La noticia publicada ayer por Diario16 sobre la presunta extorsión ejercida sobre cuatro magistrados que aprobaron la Doctrina Botín un año después de la supuesta remisión de los documentos incluidos en la denuncia del supuesto chantaje es de una gravedad de proporciones bíblicas, porque, no sólo se trata del presunto chantaje ejercido por un fiscal, sino de los supuestos hechos que éste utilizó para influir en los jueces respecto de una querella presentada contra él.
Sin embargo, lo realmente grave es que dentro de las diferentes administraciones de la Justicia española se puedan producir episodios de este tipo. No se trata de acusar a nadie –para eso está el tribunal ante el que se ha presentado la denuncia–, sino de poner sobre la mesa que la Justicia española está en cuidados paliativos por la sumisión de una parte de jueces y fiscales a los intereses de las élites financieras y económicas de este país. Esa es la percepción que tiene, en general, la sociedad española de su Administración de Justicia, porque ya son demasiados los casos en que los tribunales se han mostrado más proclives a proteger a los poderosos que a la ciudadanía, incluso cuando las pruebas eran presuntamente abrumadoras en su contra. Este posicionamiento, esas sentencias o decisiones, provocan que el tercer poder de la democracia española sea reo de sospecha y deje inmovilizado el derecho a la tutela judicial efectiva que el pueblo tiene reconocido frente a los abusos del poder.
Esta responsabilidad es extensiva, igualmente, a todos los poderes democráticos del Estado. Es tan importante cumplir con esta obligación constitucional como terminar con los foros de quienes pretenden imponer al pueblo y a la democracia el «ordeno y mando» de tiempos pretéritos.
La responsabilidad ante la sociedad es de quien tiene la obligación de desmentir, con argumentos sólidos, estos documentos, con transparencia social, legal y humana que demuestre a la ciudadanía española –que ya sufre bastante– la verdad respecto a los hechos denunciados. Abraham Lincoln lo dejó muy claro cuando afirmó que «No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy». Ya está bien de que le toque siempre al contrario demostrarlo si, con tantos detalles, le debería corresponder a la Justicia demostrar la veracidad y la verosimilitud de la denuncia.
Con todos estos acontecimientos, el señor Jaime Pérez Renovales deberá comprender que no se puede decir lo que presuntamente le dijo a Andrea Orcel respecto al poder del Santander sobre gran parte de la Justicia: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».
El caso de las cesiones de crédito fue una demostración del poder del Santander sobre una parte de la Justicia, lo mismo que el archivo, por parte del juez Andreu, de la causa por fraude fiscal de la familia Botín por esconder, precisamente en el HSBC de Suiza, durante más de 70 años 2.000 millones de euros o la no ejecución de un embargo de 101 millones por parte del Banco España porque, según el supervisor, ejecutarlo de la cuenta de tesorería hubiera supuesto un riesgo para el sistema financiero español.
Esos barros traen estos lodos. Ahora podrá comprender el magistrado Fernando Andreu la razón por la que no debió asistir a la presentación del libro de Manuel Medina,Se vende banco por un euro, cuando estaba instruyendo el Caso Banco Popular. Ahora podrán comprender Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, el juez Santiago Pedraz el porqué no se beneficia a la Justicia exhibiéndose en actos de esta naturaleza como demuestra la fotografía con el autor, tal y como hizo el propio Medina con Juan Manuel Cendoya, director general de Comunicación de Santander y Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado del Central Hispano y que se llevó una indemnización de 110 millones para que Emilio Botín pudiera presidir en solitario el SCH. Winston Churchill dijo en una ocasión que se precisan «veinte años para construir una reputación y cinco minutos arruinarla. Si pensaras en eso, harías las cosas de forma distinta».
