La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que dice ser la segunda más representativa por número de afiliados cuando el total de cotizantes de las seis entidades suma el 55,5% de 5.408 jueces en activo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el propósito de obligar a los presidentes del Congreso y del Senado a convocar plenos para renovar el CGPJ basándose en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 22 de junio de 2023 que condenó a España por vulnerar los derechos de seis asociados que son candidatos a ocupar una de las vocalías del organismo desde 2018. Esta petición de amparo es testimonial ya que, aunque en el supuesto de que el TC ordene la convocatoria de estos plenos, las candidaturas no prosperarán ya que se requiere la mayoría de tres quintos de diputados y senadores para efectuar la designación. Y, debido a la fragmentación actual de las cámaras, no se llegará ni de lejos a dicha mayoría porque se necesitarían los votos del PSOE y del PP y este grupo parlamentario tiene bloqueado el proceso saltándose el mandato de la Constitución.
En los últimos tiempos se está constatando que una serie de colectivos de la sociedad civil, incluido algún partido de extrema derecha, están utilizando el recurso a las instituciones como caja de resonancia de sus reivindicaciones a sabiendas de que sus peticiones no pueden prosperar porque son contrarias a la ley. Dentro de la carrera judicial y fiscal, dos asociaciones, la AJFV citada, y la Asociación de Fiscales, de tendencia conservadora, son las dos que más utilizan esos medios. La Francisco de Vitoria quiere que el Constitucional se entrometa en los asuntos de las dos instituciones soberanas de este país, que representan la soberanía popular y que conforman el Parlamento. Y se basan en una cantinela repetidamente escuchada en los últimos tiempos: “resulta inaceptable cómo los partidos políticos han secuestrado el órgano de gobierno de los Jueces”. Son las consecuencias de esa nefasta decisión del anterior presidente de la Corte de Garantías, Pedro González Trevijano, que paralizó el debate en el Senado de la reforma de la institución que se pretendía llevar a cabo para poder renovar a los magistrados cuyo mandato había caducado, entre ellos, el del propio González Trevijano.
Hay una sentencia del tribunal de Estrasburgo que ordena al Constitucional a que se pronuncie sobre el recurso de amparo presentado por los seis candidatos recurrentes. El TC no admitió a trámite dicho recurso y el TEDH cree que eso constituye una violación del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y considera que el propio reconocimiento de esta falta constituye «en sí mismo una satisfacción equitativa suficiente» por el daño moral sufrido. Los seis magistrados presentaron, en 2020, el recurso de amparo que fue rechazado en 2021 por considerar que se había hecho fuera del plazo de tres meses que establece la ley orgánica de 1979 sobre el nombramiento de miembros del CGPG. En aquél entonces, la mayoría de los magistrados de la Corte de Garantías era de tendencia conservadora por lo que no se puede criticar a la actual composición que, presumiblemente en eta ocasión, sí se pronunciará para satisfacer la demanda de Estrasburgo.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria está convencida de que esos seis recurrentes serían elegidos vocales del CGPJ si se hace la designación. Según la ley orgánica del Poder Judicial, de los 20 vocales, 12 tienen que ser “de extracción judicial”, es decir, jueces, fiscales, abogados o académicos con probada experiencia. En la convocatoria a la que se refieren los seis magistrados recurrentes, que están afiliados a la asociación, se elaboró una lista de 51 candidatos. La disolución del Parlamento, en 2019, y el posterior bloqueo del Partido Popular, impidieron el estudio de la lista y la confección de una candidatura consensuada. Pero esos jueces se creen con derechos suficientes como para pensar que ya han sido designados. Extrañas cuentas las que hacen sus señorías.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria se olvida de los otros 45 candidatos, tienen los mismos derechos que sus afiliados lo que da la medida de la estrategia corporativista que llevan a cabo estas entidades argumentando que “los partidos políticos han secuestrado el órgano de gobierno de los jueces”. Un argumento demagogo porque supone el rechazo al articulado de la Constitución y la ley orgánica que desarrolla su mandato porque deja en manos de un órgano político como es el Parlamento la exclusiva competencia para designar a los vocales del CGPJ. Decir que los partidos políticos tienen secuestrada esta institución es interpretar la Carta Magna de manera torticera.
Aún en el supuesto de que esa lista se volviese a tomar en consideración por las cámaras, habría que someterla a un primer filtro para dejar el número de candidatos en veinte, que son los puestos que hay que renovar en el CGPJ. Habría que eliminar a 31 de los integrantes de la relación y muy probablemente algunos de los seis recurrentes desaparecerían. Se habría cumplido con lo ordenado por Estrasburgo y se acabaría con esa duda que han sembrado de “vulneración de sus derechos”. Y, aún así, es casi seguro que los grupos no acabarían por ponerse de acuerdo en la designación por lo que el proceso quedaría anulado y habría que volver a repetirlo en su integridad.
O eso o se cambia la ley orgánica para que la designación se lleve a cabo mediante designación por mayoría simple de los diputados y senadores. Pero, de momento, esta es una hipótesis que el ministro Bolaños descartó nada más tomar posesión de su cargo. Así pues, la exigencia de la AJFV es imposible de cumplir.
Que se presenten a eleciones bueno ya se presentan con los Gurtel, Kichen etc .haber ya se que las comparaciones son odiosas.los jueces pueden militar en partidos politicos verdad que No pues esta asociacion tampoco el problema surge cuando unos llamados periodistas (que tienen que comer todos los dias ) se dedican a incendiar .
La renovación, cuando ésta se produzca, será otro fraude catedralicio, como todo acá. Los jueces no quieren ser renovados con la fórmula cual fueron designados, que es el puto colmo del absurdo. Los políticos en el gobierno aceptan cualquiera de las formas para autorizarse como facción dominante, tal y como siempre ha sido, y el indicador más claro de la corrupción residente y resiliente. La derecha hará cualquier cosa por mantenerse en la ilegalidad, porque a los ciudadanos de este país ridículo les da lo mismo, francamente; é que con Franco hasta colón lavaba máis branco. Esa es la mentalidad social a este respecto. Que nos roben dinero y derechos, pero sin tan bochornoso escándalo.
La renovación, cuando ésta se produzca, será otro fraude catedralicio, como todo acá. Los jueces no quieren ser renovados con la fórmula cual fueron designados, que es el puto colmo del absurdo. Los políticos en el gobierno aceptan cualquiera de las formas para autorizarse como facción dominante, tal y como siempre ha sido, y el indicador más claro de la corrupción residente y resiliente. La derecha hará cualquier cosa por mantenerse en la ilegalidad, porque a los ciudadanos de este país ridículo les da lo mismo, francamente; «é que con Franco ata colón lavaba máis branco.. » Esa es la mentalidad social a este respecto. Que nos roben dinero y derechos, pero sin tan bochornoso escándalo. Con españolismo táctico y tácito.
País de burros.