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Las políticas fiscales que defiende Ayuso le cuestan al mundo 1,7 billones de euros al año

La protección a la clase multimillonaria para que no paguen impuestos que defiende, entre otras, la presidenta de la Comunidad de Madrid impide que los países recauden una cantidad suficiente para mantener con holgura los servicios públicos

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Isabel Díaz Ayuso es una defensora acérrima de la eliminación de los impuestos, sobre todo a las clases privilegiadas. Para justificar la aberración de que los que más tienen apenas paguen impuestos se pone como excusa que a mayor carga fiscal, menos inversiones y menos empleo.

Esta aseveración es falsa, es una excusa para seguir favoreciendo a los multimillonarios, ya sean personas o familias, ya sean grandes empresas multinacionales. El neoliberalismo radical que defiende Ayuso se basa en que cuanto menos Estado exista, la gente podrá vivir con más libertad. Sin embargo, lo que se esconde detrás de esta teoría perversa es entregar al capital privado, a los millonarios, el nicho de negocio que suponen los servicios públicos.

La colaboración público-privada puede ser beneficiosa para el pueblo si se implementa con el único objetivo de proteger a la ciudadanía. Sin embargo, tal y como ya se ha comprobado en múltiples ocasiones, en la Comunidad de Madrid es una privatización encubierta con unos resultados trágicos, como se pudo comprobar en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia.

Estas políticas lo que realmente generan es una mayor desigualdad porque la gestión privada de servicios como la sanidad o la educación, que conforman el estado del bienestar, provocaría que millones de familias no tuvieran acceso a las mismas por no tener capacidad económica para atender los pagos que exigirían las compañías privadas.

Hace dos semanas se celebró el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). La única crisis que no se trató fue el de la extrema concentración de la riqueza mundial que se está produciendo desde la crisis de 2008, una crisis provocada por las élites para asaltar el poder real del planeta.

En Davos se habló y debatió sobre las crisis económicas derivadas de la pandemia y la guerra de Ucrania, de cambio climático o del crecimiento del populismo de extrema derecha e izquierda que se está dando en diferentes países del planeta. Sin embargo, de la concentración de riqueza, ni una palabra.

Antes de la celebración del Foro Económico Mundial, un grupo de 200 millonarios firmaron un manifiesto, titulado «El Coste de la Riqueza Extrema», en el que reclamaban lo que Isabel Díaz Ayuso y otros gobernantes odian: subir los impuestos a los más ricos. Entre los firmantes se encontraban Abigail Disney o Mark Ruffalo. Casualmente, no firmó la declaración ningún multimillonario español.

Las graves consecuencias de las políticas fiscales defendidas por Isabel Díaz Ayuso se cuantifican en un informe realizado por IPS, Oxfam, Patriotic Millionaires y Fight Inequality Alliance: 1,7 billones de dólares anuales. Este es el coste que sufren los países del mundo por no aplicar impuestos progresivos sobre el patrimonio a los ultrarricos. Esta cantidad de dinero habría podido sufragar un estado del bienestar efectivo y cubrir las carencias de la sanidad y la educación pública, además de la implementación de políticas activas de empleo digno.

Durante la última década, los multimillonarios se han multiplicado. El número total de personas en el mundo con al menos 5 millones de dólares en riqueza neta ha crecido en un 53 por ciento y las personas con una riqueza neta de 50 millones o más han disfrutado de niveles similares de crecimiento.

Mientras tanto, la clase mundial de multimillonarios se ha duplicado y su riqueza se ha disparado a un ritmo similar:  99,6 por ciento para ser exactos. Se trata de una ganancia de más de 5,9 billones de dólares, casi el doble del PIB combinado de África, un continente con más de 1300 millones de habitantes.

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