La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido un informe final posicionándose en contra de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo, en relación con los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’ durante el otoño de 2019, surgidos como protesta por la sentencia del ‘procés’.
Así, Sánchez-Conde se alinea con las opiniones de Miguel Ángel Carballo, fiscal de la Audiencia Nacional, y de Álvaro Redondo, fiscal del Supremo, quienes sostienen la ausencia de indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y Ruben Wagensberg, diputado del Parlament, bajo tales acusaciones. Este posicionamiento contrasta con la mayoría de la junta de fiscales de la sección primera de la Sala de lo Penal del TS, que previamente votó a favor de investigar a ambos políticos por presuntos delitos de terrorismo.
La decisión de Sánchez-Conde subraya la división de criterios dentro del ámbito fiscal sobre cómo interpretar las acciones de ‘Tsunami Democràtic’. Mientras algunos ven evidencia de terrorismo, otros argumentan que los hechos corresponden más adecuadamente a delitos de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños. Este complejo escenario judicial continúa evolucionando, marcando un importante capítulo en el tratamiento legal del independentismo catalán y sus figuras más destacadas.
