Un juzgado de Madrid y la fiscalía general del Estado han abierto diligencias para investigar las maniobras del ministerio del Interior que se llevaron a cabo durante el mandato de Mariano Rajoy para neutralizar al independentismo catalán. Una comisión del Congreso de los diputados, todavía no constituida formalmente, también se va a encargar de investigar los hechos, hasta ahora conocidos, en los que hay un cúmulo variado de actuaciones.
Algunas de ellas figuran en los “encargos” que se hicieron al excomisario de policía, José Manuel Villarejo. Otras se refieren a la persecución al fiscal superior de Catalunya de la época, Martín Rodríguez Sol, a Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos D`Esquadra, y al expresidente del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Pero la Operación Catalunya, que así se ha llamado al conjunto de actuaciones persecutorias contra el independentismo catalán, abarca hechos mucho más oscuros, que apenas han trascendido a los medios de comunicación.
Nunca se investigó la actuación del aparato del Estado, tanto de la fuerza pública como de los servicios de espionaje, sobre las archiconocidas urnas en las que se depositó el voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Se ha llegado a decir que hubo desidia deliberada porque el gobierno conservador lo que buscaba era el enfrentamiento posterior a la comisión de los hechos para poder justificar la represión que luego se llevó a cabo. Pero si grave es no haber prevenido la aparición de las urnas en los colegios electorales, más si cabe fue un asunto poco conocido: la existencia de un “censo electoral universal” que permitió el voto. Y aunque se diga que ese sufragio se ejercitó de manera ilegal, la aparición de este elemento supone una garantía democrática de la que nunca se ha hablado.
El 1 de octubre, en la entrada de un colegio electoral cercano a la Rambla Vella de Tarragona, a las seis de la mañana se concentraron medio millar de personas que esperaron a que se abriesen los accesos a uno de los colegios electorales de la ciudad. A las ocho de la mañana, ni la policía nacional ni los mossos allí presentes, pusieron impedimento alguno al acceso de las autoridades electorales designadas por la Generalitat. Al mismo tiempo, unas furgonetas trajeron un centenar de urnas que fueron colocadas en las mesas por los voluntarios. A viva voz se llamó a los presidentes y vocales de mesa que habían sido notificados por escrito. Sólo uno se presentó.
Ante tal circunstancia, se solicitaron voluntarios para presidir las mesas electorales. La ley permite ese supuesto en el caso de que no se presenten los notificados. Hubo suficientes voluntarios que constituyeron las mesas. Y así se pudo comenzar el acto de votación. El censo se había obtenido telemáticamente por lo que para cada ciudadano que se acercaba se comprobaba su identidad mediante la aplicación correspondiente en los teléfonos móviles. Y aquí es cuando empieza el problema. Nadie sabe cómo, pero de repente dejó de funcionar el servidor. Una forma prevista por Interior para boicotear el referéndum. Pero lo que desconocían en Moncloa es que la Generalitat había previsto tal contingencia a través de una aplicación en la que se había incluido el llamado “censo electoral universal”. Los representantes de la administración autonómica en los colegios electorales facilitaron a los presidentes y vocales de las mesas el enlace para acceder a ese censo paralelo pero que era idéntico al oficial.
De esa manera tan sencilla se pudo votar. Es cierto que eso pudo suponer algunas irregularidades como fue la de los votantes que ejercieron su derecho en colegios que no les correspondía, pero es que la aplicación telemática les identificaba. Incluso, a pesar de lo que se dijo, con la posibilidad de comprobar si habían duplicado el sufragio.
Del censo electoral universal apenas se ha dicho nada. Según señalan fuentes próximas al independentismo, el servidor se encontraba en Alemania. Lo cierto es que los servicios de espionaje, y más concretamente el CNI, conocían la existencia de este mecanismo y nunca fueron capaces de neutralizarlo. Ahora, que tanto se habla de la aplicación “Pegasus” gracias a la cual se pudo hackear a los líderes soberanistas, convendría que algún responsable de los servicios secretos responda si tenían conocimiento de la existencia de ese “censo electoral universal” y, en caso afirmativo, por qué no procedieron a su neutralización.
Como tampoco se ha contado que se conocía la existencia de las urnas que se utilizaron para la votación. Fueron encargadas a una empresa china y ésta, a su vez, informó a las autoridades españolas. Se ha dicho que fueron introducidas en Catalunya poco a poco para no levantar sospechas. La información que obra en poder de este medio es la contraria. Una semana antes, las urnas estaban en unas naves de una localidad del sur de Francia que, por cierto, Carles Puigdemont visita con frecuencia donde celebran actos y mítines. El transporte se efectuó por la frontera de La Junquera, sin interferencia alguna, en camiones de gran tonelaje. Nadie entiende cómo no actuó la fuerza pública que se limitó a intervenir, de manera testimonial, en alguna nave local.
La Operación Catalunya se quedará en una serie de maniobras de desprestigio para las cuales se utilizó, más que el aparato del Estado, los medios de comunicación afines a la derecha conservadora. Pero habría que investigar la indolencia o negligencia calculada, del aparato del Estado para ejecutar las órdenes judiciales tendentes a impedir el referéndum. A no ser, tal y como ya se ha planteado aquí mismo, que lo que interesaba al gobierno de Rajoy es que las ilegalidades se llevaran a cabo para reprimir, violentamente, a los promotores de la iniciativa y, por supuesto, cargarse de razones políticas y jurídicas para aplicar el famoso articulo 155 de la Constitución de tan nefastas consecuencias para la democracia de este país.
