de su máximo superior, García Ortiz.

Este, además, tiene que soportar las críticas de los miembros del Consejo Fiscal. Aunque es un órgano colegiado de asesoramiento al fiscal general y de establecimiento de criterios en algunas materias, se ha convertido en un verdadero infierno para García Ortiz gracias a su composición mayoritaria surgida de las elecciones de mayo pasado en las que resultó vencedora la conservadora Asociación de Fiscales que acaparó 7 de los 11 miembros a elegir. Los otros tres fueron a parar a la Unión Progresista de Fiscales y uno a la ya citada Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

En el Consejo Fiscal está sucediendo lo mismo que en el Consejo General del Poder Judicial donde los vocales conservadores instrumentalizan la institución para favorecer los intereses de la derecha judicial. En el Consejo, La AF presenta mociones y propuestas que se aprueban gracias a su mayoría, apropiándose del sentir de la totalidad de sus miembros sin respetar la opinión de las minorías. Aquí, la derecha judicial también ha ganado la partida. La  AF y la APIF critican contundentemente la postura de su superior jerárquico quien ha dicho que no va a opinar sobre la ley de amnistía hasta que no esté aprobada y se requiera institucionalmente su informe. Argumentan que “está al servicio de La Moncloa” y por eso se inclinará a favor de lo que aprueben en el Congreso, aunque ellos consideran que la ley será inconstitucional, rompe el principio de separación de poderes, y acaba con el Estado de Derecho. Y así quieren que lo exprese el Consejo Fiscal. Algo a lo que no está dispuesto su jefe.

Y no toda la guerra en el seno de la fiscalía está en los estamentos superiores. Hay problemas en las unidades de Catalunya, Madrid y Valencia y, últimamente, han surgido serios contratiempos en el seno de la fiscalía antidroga. La titular de la “zona cero del narcotráfico”, en Cádiz, Ana Villagómez, llegó a decir, este fin de semana pasado a propósito del asesinato de dos guardias civiles, “que no vengan al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta”. Ha recibido una seria advertencia para que no efectúe ese tipo de declaraciones.

Hay rebelión interna entre los miembros de la carrera fiscal. Una rebelión muy difícil de resolver. Lo verdaderamente alarmante es que se está cuestionando la autoridad de García Ortiz en un sistema de trabajo fuertemente jerarquizado y sin el cual, sin una elemental obediencia de las órdenes superiores, el ministerio público puede llegar a convertirse en inoperante.

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