El principal objetivo de la reunión que Pedro Sánchez quiere mantener con Alberto Núñez Feijóo es desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Para intentar convencerle, el Presidente maneja la posibilidad de plantear una reducción de competencias del órgano de gobierno de la judicatura de tal manera que sean los jueces los que elijan a los titulares de las instancias territoriales, tal y como se hace ahora con los decanos de los juzgados, y los magistrados del Supremo se designen a través de concursos de méritos. Así, al CGPJ le quedarían las facultades en materia de inspección, disciplinaria y formativa, así como la elaboración de los informes no vinculantes sobre las propuestas legislativas elaboradas por el Consejo de Ministros.
El actual presidente “sustituto del sustituto” del CGPJ, Vicente Guilarte, fue el primero en hacer esa propuesta y ahora todo depende de que la acepten los dirigentes del PP quienes, de entrada, la rechazan argumentando ideas tan peregrinas como que “procede de un amigo de Marlaska”, el ministro de Interior al que repudian, atacan y consideran un traidor. Es increíble que se utilicen ese tipo de argumentos porque lo que no se puede es impugnar una sugerencia por la trayectoria personal de su autor. Guilarte es un vocal del llamado “grupo conservador” del CGPJ y casi siempre vota las propuestas de dicho grupo coincidentes con las consignas de Génova. Y el hecho de que sea amigo de Fernando Grande Marlaska lo le desautoriza a la hora de hacer propuestas. El ministro del Interior es juez en excedencia y Vicente Guilarte procede del mundo académico.
El gobierno cree que esta fórmula puede ser asumida por el PP y, también, cumple con la exigencia de Bruselas de “adaptar la justicia española a los estándares europeos” porque lo que sí es cierto es que el órgano de gobierno de los jueces en este país tiene más competencias que los del resto de Europa. Además, sería una manera de “despolitizar” la designación de jueces porque los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales serían elegidos por los jueces de cada territorio, como ya ocurre ahora con los decanos de los juzgados, y los magistrados del Supremo los designaría un tribunal compuesto por jueces de la sala a la que aspire el candidato, catedráticos, y otros profesionales de la Justicia como abogados del Estado, registradores, notarios y otros altos funcionarios. Dicho tribunal dependería del CGPJ.
Esta profesionalización eliminaría el incentivo político que han perseguido tradicionalmente los dos principales partidos: tratar de controlar, a través de mayorías conservadoras o progresistas, los principales nombramientos. Pero el Partido Popular no parece estar dispuesto a aceptar esta “tercera vía” porque, en la misma, se incluye la elección urgente de los 20 vocales mediante el actual sistema. Es decir, que la reforma entraría en vigor dentro de cinco años, una vez concluido el mandato actual.
Núñez Feijóo manifestó, recientemente, que estaba dispuesto a renovar el CGPJ con la fórmula actual siempre que fuese acompañada de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que fuesen los jueces los que eligiesen directamente a los vocales en una posterior renovación, se supone que una vez concluido el mandato actual. La “solución Guilarte” parece salomónica. Ni unos ni otros. No hay vencedores ni vencidos tal y como expresó en su día el presidente en funciones del Consejo.
Por eso parece extraño que el PP no la acepte. A no ser que esté ocultando una estrategia consistente en seguir bloqueando la renovación para mantener la mayoría conservadora y, así, aunque sea de manera testimonial, mantener una caja de resonancia a esa oposición irracional y anticonstitucional en la que se ha establecido la derecha conservadora que utiliza todas las herramientas a su alcance, incluyendo la judicial que controla desde que, en los años en que Mariano Rajoy estuvo en el poder, un presidente que fue director general con Aznar, Carlos Lesmes, abusó de la potestad de designación discrecional de jueces y magistrados de las altas instancias judiciales para colocar a sus afines. Afortunadamente esa época concluyó y ahora mismo, esas designaciones discrecionales ya no se pueden llevar a cabo. Eso sí, aún siendo conscientes de que ello está precarizando los recursos humanos del Tribunal Supremo donde es necesaria la cobertura urgente de 17 plazas para salas como la de Lo Militar y Lo Social que se encuentran prácticamente colapsadas, con una elevada carga de trabajo.
Alberto Núñez Feijóo, para guardar las formas y que no se le acuse de seguir incumpliendo la Constitución, insistirá en su propuesta. Reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a 12 vocales del Consejo. Según la actual ley, esos doce vocales deben extraídos de “entre jueces y magistrados”, pero no se dice, en ningún caso, que esa designación corresponda a los integrantes de la carrera judicial. Y eso es lo que el Partido Popular quiere que se modifique. Sería volver a la normativa anterior a 1985, la llamada “ley Sainz de Robles” porque su inspirador fue el primer presidente del Consejo en la transición, Federico Carlos Sainz de Robles. Lo que ocurre es que detrás de esta iniciativa están las asociaciones judiciales, y, en concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura, que se considera la mayoritaria en el sector, que piensa, de esta manera, controlar el órgano de los jueces lo que significaría, salvando las distancias, “sindicalizar la judicatura”.
Así pues, salvo un milagro de última hora, no parece que el tan ansiado acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial se vaya a producir en la reunión de Sánchez y Núñez Feijóo. Pedro Sánchez deberá encontrar otras alternativas y veremos si las mismas son del agrado de Bruselas donde, por cierto, su comisario de Justicia, Didier Reynders, es consciente de que le quedan pocos meses de mandato por lo que intenta actuar con mucha prudencia por lo que pueda pasar tras las elecciones europeas de junio próximo.