Los jueces en España tienen una querencia similar a la de los toros mansos. Una gran parte de las personas que tienen como misión principal la de impartir justicia, en realidad, se han convertido en los adalides de la injusticia al trabajar, sin ningún tipo de remilgo, en favor de los intereses de los poderosos. Esto genera algo que es impropio de una democracia: la impunidad de las élites políticas, empresariales, bancarias, financieras y económicas.
La semana pasada se dio un nuevo caso de ello. Esta vez la decisión judicial no es sólo en favor de la élite política, sino de la persona que las clases dominantes han elegido como la próxima presidenta del Gobierno de España: Isabel Díaz Ayuso.
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un auto, publicado por Europa Press, en el que se afirma que la Comunidad de Madrid priorizó el criterio clínico durante la pandemia en las residencias de mayores. La decisión judicial desestima el recurso de apelación presentado por las hijas de dos residentes fallecidos frente al archivo de una querella contra la Comunidad de Madrid por parte del Juzgado de Instrucción 48 de Madrid.
Sin embargo, la decisión del juzgado de primera instancia estuvo plagada de irregularidades, puesto que no se practicaron las diligencias solicitadas y la negación de que declarara Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales y la directora de Salud Pública.
Por el contrario, Reyero sí que declarará el próximo 23 de marzo en relación a los protocolos aplicados para no derivar a las personas mayores a los hospitales, que fueron calificados por el propio Reyero como «los protocolos de la muerte».
Los magistrados de la Audiencia Provincial indican en el auto que no hay indicios de criminalidad para continuar la instrucción del procedimiento. Los jueces se apoyan en un informe pericial forense en el que se indica que «no se puede garantizar que de haber sido derivados a un centro hospitalario y de haber recibido otro tipo de tratamiento disponible, el resultado final hubiera sido otro». Eso nunca se va a saber porque las personas mayores fallecieron.
Los protocolos de la muerte
En la Comunidad de Madrid fallecieron más de 7.200 ancianos en las residencias y muchos de ellos no recibieron la atención médica que necesitaban. Alberto Reyero, responsable entonces de la gestión de las residencias, por ser el consejero de Asuntos Sociales, contó lo que en realidad sucedió en su libro Morirán de forma indigna.
En una entrevista en la Cadena SER, tras la publicación del libro, Reyero afirmó que «estaban muy nerviosos por lo que significaba. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó y me explicó lo que significaba. Suponía excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia que tuviera un nivel de dependencia del dos o del tres».
Ese «protocolo de la muerte» significaba que se impedía a las residencias de mayores que derivaran a los enfermos de Covid a los hospitales. Se produjo una clara discriminación por edad, sexo o grado de dependencia. «Había una serie de requisitos: las personas que estaban en condiciones aceptables no entraban en la exclusión, pero como nos dijo una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia y estar en una silla de ruedas ya no podías ir a un hospital», afirmó Reyero.
Ayuso sabía lo que estaba pasando en las residencias
Alberto Reyero, además, fue muy claro que la presidenta de la Comunidad de Madrid sí que era conocedora de lo que estaba sucediendo. «Hubo una reunión en la que estuvieron el consejero de Sanidad, la presidenta, el consejero de Hacienda, Lasquetty, muy relacionado con la Sanidad, el jefe de gabinete de la presidenta y Burgueño (exdirector regional de hospitales). Debieron tomar alguna serie de decisiones porque al día siguiente medicalizaron las residencias. Yo no sé de dónde partió este protocolo, pero los documentos son reales porque están firmados, sabemos quién lo firmó. Sabemos que informó a sus jefes, a la viceconsejera de Sanidad y al consejero de Sanidad. De dónde partió no lo sé, sería una de las preguntas que haría en una comisión de investigación».
La propaganda por encima de salvar vidas
Reyero, viendo lo que estaba sucediendo, y que le querían encasquetar la responsabilidad de las muertes en las residencias, avisó que lo que se estaba haciendo podía tener consecuencias legales. Sin embargo, lo que se encontró fue con la frialdad cuando pedía medios para las residencias.
«Me dijeron que no, que estaban en otra historia. Estaban en toda la propaganda que giraba en torno al hospital de campaña de IFEMA. La mayor parte de medios sanitarios estaban enfocados hacia el hospital de campaña de IFEMA porque realmente entiendo que eso daba más réditos propagandísticos. El hospital de campaña en IFEMA supuso una aspiradora de personal sanitario que existía en las residencias, aparte de que no llegó a las residencias el personal de Atención Primaria. El resultado de IFEMA es que en los 45 días que estuvo abierto murieron 16 personas, durante el mismo tiempo en las residencias murieron 5.000 y lo que ya fue una desfachatez es que el día en el que se cerró IFEMA la presidenta dijo que quienes entraban ahí se curaban como si fuera una especie de Lourdes, como si el doctor Zapatero fuera un sanador. Es muy sintomático. Solo se trasladó a 23 personas de residencias», afirmó Reyero.
Sin embargo, los jueces se han vuelto a posicionar del lado de los poderosos y de Isabel Díaz Ayuso, la elegida por las élites para dirigir el destino de España. Es doloroso ver que en España, en cuanto se ponen la toga con puñetas, la balanza de la Justicia siempre se inclina hacia el que más tiene. Luego, cuando se habla de corrupción judicial, precisamente los máximos beneficiarios de la injusticia claman a los cuatro vientos que eso son teorías conspiranoicas, que en España no hay corrupción en la Justicia.
En cambio, no hay más que hacer un repaso de sentencias o de autos de desestimación y uno se da cuenta de que es un hecho probado que los jueces son el mejor activo que tienen las élites políticas, bancarias, empresariales y económicas. Esa impunidad tiene un precio que los poderosos no tienen inconveniente de pagar.