En España se han observado múltiples casos en los que la acción judicial parece haber sido utilizada para marginar a políticos de carreras electorales o de las instituciones. Un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo la lawfare puede afectar la carrera de un político es el caso de José Ramón Gómez Besteiro, candidato socialista a presidir la Xunta de Galicia en las elecciones del 18 de febrero.
Besteiro fue apartado de la política activa durante más de siete años debido a acusaciones de corrupción. Este largo período fuera de la escena política demuestra el impacto devastador que tales acusaciones pueden tener en la vida de un político. Finalmente, Besteiro fue absuelto de todas las acusaciones, pero solo después de un largo proceso que puso en pausa su carrera política.
Además, la jueza que instruyó el caso de Gómez Besteiro fue posteriormente apartada de la judicatura, recibiendo una inhabilitación temporal. Este hecho añade una capa de polémica al caso, planteando preguntas sobre la gestión y motivación detrás del proceso judicial.
El uso del sistema judicial como una herramienta estratégica en la política, analizado por expertos como Charles Dunlap, que la describe como una práctica donde el sistema judicial se utiliza tanto para perseguir a oponentes políticos como para proporcionar escudos de protección a ciertas figuras políticas, revela cómo el derecho puede ser empleado como un instrumento de poder y control político.
La experiencia de Besteiro, con su larga exclusión política seguida de una absolución, ilustra cómo el proceso judicial puede ser manipulado para influir en la política, un concepto que el filósofo italiano,Giorgio Agamben, describe como característico de sistemas donde el derecho se convierte en un instrumento de dominación política.
Desigualdades en la justicia y su percepción pública
El trato diferenciado en el sistema judicial español se evidencia claramente en el caso del expresidente Mariano Rajoy y el juicio de la caja B del Partido Popular. La resolución judicial evitó vincular directamente a Rajoy, a pesar de las pruebas, al concluir que no se pudo demostrar la identidad de «M.Rajoy» mencionado en documentos, este hecho ha suscitando un intenso debate sobre la efectividad del sistema judicial en el combate a la corrupción que deja en clara evidencia una aplicación selectiva de la justicia. Esta situación, analizada desde la perspectiva de Roberto Unger, indica cómo las interpretaciones legales pueden estar profundamente influenciadas por el poder y las ideologías dominantes.
El impacto en la Democracia y el Estado de Derecho
La lawfare en España presenta serios desafíos para la democracia y el Estado de Derecho. La utilización política de la justicia, como se observa en los casos de Besteiro y Rajoy, amenaza principios fundamentales como la imparcialidad y la igualdad ante la ley. Pierre Bourdieu identifica este fenómeno como una forma de «violencia simbólica» del estado, lo que puede minar la confianza pública en el sistema judicial y, por extensión, en la democracia misma.
Una llamada a la acción democrática y judicial
Ante estos retos, es esencial un renovado compromiso con los valores democráticos. La educación cívica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y una prensa libre son fundamentales para crear una sociedad resistente a la manipulación política del sistema judicial. Estas acciones, en línea con las teorías de Jürgen Habermas sobre la esfera pública y la democracia deliberativa, son esenciales para proteger la integridad de la justicia.
Perspectivas globales y lecciones aprendidas
El análisis de la lawfare en España gana profundidad al considerar experiencias internacionales. La comparativa con otros sistemas judiciales revela patrones similares de manipulación política del derecho. Este enfoque global, promovido por teóricos como Norberto Bobbio, es vital para entender la lawfare en un marco más amplio y buscar soluciones transnacionales.
La lawfare en España, ilustrada por los casos de Besteiro y Rajoy, por exponer dos nítidos ejemplos, exige un análisis exhaustivo y una respuesta multidimensional que incluya reformas judiciales, educación en derechos humanos y un fortalecimiento de la cultura democrática.
La integración de las perspectivas de Dunlap, Agamben, Unger, Bourdieu y Habermas enfatiza la necesidad de abordar la lawfare no solo como un desafío legal, sino como un reto a los valores democráticos y la justicia en la sociedad española. Es urgente una respuesta integral para preservar la integridad y la legitimidad del sistema judicial en España, garantizando así el respeto a los principios democráticos y el Estado de Derecho.
Sin libertad de expresión no se puede hablar de democracia, ni de estado de derecho. Ahora vemos cómo el gobierno siembra medios de opinión dándoles dinero, subvenciona otros que dicen saber lo que es cierto y lo que no; crea leyes del odio para contener la libertad de expresión como considerar delictivo poner juntas dos palabras como inmigración e invasión y otras . En el terreno de las vacunas se ha denunciado que tienen productos nocivos e incluso mortales y después de ponerlo en casi todos los juzgados , ahora, después del aumento de la mortandad señalada también por este diario, ahora, ya tarde, se ha considerado esa denuncia en un juzgado de Almería. Para lo que nos hacen los políticos menos les hacen los jueces, a los que nombran directa o indirectamente. Sin separación de poderes, republica comunista bananera.
Primero fue que los socialistas no querían ser juzgados por jueces que no habían sido nombrados por ganar elecciones como ellos en el 82, y en el 85, antes de que terminara su mandato, ya hicieron la ley del Poder Judicial por la que nombraban a los jueces para este y otros estamentos, con lo cual modificaban la Constitución para no verse imputados gravemente. Y así andamos con la vergüenza de que políticos nombran a jueces que luego tendrán que juzgarles.
En el Artículo 117. Independencia de la justicia. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder…además, no pueden olvidarse que una Justicia eficaz… debe contar con la integridad moral de los que la imparten… como garantía de igualdad en los procedimientos procesales…