Descartada la posibilidad de modificar el dictamen de la proposición de ley de amnistía para los independentistas catalanes que el pleno del Congreso rechazó, no cabe otra posibilidad que una “solución imaginativa”. Y la rocambolesca idea planteada por Pedro Sánchez puede ser una salida para los investigados por delitos del terrorismo en el Caso Tsunami, la de acortar los plazos de las instrucciones judiciales puede ser una buena alternativa. Si la aceptan Puigdemont y los suyos, se permitirá mantener un texto que está en el límite de la constitucionalidad y de lo tolerable para la justicia europea, y el expresident se podría acoger a la amnistía ya que García Castellón y, por supuesto, Joaquín Aguirre con su instrucción sobre el Caso Volhov, se verían obligados a la conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado y la apertura de juicio oral donde los fiscales estarían en condiciones de rebajar las acusaciones de terrorismo y alta traición. Y todos contentos menos Laura Borrás que pierde la oportunidad de ser perdonada de su condena por dividir el contrato de un amigo prescindiendo, así, del procedimiento legal cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas. Borras es la principal defensora de la “amnistía integral” ya que su causa entraría en ella.
Laura Borrás, presidenta de Junts, condenada a 4 años de cárcel e inhabilitación por prevaricación administrativa y falsedad documental, insiste en que la ley todavía no es lo suficientemente robusta en el contexto actual y evita pronunciarse sobre la propuesta de Sánchez. Está claro de que sigue defendiendo su idea de “amnistía integral” porque sabe que, si prospera, podrá acogerse a la medida de gracia a pesar de que tanto ERC como juristas de la más diversa procedencia, califican su causa como “delito común”. Y no solo es ella. Hay otras abiertas, como las de la familia Pujol, que nada tienen que ver con las acciones llevadas a cabo durante el proceso de independencia. El legislador quiere diferenciar este tipo de situaciones porque los tribunales europeos las calificarán dentro del ámbito de la corrupción, y por ahí sí que no pasan en Bruselas.
Como ha dicho el Partido Popular, la propuesta de Sánchez se podría decir que es “una amnistía por la puerta de atrás”. Los casos más emblemáticos que son los que han provocado el bloqueo de la proposición que estudia el Congreso de los diputados, llevan, ya, más de cuatro años en los cajones de los juzgados de García Castellón y Aguirre a los cuales se les ha ocurrido la idea de prorrogar la instrucción seis meses más. La maniobra es de dudosa legalidad. El gobierno de Mariano Rajoy limitó este periodo a seis meses y el primer ejecutivo progresista lo amplió a doce. Pero una cosa es ésa y otra es la utilización de las prorrogas que emplean los magistrados para dilatar las causas. Es más, los abogados de los implicados han presentado recursos porque consideran que hay que archivar esos sumarios. Los jueces justifican las prórrogas porque, según ellos, han surgido nuevos indicios que deben ser investigados. En el caso Volhov, las conversaciones grabadas de un inculpado, Víctor Terradellas, y en Tsunami Dèmocratic, la petición al Supremo de que se haga cargo por existir indicios de culpabilidad en dos aforados.
La fórmula para acortar los plazos de las instrucciones judiciales es sencilla: la reforma de la Lecrim, la ley de enjuiciamiento criminal. En Moncloa manejan una posibilidad que es viable. En el llamado “decreto ómnibus”, aprobado en enero pasado por el Congreso, se contemplan una serie de medidas para fomentar la eficacia en el servicio público de la justicia. Ese decreto-ley debe debatirse, ahora, como proyecto de ley y ahí cabe la posibilidad de introducir una enmienda para reformar el artículo 324 de la Lecrim en el sentido de acortar los plazos de las diligencias previas. Esa es una posibilidad. La otra, que tardaría algo más en tramitarse, es la presentación de una proposición de ley que se discutiría por la vía de urgencia.
Si los neoconvergentes aceptan esta alternativa, lo más probable es que la reducción de los plazos de instrucciones judiciales entraría en vigor casi paralelamente a la ley de amnistía teniendo en cuenta que su dictamen no va a ser aprobado hasta finales de este mes y luego, en el Senado, el debate se eternizará entre informes y propuestas de veto. Hasta la primavera, por lo menos, los beneficiados no podrán acogerse a la medida de gracia. Y eso sin contar con los recursos ante el Tribunal Constitucional y las cuestiones de prejudicialidad que los jueces presentarán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Paralelamente, el “decreto ómnibus” se convertirá en ley con el añadido de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, a García Castellón y a Aguirre no les quedará más remedio que dar por concluida la instrucción y, o bien deciden archivar las causas o las convierten en procedimientos abreviados, el paso previo a la celebración de los juicios donde, casi con toda probabilidad, se modificarán los delitos de terrorismo y alta traición con unas condenas que podrán acogerse a la ley de amnistía.
Además, hay que tener en cuenta que Carles Puigdemont, el principal objetivo de los jueces, cuenta con otra alternativa si queda fuera de la amnistía: presentarse candidato a las elecciones al europarlamento en junio. La Junta Electoral no tiene más remedio que aceptar dicha candidatura puesto que no está inhabilitado por sentencia firme. Y, si sale elegido, volverá a gozar de inmunidad. No podrá ser detenido y podrá esperar tranquilamente a la resolución definitiva de la medida de gracia. No es una idea que agrade mucho en Waterloo que quiere un apoteósico retorno del expresident a Barcelona en olor de multitud. Pero, al menos, ya no cabe ese temor a ser detenido por las autoridades judiciales españolas.