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Los juzgados de lo social, los más afectados por la huelga de los letrados de justicia

En la jurisdicción laboral, una demanda por despido suele tardar entre tres y seis meses en ser vista por los jueces. A ello hay que sumar otro mes más, como poco, para dictar sentencia y luego un periodo de tiempo indeterminado hasta que, si el juez da la razón al trabajador, éste cobre la indemnización y los salarios de tramitación que dejaron de percibir en el mismo momento de su baja

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análisis

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Según los convocantes de la huelga indefinida de los letrados de la administración de justicia, el paro ha supuesto la suspensión de 152.000 juicios. Más de la mitad de ellos, corresponden a juzgados de lo social en los cuales se dirimen demandas tan decisivas para la ciudadanía como son los despidos, las reclamaciones de cantidades de dinero a empresas, y los reconocimientos de derechos por parte de la Seguridad Social.

En la mayoría de los casos, se trata de juicios donde el demandante se juega la indemnización, el reconocimiento de una incapacidad, una minusvalía o un complemento de paternidad para una pensión. Procesos que afectan a los mas desfavorecidos: trabajadores, parados y pensionistas. Esos son los daños colaterales de este conflicto que enfrenta a los antiguos secretarios judiciales con el ministerio de justicia.

En la jurisdicción laboral, una demanda por despido suele tardar entre tres y seis meses en ser vista por los jueces. A ello hay que sumar otro mes más, como poco, para dictar sentencia y luego un periodo de tiempo indeterminado hasta que, si el juez da la razón al trabajador, éste cobre la indemnización y los salarios de tramitación que dejaron de percibir en el mismo momento de su baja.

Total, casi un año sin ingresos para muchas familias de unos trabajadores a los que, además en muchos casos, no se les reconoce el derecho a cobrar la prestación por desempleo porque “no han sido despedidos”. Luego están las reclamaciones de cantidades. Los juicios por este motivo suelen demorarse en torno a un año. Si, por ejemplo, se trata del reconocimiento de un complemento de paternidad de una pensión por jubilación o viudedad, el trámite suele demorarse entre año y medio y dos años.

A pesar de que el Tribunal Justicia de la Unión Europea sentenció que los hombres tienen el mismo derecho que las mujeres a cobrar el complemento por hijos, la Seguridad Social no lo ha reconocido de oficio y, por lo tanto, hay que reclamarlo. Normalmente dicha reclamación se desestima en vía administrativa y, entonces, hay que acudir a los tribunales para obtenerlo.

Por último, están las diferencias que hay que dirimir en los juzgados entre empleador y trabajador por cuestiones como jornada laboral y movilidad funcional o geográfica, además de las denuncias que no se tramitan por la vía penal por acoso laboral. Aquí la cosa se demora año y medio o dos años como poco. Hay abogados que se han quejado de que se les ha asignado fecha de juicio para finales de 2024. Casi dos años de espera.

No sólo los ciudadanos que tienen pendientes procesos en la jurisdicción de lo social se ven afectados por esta huelga. Los letrados de la administración de justicia son los encargados de los registros civiles. Los trámites de petición de un certificado de nacimiento, matrimonio o nacionalidad se encuentran paralizados porque el que tiene que firmar la documentación, el letrado, ni está ni se le espera.

La cuenta de consignaciones judiciales está paralizada. 560 millones de euros se encuentran bloqueados y, por lo tanto, pendientes de entrega. Y hay muchas personas que dependen de ese dinero. Por ejemplo, los que deben cobrar las costas judiciales para, a su vez, abonar los honorarios de abogado y procurador. Y, lo que puede ser peor, si un juez impone una fianza, ésta no se puede hacer efectiva porque el secretario del juzgado se niega a hacer su trabajo.

La situación es muy preocupante en el Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial ha pedido al Ministerio de Justicia que refuerce a la alta magistratura con 15 letrados de la administración de justicia. Estos altos funcionarios se encargarán de elaborar dictámenes judiciales para lo que están capacitados con el fin de aligerar la carga de trabajo a los magistrados. Hay que recordar que en el Supremo faltan 17 plazas de magistrado por cubrir porque, al estar el CGPJ en funciones, la ley no permite al órgano de gobierno de los jueces cubrir esas vacantes que, además, se convertirán en 24 antes del verano debido a las jubilaciones y bajas voluntarias previstas. El ministerio no puede atender esta petición por la huelga.

Y todo esto no es nada con la que se avecina si antes no se llega a una solución al conflicto. Los representantes de los letrados han “advertido” de las consecuencias que el conflicto puede tener para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Los letrados de la administración de justicia se encargan de poner en marcha las juntas electorales, de asistirlas y de dar fe pública de sus decisiones. Si se mantienen en conflicto, habrá que tener en cuenta que “los secretarios de las juntas electorales constituyen un cargo inamovible que recae sobre el letrado de la administración de justicia del juzgado decano o, donde esté implantada la oficina judicial, el que sirva al servicio común general de cada uno de los partidos judiciales existentes (junta electoral de zona) y en el letrado de la administración de justicia más antiguo de la audiencia provincial (junta electoral provincial)”. En otras palabras, el comunicado del comité de huelga advierte de las consecuencias que el conflicto puede tener en los comicios.

Así pues, el conflicto está afectando directamente a la ciudadanía, lo que ha provocado la reacción de los estamentos sociales. Los sindicatos de clase critican la huelga por considerar que “está perjudicando a los ciudadanos”. Comisiones Obreras, incluso, argumenta la “falta de legitimidad” de las asociaciones convocantes que, recordemos, son el Colegio profesional, la Asociación Profesional Independiente, y la Unión Progresista. Por la esencia de estas asociaciones, las centrales de clase califican la convocatoria de “corporativista”.

Y todo por una reivindicación que, aparentemente, es justa, pero para la que no hay dinero. Son altos funcionarios de categoría A1 y exigen, entre otras cosas, la equiparación de sus retribuciones a la de los jueces: piden el 85 por ciento de lo que perciben los magistrados. En la actualidad ganan el 65%. Según el ministerio de Pilar Llop, asumir esta exigencia supondría un coste para el Estado de 6.000 millones de euros. Una cantidad imposible de costear.

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