La conciencia del vicepresidente segundo del Gobierno también podrá comprender que la demagogia está reñida con la ética política. No se puede acusar en actos públicos electorales a Ana Patricia Botín por disponer de poder por encima del presidente del Gobierno, y, una vez alcanzado el poder, sonreír a la presidenta del Santander, como le sugirió el presidente Sánchez que hiciera en los momentos previos al acto celebrado en la Casa de América de Madrid el día 31 de agosto de 2020. También es un buen momento para que el presidente Sánchez haga públicos, por transparencia hacia su ciudadanía, los motivos, que a buen seguro los tendrá, por los que, bien o mal asesorado, tras ese evento mantuvo unas relaciones tan directas, proteccionistas y exclusivistas con la señora Botín.
Joseph A. René Joubert afirmó que «como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda», y el conocimiento de los hechos son la mejor medida para que la ciudadanía decida en libertad. La falta de transparencia, precisamente, hurta al pueblo de otro de los pilares que sustenta a cualquier sistema democrático.
Los hechos mencionados en el artículo del día de ayer en Diario16 deberían hacer comprender al Tribunal Supremo o a las audiencias provinciales que no se puede retorcer la ley o ir, directamente, contra las decisiones de la Justicia europea en los casos que afectan directamente al poder financiero, tal y como está ocurriendo con el IRPH o como sucedió cuando el Supremo se desdijo de su decisión de imponer a los bancos el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia tampoco pueden mantenerse al margen de estos hechos y están obligados a actuar. «No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia», afirmó Montesquieu y, por ello, el propio Gobierno está obligado a retirar a la Abogacía del Estado de la defensa de los intereses de la banca, o de una entidad en concreto, ante los tribunales europeos en contra de su propio pueblo.
Ser ético y coherente con la verdad no es tan difícil si se cree en la independencia de los poderes democráticos, tanto los de Montesquieu como los que los han superado sin contar con el pueblo, en definitiva, dictaduras privadas.
Sin embargo, tampoco ayuda a la Justicia española la posición de la Fiscalía en la instrucción del Caso Popular, cuando se mantiene en la defensa de una línea de actuación contraria a lo señalado por distintos informes que demuestran que la resolución y la ruina de 1,2 millones de personas se produjo sólo y exclusivamente por una crisis de liquidez provocada en 2017.
El pueblo español no se merece del Estado un presunto cómplice silencio respecto a la situación de sumisión de la Justicia a los poderes que hoy lamentablemente superan a los democráticos. Tiempo ha perdido ya para pronunciarse el Ministro de Justicia al respecto de lo publicado por Diario16, tal y como sí ha realizado para defender de cualquier ataque a la democracia, vía sus poderes, en este caso contra el poder judicial, cuando, en otros casos, se sigue privando de libertad a políticos y políticas por expresar, de una u otra manera, nunca peor que esta, su ideología o sentimientos personales a nivel territorial.
Ayer mismo, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, afirmó lo siguiente dirigiéndose a los nuevos alumnos de la Escuela Judicial: «Quiero animaros a afrontar vuestra formación como un gran reto, sin perder de vista la gran misión que vais a desempeñar y, sobre todo, a los destinatarios de la misma, que son los ciudadanos». Con las centenas y centenas de denuncias por presunta corrupción judicial que hay interpuestas en diferentes tribunales españoles y, sobre todo, europeos, alguna de las cuales, tal y como informó este medio, pone como ejemplo de la misma a la influencia del Santander sobre algunos jueces y algunas juezas, ¿cómo puede decir Lesmes algo así?
La situación para la democracia española es insostenible por el elevado número de casos en los que una parte de la Justicia ha retorcido la ley para dictar sentencias o crear doctrinas ad hoc para, presuntamente, favorecer a los poderosos. El problema se halla en que esto no genera una movilización de los poderes democráticos para determinar la veracidad de los graves hechos publicados en estas páginas y, sobre todo, que la ciudadanía no se escandalice porque ya lo vea habitual. Las «cloacas de la Justicia» sólo pueden sobrevivir si la sumisión a los poderes no democráticos pervive durante más tiempo, incluso con el apoyo en demasiadas ocasiones del cuarto poder.