El ministro de Justicia, Félix Bolaños les ha dado un ultimátum para que terminen cuanto antes el informe sobre el anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que tienen paralizado desde febrero de 2021. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial justifican el retraso en pronunciarse “por la complejidad de los temas que se tratan en el texto legal”. Un argumento que contrasta con la celeridad que se dieron en la ley de amnistía cuando ésta aún ni había sido registrada en el Congreso de los Diputados, o el dictamen al respecto que les pidió el Senado. Y es que existen serias sospechas de que el órgano de gobierno de los jueces está retrasando deliberadamente este trámite sin el cual la importante reforma de la Lecrim no puede empezar a debatirse en el Parlamento. Por supuesto, la dilación favorece a la oposición parlamentaria, y, en especial al PP que tiene bloqueada la renovación del CGPJ y ahora se entiende bastante bien sus motivos. Desde ahí boicotea la acción legislativa del gobierno. Y este es un ejemplo.
“Le pido a los vocales del CGPJ que cumplan con sus obligaciones constitucionales y emitan ya un informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal que está pendiente desde hace tres años a pesar de que sí hacen informes sobre leyes que no existen y que no exige la ley”, afirmó Bolaños el pasado mes de abril. El ministro cargó especialmente contra los vocales conservadores —promotores de esa declaración contra la amnistía—, a los que acusó de contribuir al “desprestigio” del órgano.
El trasfondo de esta dilación, por mucho que digan los vocales de que es un texto complejo por contener mil artículos en 400 páginas, reside en que el núcleo conservador se ha descolgado, ahora, con que antes que ponerse a estudiar este anteproyecto, se debe proceder a la reforma del Estatuto Fiscal para dotar de mayor independencia al ministerio público. Un miembro de ese grupo señala que “la situación del fiscal general del Estado no ayuda nada y puede determinar que se hagan unos planteamientos más contundentes en cuanto a los reparos a aceptar el nuevo modelo de fiscales como directores de la investigación. Antes de cualquier cambio legal debería dotarse a los fiscales de la misma independencia que tienen los jueces”. Tal argumento es la consecuencia de la reciente reprobación de Álvaro García Ortiz en el Senado. Los populares quieren aprovechar todas las oportunidades que se les puedan presentar para acabar con García Ortiz. Y en eso incluye, si hace falta, el bloqueo de esta gran reforma del proceso penal.
Antes de la guerra con García Ortiz, el Consejo Fiscal ya había puesto objeciones al anteproyecto. El órgano asesor del fiscal general consideraba que el texto atribuía “exorbitantes funciones” a los jueces de garantías, que serían los encargados de asegurar los derechos de los imputados y de terceros, pero no de dirigir la investigación como ocurre ahora. En el Consejo aseguran que fue la entonces la ministra Pilar Llop la que pidió al presidente de la época, Carlos Lesmes, la paralización del dictamen. Sea cierto o no, poco después se relanzó el debate mediante la creación de un grupo de trabajo en el que participaron dos vocales progresistas y dos conservadores. Un año después había un borrador el cual los que lo conocen aseguran que avala el anteproyecto sólo “con algunas correcciones técnicas”. Ese es el borrador sobre el que ahora se quiere elaborar el dictamen que el presidente “sustituto del sustituto”, Vicente Guilarte, asegura que se aprobará en el pleno del mes de julio.
Como siempre, Guilarte anuncia estupideces porque los vocales conservadores no están dispuestos a aprobar este informe tal y como está. El presidente del CGPJ últimamente intenta vender un trabajo del máximo órgano de los jueces insuficiente, o, mejor dicho, ineficaz. Este Consejo General del Poder Judicial no puede efectuar su principal cometido, el nombramiento de jueces y magistrados de las instancias judiciales superiores, Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales porque lo prohíbe la ley orgánica del poder judicial mientras se encuentren en funciones tal y como es el caso. La inspección disciplinaria es incapaz, ni siquiera, de resolver el grave conflicto que supone la pérdida reputacional de la judicatura española por la puesta en libertad del narcotraficante Karim Bouyakrichan, el capo de la Moccro Maffia. Y las únicas resoluciones que han sacado adelante, en las que rechazan la amnistía, carecen de eficacia jurídica porque la ley no fue aprobada en Consejo de ministros, sino que fue tramitada como proposición parlamentaria.
Guilarte, sin embargo, sigue haciendo declaraciones públicas pensando en potenciar el órgano de gobierno de los jueces en su actual composición. Sigue pidiendo la renovación, pero, en ocasiones, se le ocurre apoyar ideas estrafalarias como la de la fundación de extrema derecha, Hay Derecho, cuya secretaria general, Elisa de la Nuez, propone “el sorteo” de las vocalías para proceder a la renovación. Absurda idea que es inconstitucional, que sale de la cabeza de una asociación que provocó la caída de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, y que, encima, cuenta con el “aval” de Guilarte. No se ha conocido un presidente del Consejo General del Poder Judicial más estravagante que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, que anunció su renuncia “el próximo verano” pero de la que no ha vuelto a hablar.
Mientras tanto, en el seno de las escasas vocalías que todavía siguen mandando en el órgano de los jueces, el control del Partido Popular llega hasta extremos que dejan fuera de toda duda cual es el objetivo que persiguen los conservadores españoles. Agotar al máximo las posibilidades de esta institución tal y como está compuesta en estos momentos, y esperar a mejores tiempos en los que no necesite a nadie para renovar como ellos pretenden, controlando el poder judicial. Un control que, ahora mas que nunca, se les antoja necesario para poder meter en la cárcel a esos “rojos bolivarianos” que tantos quebraderos de cabeza les han dado desde que prosperó la moción de censura contra su dirigente Mariano Rajoy. Ahí se dieron cuenta de la importancia del control de los jueces y, ahora que lo tienen, no lo van a perder. Aunque sea a costa del desprestigio total de la justicia de este país.
Cuando Irene María Montero Gil hablaba de los jueces ustedes se ponían de lado o estaban al sol que más calienta