Gonzalo Boyé se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional junto a Sito Miñanco por blanquearle dinero procedente de una operación de tráfico de cocaína. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo que ha descartado remitir su imputación a un juzgado de Madrid. Entre otras muchas actividades jurídicas, Boyé es el abogado de Carles Puigdemont quien llegó a calificar de “lawfare su persecución judicial”. Y no es así. Hay pruebas suficientes que demuestran que el letrado, a cambio de 10.000 euros, presuntamente montó un entramado de sociedades para ocultar los beneficios procedentes de la introducción en España de casi 4 toneladas de cocaína.
En octubre de 2019, cuando se conoció la imputación de Boye en esta causa, “lawfare” fue la palabra que utilizó Puigdemont para criticar la investigación judicial del caso. Denunció “lawfare a todo trapo. Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya “
Pero esta vez no es así, A Gonzalo Boyé le han encontrado pruebas suficientes como para implicarlo en una operación de narcotráfico cuyo principal implicado es el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco. El abogado había presentado un recurso en el Tribunal Supremo bajo el argumento de que la Audiencia Nacional había perdido la competencia para enjuiciarle por blanqueo de capitales porque esta investigación se había tramitado mediante una pieza separada de la causa principal por delito de tráfico de drogas. Según el letrado, los dos delitos no eran conexos y no debían ser enjuiciados de forma conjunta, lo que le llevaba a pedir que la causa pasara a los juzgados de Madrid.
La sala de Lo Penal del TS ha rechazado el recurso basándose en un argumento: «entre los delitos imputados en la presente causa —tráfico de drogas y blanqueo de capitales— existe una relación imprescindible que convierte el enjuiciamiento conjunto en una garantía para el propio acusado”. Por lo tanto, será la Audiencia Nacional la encargada de llevar a cabo el juicio oral en el que el fiscal señala que Boyé fue “el encargado de intentar recuperar dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio”. La sospecha se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada “blanqueo de capitales” y en unos manuscritos que hallaron, el 5 de febrero de 2018, en la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco. Los investigadores destacan que este hacía de nexo «con los los suministradores de sustancia estupefaciente en Colombia», supervisaba a los hombres de Miñanco en España y llevaba «la contabilidad», por lo que las anotaciones de «Gonzalo 10» y «Abogado Gonzalo 10» que aparecieron en su casa los llevaron a sospechar del cobro.
Gonzalo Boyé intenta acogerse a la ley de amnistía, pero lo cierto es que los delitos que tiene pendientes no encajan en la norma. El caso del abogado de Puigdemont no es el único. Junts quiere aprovechar la letra pequeña de la ley para que se perdone la condena de su presidenta, Laura Borrás, que está recurrida en el Supremo, por haber facilitado un contrato a un amigo cuando dirigía la institución catalana de las letras, contratación a todas luces irregular según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Las causas que afectan a Borrás y Boyé son radicalmente diferentes a las que suponen condenas por actos relacionados con el referéndum del 1-O, o las actuaciones que desembocaron en la declaración unilateral de independencia desobedeciendo las órdenes del Tribunal Constitucional.
Además, sirven de excusa a la derecha judicial para descalificar la ley de amnistía. Ya que su propósito, superar la judicialización del conflicto catalán, se aminora con este tipo de actuaciones. Pero la ley diferencia minuciosamente las causas que tienen que ver con las actuaciones que se llevaron a cabo para llegar a la declaración de independencia de Catalunya y las que no tienen nada que ver. Esas que son delitos comunes, aunque la cúpula de Junts las considere consecuencia de una persecución judicial. Esa fue una de las razones que esgrimieron los expertos de la Comisión de Venecia para proponer el cambio de la normativa que se estaba estudiando en el Parlamento. Y, ahora mismo, el texto legal es muy concluyente al respecto. No incluye los delitos que cometieron Gonzalo Boye, por muy abogado de Puigdemont que sea, o Laura Borras, por muy presidenta de Junts que sea. Y de las sanciones penales que les correspondan lo les va a salvar nadie. Una cosa es haber utilizado vías ilegales en el “procès” y otra cosa es intentárselas dar de listos para fines personales o profesionales.
Junts intenta meter en la ley todos aquellos actos que les puede beneficiar jurídicamente, incluidos los que benefician a su entorno. Pero hay que saber distinguir entre los que tienen que ver con las actuaciones políticas y los que traspasan las líneas rojas de la delincuencia. Y Gonzalo Boyé tiene en su haber episodios oscuros en su trayectoria profesional que no deben ser vinculados con los acontecimientos del proceso soberanista en Catalunya.
Lo que el Supremo ha evaluado, ahora, es si Boyé debe ser juzgado por blanqueo de dinero en una operación de narcotráfico. Y, por desgracia para el abogado, existen pruebas concluyentes de que así sucedió. Boye, que, no cabe duda, es un eficaz defensor, cometió un error que no puede ser examinado bajo un punto de vista político. El narcotráfico y su vertiente de blanqueo de dinero está perseguido y castigado por la justicia española. Independientemente de que el autor sea un jurista dedicado a la defensa de los derechos democráticos.
Gonzalo Boyé entró en un terreno en el que nunca debió si lo que pretende es ser considerado un sujeto sometido a la acción política. Por desgracia para él, se metió en algo tan grave como es el blanqueamiento de los beneficios obtenidos por narcotráfico. Ahora le toca hacerse responsable de las consecuencias de a sus actuaciones. Pero lo que no puede es argumentar que hay persecución judicial contra él porque no es así.
Si por 10.000€ se arriesga a ir a la cárcel Boyé es tonto, pero viendo como ha actuado en el caso Puigdemont vemos que no es así. No me encaja.